Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
México, en más de 30 años de reformas, ha construido un esquema institucional democrático en materia electoral. No obstante, siguen existiendo prácticas que ponen en riesgo la “integridad electoral” de nuestro sistema y afectan la calidad de nuestra democracia. Este concepto de la profesora de Harvard, Pippa Norris, se refiere a “elecciones que se apegan a normas y valores internacionalmente aceptados a lo largo del ciclo electoral”, esto es, no solamente los resultados de la votación, sino el “período preelectoral, la campaña, el día de la votación y sus consecuencias” (2014. Why electoral integrity matters. Cambridge University Press). Para ella, cuando las elecciones funcionan bien, permiten a las personas participar en política para seleccionar funcionarios y gobiernos, determinar políticas prioritarias, vincular mandatarios con los representantes, generar legislaturas inclusivas y hacer responsables a los líderes, aunque reconoce que frecuentemente “malas prácticas” hacen que no se alcancen estos ideales.
En nuestro país, las reglas del juego requieren ajustes para inhibir con efectividad “malas prácticas”: información insuficiente sobre contendientes y proyectos de comunidad; intentos por limitar oposición y competencia; campañas con dinero ilegal de actores privados y gobiernos; algunos medios y comunicadores favoreciendo candidatos del partido en el gobierno; compra y coacción del voto; irresponsabilidad para reconocer resultados y judicializar indebidamente elecciones; creciente influencia de grupos delincuenciales para financiar campañas y usar violencia contra de ciudadanía, periodistas y otras candidaturas.
La regulación de precampañas que buscó frenar el uso indebido de recursos y estructuras gubernamentales (Fox en Guanajuato, López Obrador en DF, Peña Nieto en Edo. México) y logró restringir a funcionarios públicos, reglamentar tiempos y monto de gasto y fiscalizar el origen y destino de recursos financieros, hoy es insuficiente ante prácticas recurrentes de actores, partidos, funcionarios y gobiernos.
Más que restringir la discusión pública de aspiraciones a cargos, la clave está en no permitir utilizar y desviar recursos públicos (financieros, materiales, humanos, de información) para quienes ejercen cargo gubernamental o dirigencia partidista, ni el financiamiento ilegal mediante organismos civiles o empresas privadas para cualquier ciudadano.
Para los partidos, la designación (por órganos directivos, encuestas, tómbolas o cualquier mecanismo) como práctica común para determinar candidaturas, incentiva la simulación e informalidad tanto en tiempos adelantados como del origen de recursos. En el caso de ciudadanía no militante, bajar el porcentaje de firmas para candidaturas sin una efectiva fiscalización sobre su financiamiento y sanciones efectivas en caso de violar la ley no es la mejor fórmula, como el caso de Jalisco puede probar.
Sugerencias mínimas:
Regular obligación de partidos para realizar elecciones internas democráticas (al menos 70% de candidaturas).
Precampañas sólo para candidaturas que participan de estos procesos democráticos: disminuir tiempos (50% de campañas correspondiente) y topes de gasto (10% de campaña correspondiente anterior).
Sancionar con pérdida de registro a) contiendas internas simuladas o con promoción ilegal; b) incumplir obligación de informar financiamiento y gasto.
Fortalecer la fiscalización del INE con contraloría social sobre neutralidad de medios y uso de redes y publicidad digital.
