Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
En la perspectiva de la experiencia inflacionaria que vivió México durante la década de los ochenta (1982-1988) y a mediados de los noventa (1995), se consideró como sus causales macroeconómicas el exceso de demanda agregada provocado por el incremento del consumo, la inversión y el gasto público excesivo.
En el contexto del actual fenómeno inflacionario que estamos viviendo, existe consenso de que las causas se encuentran motivadas no por el lado de la demanda agregada sino por el lado de la oferta agregada. En especial se hace énfasis en la caída de los niveles de actividad económica, en los desajustes de las cadenas de suministro de los mercados globales provocados por el COVID que han generado escasez y encarecimiento de productos nacionales e importados, la invasión de Ucrania y su impacto en los mercados agropecuarios y petroleros y el cambio climático que afecta la oferta de alimentos, principalmente.
Comentábamos en la entrega anterior la pertinencia del “Paquete contra la Inflación y la Carestía” presentado por el gobierno federal y afirmamos que dicho programa no ataca las causas estructurales de la inflación en México.
En este sentido podemos afirmar que en México el fenómeno inflacionario que estamos sufriendo tiene como causas estructurales, en primer lugar, una economía de baja competitividad con un gran control de los mercados por parte de los monopolios y oligopolios y, segundo punto, un deterioro institucional que provoca crecientes costos de transacción.
Sobre el primer aspecto, desde hace tiempo algunos analistas vienen hablando de que a pesar de las llamadas reformas de mercado como la apertura comercial, la privatización de empresas públicas y la desregulación la economía mexicana, hemos conformado una economía de “compadres” donde el gran capital monopoliza los mercados e impone restricciones para la presencia de nuevos competidores y juega con reglas disparejas en contra de los derechos de los consumidores.
Al respecto, el estudio publicado por la COFECE en 2018 y titulado “Evaluación de los efectos distributivos y especiales de las empresas con poder de mercado en México”, sostiene que en México el control de grandes empresas sobre 12 productos ( maíz, pan, pollo y huevo, carne de res, carnes procesadas, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos, transporte foráneo de pasajeros y materiales de construcción) ocasiona que los consumidores mexicanos pagan un sobreprecio de 98.23% al comprar dichos productos. El alto nivel de sobreprecio de esos y otros productos y servicios tiene su razón en el control de mercado de los monopolios existentes. Los monopolios aplican prácticas que afectan al consumidor, evitan la entrada de nuevos competidores y realizan colusiones de precios. Aquí las medidas macroeconómicas son insuficientes ya que se requieren de reformas regulatorias de fondo.
Por otra parte, los aumentos de precios de productos como el aguacate y el limón son claros ejemplos del deterioro institucional que vive el país, producto de la falta de un estado de derecho, la vulnerabilidad de los derechos de propiedad, la inseguridad que aumenta el costo de transacción. Se habla de una inflación por la “criminalización del mercado” donde se afecta la oferta, los precios, el transporte, la doble tributación y la falta de garantías.
Falta de competencia y “criminalización del mercado” aparecen como profundas causas estructurales que alimentan el fuego de la inflación.
