La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó esta semana su iniciativa de reforma electoral, una propuesta que reabre el debate sobre el modelo de representación política, el costo del sistema comicial y el equilibrio entre mayoría y pluralidad en México.
Por Ángel Nakamura
Sin embargo, el partido gobernante Morena enfrentará desafíos mayores, ya que sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), no están convencidos de apoyar la reforma tal como la presentó la titular del Ejecutivo (Sheinbaum enviará la propuesta de reforma al Congreso de la Unión el próximo 2 de marzo).
Eso sin contar con las críticas e impugnaciones de los partidos políticos de oposición, principalmente el Partido Acción Nacional (PAN), además del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Sheinbaum dejó claro que la reforma responde a una exigencia ciudadana y que uno de sus objetivos no es construir un partido de Estado, sino actualizar las reglas del juego democrático.
La iniciativa fue detallada en Palacio Nacional junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez.
Este último subrayó que no se trata de un ajuste administrativo menor, sino de una “actualización del sistema electoral mexicano” orientada a fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto y robustecer la fiscalización.
Los puntos centrales de la reforma
Entre los diez ejes centrales destaca la modificación del esquema de representación proporcional.
La Cámara de Diputados mantendría 500 curules, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, pero cambiarían los criterios de asignación.
De los plurinominales, 97 serían para candidatos que, sin ganar su distrito, hayan obtenido los mejores resultados; 95 se elegirían por voto directo en circunscripciones y ocho representarían a mexicanos en el extranjero.
En el Senado se eliminaría la representación proporcional y se reduciría el número de escaños de 128 a 96.
El segundo punto es la reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, lo que implicaría recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral y al financiamiento de los partidos políticos.
Gómez Álvarez argumentó que el sistema mexicano es de los más costosos del mundo y que en 2024 superó los 60 mil millones de pesos.
Un tercer eje es el fortalecimiento de la fiscalización, con mayor acceso del INE a las operaciones financieras de los partidos.
También se propone facilitar el voto en el extranjero, permitiendo que los mexicanos fuera del país elijan directamente a ocho diputados federales.
La iniciativa contempla además reducir los tiempos de radio y televisión para los partidos durante campañas, de 48 a 35 minutos diarios, y regular el uso de inteligencia artificial, incluyendo la prohibición de manipulación mediante bots y mecanismos automatizados en redes sociales.
Uno de los cambios más polémicos es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP.
La propuesta plantea que los cómputos distritales inicien la misma noche de la elección, con resultados preliminares oficiales de manera directa. Para la presidenta, el PREP sería innecesario bajo este esquema.
Sin embargo, exconsejeros del INE como Arturo Sánchez y académicos advierten que suprimir una herramienta que ha operado desde 1994 podría generar vacíos de información y mayor incertidumbre en la noche electoral, sobre todo en regiones rurales donde el traslado de paquetes no es inmediato.
La reforma también amplía mecanismos de democracia participativa, prohíbe el nepotismo en todos los niveles de gobierno y elimina la reelección inmediata a partir de 2030.
Un desafío político mayor
Más allá del contenido técnico, el desafío político es mayúsculo. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Aunque Morena y sus aliados han acompañado la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo, en esta ocasión no existe consenso pleno con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
Morena requiere de 334 votos, equivalentes a las dos terceras partes (2/3) de los 500 legisladores federales. Actualmente cuenta con 253.
En el caso del Senado, se requerirían 86 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de Pleno. El partido gobernante cuenta actualmente con 67 senadores.
Las diferencias con el PVEM y el PT giran en torno a la eliminación de listas plurinominales tradicionales, la reducción del financiamiento y la disminución de tiempos en medios electrónicos, aspectos que impactan directamente a partidos medianos y pequeños.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha llamado a evitar descalificaciones y a abrir una discusión plural sin vía rápida. Reconoció que, si bien la bancada oficialista respalda la propuesta, será el Congreso el que la procese y eventualmente modifique. La presidenta, por su parte, ha sostenido que enviar la iniciativa es una obligación política derivada de su mandato, y que su aprobación dependerá de cada fuerza parlamentaria.
Desde la oposición, voces como la de Kenia López Rabadán han advertido que una reforma “monocromática” que no refleje la pluralidad democrática no le serviría al país.
También han planteado que cualquier cambio a las reglas electorales debe contar con el aval más amplio posible y abordar temas como la intromisión del crimen organizado y la protección de programas sociales frente a condicionamientos.
Una negociación compleja
En este contexto, la iniciativa de Sheinbaum abre una etapa de negociación compleja.
El oficialismo necesita mantener cohesionada su alianza para alcanzar la mayoría calificada, pero también enfrenta el escrutinio público y técnico sobre cambios sensibles como la eliminación del PREP y el rediseño de la representación proporcional.
La discusión no sólo definirá el marco electoral rumbo a 2027 y 2030, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema político mexicano para reformarse con acuerdos amplios en un entorno de alta polarización.
