NOTA DEL EDITOR
Alfonso Gómez Godínez
Caminando las primeras semanas del año y la agenda pública se desdobla con rapidez. Los actores involucrados se posicionan al respecto, argumentan sus verdades y gestionan sus capacidades y recursos para lograr sus objetivos. Son tiempos de incertidumbre y de disputa por los espacios de poder político y de la renta económica.
Nuestro vecino tiene su proyecto y ambiciones. En nombre de garantizar su seguridad, despliega acciones contundentes para ampliar y fortalecer su hegemonía en el continente americano. Nombrar como Golfo de América al Golfo de México no fue un hecho anecdótico, de cambio de nomenclatura. Para algunos pasó inadvertido, sin embargo, era un primer y simbólico mensaje que hoy retumba en Venezuela y se extiende a Groenlandia.
Los contenidos de la política exterior mexicana se cimbran ante el nuevo reordenamiento en el hemisferio. Desde la Patagonia cada vez perdemos aliados y amigos. Urge definir nuevos términos en la relación con Estados Unidos y gran parte de esa tarea pasa por fortalecer la cooperación con las agencias norteamericanas para el combate a la plaga del fentanilo. El discurso de defensa de la soberanía no puede convertirse en escudo para proteger, no a la sociedad mexicana, sino a grupos de interés que actúan en la ilegalidad e impunidad. La inercia, el dejar pasar, el pensar que no va a pasar nada, nos puede conducir a realidades no imaginables. La agenda para recuperar la paz y la seguridad del país requiere de alianzas supranacionales.
Apuntando a las elecciones intermedias de 2027 se vislumbra una nueva reforma electoral. Se buscan nuevas reglas del juego y por supuesto, habrá ganadores y perdedores. La disputa es por la meta intermedia de cara a la elección presidencial de 2030. Todo el botín del poder político. Sin duda la reforma electoral será la madre de todas las batallas políticas del país. Su eventual aprobación y su posterior instrumentación puede generar altos costos para la calidad de la vida democrática del país, paradójicamente bajo el argumento de bajar los costos del sistema electoral.
La economía persiste en su mediocre comportamiento. Los años de estancamiento siguen acumulándose riesgosamente. Con mortandad de empresas, la postergación de nuevas inversiones, la insuficiencia en la generación de empleo formal acompañada de alzas en los productos básicos, son malas consejeras. La disputa por la riqueza, por la renta, se acentúa y con una dramática asimetría en la distribución del ingreso, los programas sociales se reducen a meras aspirinas que aligeran el dolor de cabeza, pero no eliminan la enfermedad.
En Jalisco no estamos ajenos a los escenarios de internacionales y nacionales descritos. Pero tenemos nuestras propias disputas y narrativas. Irrumpe la disputa alrededor de la tarifa y de las condiciones del transporte público, realmente no podía ser de otra manera. Han pasado largas décadas con la estrategia del avestruz. Pateando el bote, recurriendo a la procrastinación como método para evadir la raíz del problema, más temprano que tarde llegaría la chocante realidad.
En economía nada es gratis, todo cuesta y se tiene que pagar en algún momento. Sí la tarifa fue irreal por años, llega el momento en que se vuelva insostenible. Mientras más tiempo pasó en ajustarla, más gravoso, polémico y molesto se vuelve corregirlo. Con cuestionamientos y marchas se critica el aumento al transporte, pero también particulares intereses políticos y electorales se suman a la procesión. Es dramático el impacto de dicha alza para las personas que gastarían alrededor del 30 al 50% de su salario en el transporte. El gobierno estatal ha abierto una ruta para subsidiar la tarifa, pero también se requieren de acciones y métricas para mejorar la calidad del servicio, por medio de un equilibrio entre la legitima utilidad de los prestadores del servicio con la exigencia social de accesibilidad. Con sensibilidad y escuchando voces autorizadas se puede mejorar la estrategia propuesta por el gobierno a la vez que convocar por parte del Legislativo a un referéndum es un grandísimo disparate.
Finalmente, en la disputa de la agenda pública habrá que resolverse el nombramiento en la Fiscalía Anticorrupción reconociendo que fuertes personajes mueven sus hilos e influencias. Atenazada se encuentra la Reforma Judicial, el sector empresarial avisa de los costos previstos por no aprobarla. En democracia la disputa es consustancial, el fondo es como las instituciones la conduce y resuelve.
