Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
El tema del derecho a la vivienda digna y decorosa es un tema que aparece en 1972 con la creación del Infonavit y del Fovissste, organismos del Estado Mexicano para otorgarle vivienda a los trabajadores acreditados tanto al IMSS como a los trabajadores al servicio del Estado, una política pública donde la rectoría en materia de vivienda la tuvo el propio Estado Mexicano a través de las instituciones creadas para ese fin.
Bajo ese modelo de política pública, el diseño de viviendas y conjuntos habitacionales partieron de la base de las necesidades de los trabajadores de acuerdo con las diferentes regiones del país tomando en cuenta en sus diseños aspectos básicos como ubicaciones, servicios, clima, topografía, materiales entre otros aspectos. Aunque se priorizaron prototipos de viviendas dentro de las limitaciones espaciales y presupuestales, se crearon espacios habitables en cuanto a sus dimensiones, calidad arquitectónica urbana y construcciones de calidad, anteponiendo en todos los casos la calidad de vida de los usuarios de la vivienda.
En esta política nacional la intervención de los arquitectos fue decisiva en el diseño de los diferentes conjuntos habitacionales y tipos de vivienda, logrando conjuntos habitacionales que hoy siguen siendo ejemplo de funcionalidad y diseño.
Desgraciadamente en los años 90, con las modificaciones a las leyes que regulaban las instituciones encargadas de la vivienda tanto en el gobierno federal como en los estados, estos organismos dejan de ser desarrolladores y se convierten en administrador de fondos y agentes financieros, abandonando la rectoría del estado en materia de vivienda, aunado a la modificaciones del artículo 115 constitucional donde se les da a los municipios las atribuciones en materia de planeación, desarrollo urbano y control de los usos del suelo, entre otras muchas, tuvo como resultado que la producción de la vivienda quedara sujeta a las fuerzas del mercado, donde los desarrolladores han marcado la calidad, espacios y ubicaciones de las viviendas, desarrollos sin los servicios básicos indispensables, transporte público y equipamientos urbanos para el servicio de los habitantes.
Los desarrolladores han visto a la vivienda como un producto, una mercancía, y no como política pública que dé respuesta y solución de una necesidad social.
En los diseños de las viviendas se ha priorizado el crédito y la producción masiva de viviendas, no los diseños que den calidad de la vida de sus moradores; diseños de viviendas, edificios o conjuntos habitacionales sin accesibilidad universal, sin las dimensiones mínimas adecuadas para personas con alguna discapacidad o que cubran las necesidades de los adultos mayores, desgraciadamente las necesidades de espacios y dimensiones adecuadas se vislumbra como un gasto y no como una solución a una necesidad.
Aunque todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna, decorosa y complementaria “adecuada”, existen segmentos de la población que por sus condiciones socio económicas se deberían de enfocar las estrategias de vivienda, pero la mayoría está dirigida a un segmento de los trabajadores acreditados solo por el Infonavit o el Fovissste.
Se abandonaron los programas de vivienda para trabajadores no asalariados que muchos los denominan como informal, así como la vivienda rural y lo más preocupante, se han ignorado a los ciudadanos que forman la base de la pirámide población, personas que no tiene posibilidades de contar con una vivienda, mucho menos digna, decorosa y adecuada; esta población también olvidada en los programas de los institutos de vivienda estatales, pero lo preocupante es que el Estado en su conjunto los abandonó a su suerte. Así que el mandamiento constitucional del derecho a una la vivienda digna, decorosa y adecuada para muchos mexicanos es una utopía.
