Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
La anterior colaboración fue la primera de una serie orientada a discutir el reforzamiento de la “integridad electoral” de las diferentes etapas de los procesos electorales y la mejora de la calidad de nuestra democracia. Hoy es el turno de las campañas electorales.
Inhibir las malas prácticas no sólo depende de los valores y compromiso democrático de los actores (contendientes, partidos, gobiernos, funcionarios y ciudadanos), sino también del diseño institucional que implique incentivos efectivos y suficientes, tanto positivos como negativos. Por ello, es necesario discutir sobre la utilidad social y la contribución a nuestra democracia de tener campañas de 90 días (Presidencia, Gubernaturas) y 60 días (Senado Diputaciones federales y locales, y Munícipes). No sólo porque impacta la duración de las precampañas y el monto de recursos que se destinan a ellas, sino porque ofrece incentivos muy altos para no cumplir la legislación.
Por ejemplo, la contienda por la gubernatura de 2018 en Jalisco tuvo un tope de gasto superior a los 24 millones de pesos. Si en 2024 tenemos un tope similar será claramente insuficiente para una población total superior a 8 millones y un padrón electoral de más de 6 millones, y cada candidatura tendría que gastar en promedio cerca de 270 mil pesos diarios para no sobrepasar el tope. Un gasto de campaña de 2.90 pesos por habitante y de 3.82 por elector, es poco realista, por lo que incentiva a los contendientes con mayores posibilidades de ganar, a sobrepasarlo varias veces, dependiendo de su capacidad para captar recursos privados o desviar recursos gubernamentales.
Reconocer que el monto no es realista, no justifica la simplificación excesiva de que elevando la cantidad se resuelve el problema. Entidades de la República como el Estado de México, con topes arriba de 100 millones, demuestran que siempre hay competidores dispuestos a sobrepasarlos para ganar la elección. Por ello, es pertinente acortar la duración y establecer topes realistas a los gastos de las campañas, para:
- a) propiciar contiendas más equitativas, al disminuir la ventaja de partidos y candidatos con más capacidad para recaudar recursos privados ilegales o desviar recursos gubernamentales;
- b) fortalecer autonomía política de los gobiernos electos, con un financiamiento público suficiente y fiscalizable, que inhiba el impacto de actores y grupos que financian campañas;
- c) facilitar la fiscalización y eventual sanción de conductas delictivas, al hacer más evidente el exceso de gasto.
- d) cambiar relación candidatos-electores, menos dependiente de la capacidad de compra de voto, y más de la integración de proyectos de comunidad y un ejercicio gubernamental, incluyentes, que genere mayor utilidad social y rinda cuentas.
Una disminución moderada a 60 días de campaña para la Presidencia, Gubernaturas y 30 para Senadores, diputados federales y locales, así como munícipes, aunque seguiría siendo un período largo en comparación con otros sistemas electorales, es más que suficiente para presentar a los electores una propuesta de proyecto de comunidad y acción gubernamental que puedan considerar digna de su respaldo.
