Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda.
@carlosemgtz
Hablar de ética y de valores en estos tiempos pareciera una utopía, contraria a una moral pública que pareciera que no existe. Casos que en otros países serian un verdadero escándalo que obligarían a una renuncia, cese inmediato de funcionarios públicos o la acción de la justicia, en nuestro país nos hemos acostumbrado indebidamente a verlo como algo “normal”, es más, lo hemos tolerado y a veces hasta comentarlo como un hecho jocoso.
Sucesos como el expuesto por un prestigiado diario donde puso de manifiesto una red de empresas ligadas entre si beneficiándose de volúmenes importantes de obra en un par de municipios del área metropolitana de Guadalajara, donde se detectaron múltiples anomalías, entre otras, documentos oficiales y contratos firmados por supuestos profesionistas encargados de la ejecución de las obras, mismos que no hay registros de su cedula profesional. Estos hechos contienen implicaciones graves tipificadas como delito en el Código Penal, además de contravenir diferentes leyes y reglamentación al respecto.
Pero, por otro lado, los funcionarios municipales de los ayuntamientos involucrados solaparon las irregularidades, fueron omisos en el cumplimiento de las leyes que aplican a la obra pública, así como en materia de profesiones.
En las últimas semanas un tema que dominó la agenda pública fue el plagio de una tesis por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duros cuestionamientos, por diversos medios, de la honestidad de la funcionaria, pero más preocupante es de que se trata de una ministra que es una de las encargadas de impartir justicia en el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, y resulta que como profesionista aparentemente haciendo trampas no cumplió con lo básico indispensable que fue elaborar una tesis y a partir de ahí titularse.
Ambos casos, supuestamente, son diferentes, pero el tema es el mismo: nos habla de una falta de ética profesional por parte de estos profesionistas que no han sabido cumplir con los mínimos requisitos para ejercer la profesión dentro del precario marco jurídico existente y menos conducirse con honestidad y ética.
Pero más preocupante es la tolerancia de las instituciones y la justificación de los políticos en lugar de aplicar la ley; se vuelven omisos, tolerantes, cómplices de las irregularidades y peor aún lo trasladan a la arena política cuando los temas son de impunidad y aplicación de la ley.
Valdría la pena reflexionar acerca de la educación que como padres estamos obligados a dar a nuestros hijos, así como el papel de las instituciones educativas en cuanto a la impartición y enseñanza de la ética profesional. Cuántos casos conocemos de simulación en las construcciones que desembocan en una tragedia como la del colegio Rébsamen en la CDMX donde el responsable cursa una condena de muchos años por la omisión y falta de profesionalismo; cuántos plagios de tesis existen en las universidades; cuántos funcionarios académicos han solapado estas prácticas a cambio de bonos o prebendas.
Perseguir el bien común es crear un beneficio social que debemos de anteponer al interés personal. Cómo podemos aspirar a una sociedad más justa y con calidad, a servicios profesionales de calidad, a construcciones seguras, a tramites o documentos que nos den certeza jurídica, a la honestidad en la impartición de justicia, sino anteponemos la ética como una forma de vida.
