Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
Este artículo examina el populismo de la Cuarta Transformación desde la perspectiva de las directrices de desarrollo de la OCDE. Aunque las políticas de la 4T gozan de apoyo popular y buscan mayor justicia social, su liderazgo centralizado y el desdén por las instituciones entran en conflicto con los principios desarrollo sobre buena gobernanza, Estado de derecho y competitividad. Estas diferencias no son sólo de ideología, sino que tienen consecuencias tangibles y potencialmente dañinas para el desarrollo a largo plazo de México y su lugar en la economía global.
Liderazgo personalista.
La OCDE sostiene que la clave para el desarrollo económico y social reside en la fortaleza y la independencia de las instituciones. Esto incluye un poder judicial autónomo, órganos reguladores transparentes y un marco legal predecible. La 4T, en contraste, ha promovido una retórica que desacredita a los organismos autónomos (INE, INAI, Suprema Corte de Justicia) y concentra el poder en la figura del titular del Poder Ejecutivo.
La debilitación de las instituciones y los contrapesos democráticos en nombre de la «voluntad popular» se opone a los principios del desarrollo porque afecta directamente la estabilidad, la certidumbre y la seguridad jurídica.
La visión de la OCDE, que promueve la estabilidad y la seguridad jurídica mediante reglas claras y procesos institucionales, se ve comprometida cuando se debilitan instituciones clave y los contrapesos democráticos. Esta erosión institucional crea un clima de incertidumbre y riesgo político, lo que desalienta la inversión, frena el crecimiento a largo plazo y compromete la protección de la propiedad privada, abriendo la puerta a decisiones arbitrarias de un solo líder en lugar de un Estado de derecho robusto.
El discurso que divide a la sociedad entre «el pueblo» y «la élite» debilita la cohesión social. A diferencia de la OCDE, que promueve la confianza y la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, un ambiente político polarizado dificulta la implementación de políticas a largo plazo y, por lo tanto, afecta negativamente la productividad y la innovación.
Programas sociales.
Los programas de la 4T, como las pensiones para adultos mayores o las becas, se han enfocado en transferencias directas de efectivo. La OCDE, si bien reconoce la importancia de la red de seguridad social, promueve políticas que no sólo alivien la pobreza, sino que también fomenten la inclusión productiva a través de la educación de calidad, la formación laboral y la creación de empleos formales.
El modelo es insostenible a nivel fiscal a largo plazo, ya que el gasto en programas sociales ha crecido sin un crecimiento económico suficiente que lo respalde, y no se ha implementado una reforma fiscal para aumentar los ingresos. La OCDE, en cambio, impulsa políticas sociales que, además de aliviar la pobreza, promueven la formación de capital humano y la productividad. Sin embargo, los programas de la 4T son principalmente transferencias de dinero que no buscan capacitar a las personas para empleos mejor pagados o para impulsar la productividad.
La entrega de recursos sin exigir a cambio capacitación o empleo formal puede crear una dependencia económica del gobierno. Esto hace que buscar empleos formales, que ofrecen mayores beneficios y seguridad social, sea menos atractivo. Esto se opone a los objetivos del desarrollo, que busca fortalecer el mercado laboral formal como motor del desarrollo. De esta manera, el modelo de la 4T podría, en vez de reducir la informalidad y la baja productividad, perpetuarlas.
Infraestructura y política energética.
La Cuarta Transformación ha adoptado una estrategia de infraestructura y energía enfocada en revivir a las empresas estatales (CFE y Pemex) y en priorizar los combustibles fósiles sobre las energías renovables. Esta postura es contraria a la de la OCDE, que defiende proyectos basados en análisis de costo-beneficio, transparencia en licitaciones y el uso de energías limpias.
En inversión, la política de la 4T desvía los principios del desarrollo económico sobre inversión. Mientras que la OCDE promueve la competencia y la participación del sector privado mediante procesos transparentes, la 4T ha invertido en proyectos sin licitaciones claras y favoreciendo a las empresas estatales. Esto crea incertidumbre, limita la inversión privada y debilita el Estado de derecho.
La 4T también se aleja de los estándares de sustentabilidad. En lugar de promover la transición hacia energías renovables y cumplir con las normativas ambientales, el gobierno ha invertido en el rescate de Pemex y la construcción de refinerías. Este enfoque, que prioriza los combustibles fósiles, puede comprometer la competitividad de México y generar tensiones comerciales, al ignorar las tendencias globales y las prácticas recomendadas por la OCDE.
Bajo esta argumentación, la 4T presenta un dilema para México al generar un conflicto directo entre su modelo populista y las directrices de desarrollo.
El énfasis del gobierno en un liderazgo centralizado, el asistencialismo sin fomento de la productividad y una política energética nacionalista, aunque gozan de apoyo popular, debilitan las instituciones, crean incertidumbre jurídica y comprometen la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En lugar de consolidar un desarrollo moderno basado en el Estado de derecho y la competitividad, este enfoque podría estar perpetuando la informalidad y la baja productividad, poniendo en riesgo la integración de México en la economía global.
Debería haber políticas que no sólo alivien la pobreza, sino que también fomenten la inclusión productiva a través de la educación de calidad, la formación laboral y la creación de empleos formales.
El modelo es insostenible a nivel fiscal a largo plazo, ya que el gasto en programas sociales ha aumentado sin un crecimiento económico suficiente que lo respalde, y no se ha implementado una reforma fiscal para aumentar los ingresos. La OCDE, en cambio, impulsa políticas sociales que, además de aliviar la pobreza, promueven la formación de capital humano y la productividad. Sin embargo, los programas de la 4T son principalmente transferencias de dinero que no buscan capacitar a las personas para empleos mejor pagados o para impulsar la productividad.
La entrega de recursos sin exigir a cambio capacitación o empleo formal puede crear una dependencia económica del gobierno. Esto hace que buscar empleos formales, que ofrecen mayores beneficios y seguridad social, sea menos atractivo. Esto se opone a los Objetivos del Desarrollo, que buscan fortalecer el mercado laboral formal como motor del desarrollo. De esta manera, el modelo de la 4T podría, en vez de reducir la informalidad y la baja productividad, perpetuarlas.
Infraestructura y política energética.
La 4T ha adoptado una estrategia de infraestructura y energía enfocada en revivir a las empresas estatales (CFE y Pemex) y en priorizar los combustibles fósiles sobre las energías renovables. Esta postura es contraria a la de la OCDE, que defiende proyectos basados en análisis de costo-beneficio, transparencia en licitaciones y el uso de energías limpias.
En inversión, la política de la 4T desvía los principios del desarrollo económico sobre inversión. Mientras que la OCDE promueve la competencia y la participación del sector privado mediante procesos transparentes, la 4T ha invertido en proyectos sin licitaciones claras y favoreciendo a las empresas estatales. Esto crea incertidumbre, limita la inversión privada y debilita el Estado de derecho.
La 4T también se aleja de los estándares de sustentabilidad. En lugar de promover la transición hacia energías renovables y cumplir con las normativas ambientales, el gobierno ha invertido en el rescate de Pemex y la construcción de refinerías. Este enfoque, que prioriza los combustibles fósiles, puede comprometer la competitividad de México y generar tensiones comerciales, al ignorar las tendencias globales y las prácticas recomendadas por la OCDE.
Bajo esta argumentación, la 4T presenta un dilema para México al generar un conflicto directo entre su modelo populista y las directrices de desarrollo. El énfasis del Gobierno en un liderazgo centralizado, el asistencialismo sin fomento de la productividad y una política energética nacionalista, aunque gozan de apoyo popular, debilitan las instituciones, crean incertidumbre jurídica y comprometen la sostenibilidad fiscal a largo plazo. En lugar de consolidar un desarrollo moderno basado en el Estado de derecho y la competitividad, este enfoque podría estar perpetuando la informalidad y la baja productividad, poniendo en riesgo la integración de México en la economía global.
