Una Reforma Imprescindible
Por Diputada Alondra Fausto de León
Presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana y Miembro de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado de Jalisco
En los últimos años, el tema de la tarifa del transporte público en Jalisco ha sido un punto de controversia constante, reflejando no solo desafíos económicos y operativos, sino también profundas desigualdades sociales que afectan a millones de jaliscienses. Como presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), he seguido de cerca esta problemática, impulsando iniciativas que prioricen el derecho humano a la movilidad accesible y sostenible. En este artículo, expongo los antecedentes de esta crisis tarifaria extendidos hasta 2018, fijo mi posición política al respecto (enriquecida con los principios de mi iniciativa «Tarifa Social»), evidencio la naturaleza regresiva del aumento reciente y su impacto desproporcionado en las familias de quintiles bajos de ingreso, y destaco los puntos más relevantes que deben considerarse en un ordenamiento legislativo integral, con el fin de transformar un sistema opaco y regresivo en uno transparente, equitativo y moderno.
Antecedentes de la Crisis Tarifaria.
De la Discrecionalidad a la Desconfianza Social: 2018 a la fecha.
La regulación del transporte público en Jalisco ha estado marcada por inestabilidades y ajustes controvertidos desde hace más de una década. Retrocediendo a 2018, el panorama era ya tenso: la tarifa se mantenía en 7 pesos desde 2013, pero el sector enfrentaba constantes paros camioneros entre 2016 y 2018, motivados por reclamos salariales retrasados y exigencias de aumentos tarifarios por parte de los transportistas. Estos paros reflejaban un sistema deficiente, donde el servicio no garantizaba calidad ni cobertura adecuada, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y áreas rurales. En ese periodo, el entonces opositor Enrique Alfaro Ramírez criticaba públicamente los incrementos propuestos en 2015 y 2017, argumentando la falta de mejoras en el servicio.
Sin embargo, en julio de 2019, ya como gobernador, Alfaro anunció un aumento paulatino a 9.50 pesos, olvidando sus posturas previas. Este ajuste, aprobado durante la transición de administraciones, se justificó con subsidios estatales, pero generó protestas por su opacidad. Desde entonces, la tarifa al usuario se ha mantenido en 9.50 pesos gracias a subsidios anuales (como los 3,000 millones de pesos destinados entre 2019 y 2024), evitando incrementos directos pero sin resolver problemas estructurales como la inflación (41.7% acumulada) y el alza en el salario mínimo (215.6%). En 2022, el Congreso aprobó un fondo de apoyo para frenar aumentos, pero esto solo postergó la crisis.
La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, promulgada en 2023 con reformas menores en 2025, establece el Comité Técnico Tarifario (Artículo 332) y el Fondo de Apoyo al Transporte Público (Artículo 335). No obstante, estos mecanismos han demostrado ser insuficientes. El punto de inflexión llegó en diciembre de 2025, cuando el Comité aprobó un aumento que elevó la tarifa técnica a 14 pesos (un 47.37% sobre los 9.50 actuales), efectiva en 11 pesos con subsidios a partir de abril de 2026. Este ajuste, basado en un dictamen con un 7.72% de indexación por variaciones en combustibles, insumos y salarios, ha generado una oleada de críticas. Usuarios denuncian opacidad en los cálculos y falta de equidad, argumentando violaciones a principios constitucionales como la legalidad, proporcionalidad y no regresividad (artículos 1, 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como los precedentes 32152/2024 y 28655/2019, respaldan estas quejas, señalando impactos desproporcionados en quintiles bajos. Inspirados en modelos exitosos, que consideran consultas obligatorias o auditorías al fondo de subsidios, es evidente que Jalisco necesita una reforma profunda para alinear con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal de 2022.
Mi Posición Política: Priorizar la Movilidad como Derecho Humano, No como Mercancía, con Enfoque en la Tarifa Social
Como diputada del PRI, mi posición es clara y firme: el transporte público no debe ser visto como un negocio privado sujeto a presiones políticas o económicas, sino como un derecho humano esencial para la inclusión social y el desarrollo equitativo. Reconociendo la reforma constitucional de 2024 que eleva la movilidad al rango de derecho (artículo 4° CPEUM), defiendo que cualquier ajuste tarifario debe basarse en la capacidad de pago de las familias, no solo en costos operativos puros. En mi iniciativa «Tarifa Social», propongo que ésta sea el eje del cobro al usuario, calculada considerando el ingreso promedio de hogares (datos de INEGI/CONEVAL), un límite máximo del 10% del ingreso familiar destinado a transporte para no comprometer necesidades básicas, y el número promedio de viajes mensuales (mínimo 80-100). Por ejemplo, para un hogar con ingreso de 8,500 pesos mensuales, la Tarifa Social sería aproximadamente 8.85 pesos por viaje.
Apoyo un enfoque progresivo y solidario, donde el Estado asuma un rol activo en subsidios dirigidos a grupos vulnerables (estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en rezago), cubriendo el 100% de la diferencia entre la tarifa técnica y social para quintiles I y II, con subsidios decrecientes para superiores. Rechazo la discrecionalidad que ha permitido influencias políticas en el Comité, como en la votación dividida de 2025, donde academia y sociedad civil fueron marginadas.
En mi posición política, enfatizo que la movilidad es un reflejo de la desigualdad urbana: el aumento reciente ha exacerbado la regresividad, impactando a hogares de bajos ingresos que destinan hasta el 20% de su presupuesto al transporte, comprometiendo alimentación y educación.
Como priista, impulsamos esta visión para reducir desigualdades regionales, especialmente entre urbano y rural, restaurando la confianza mediante transparencia, participación ciudadana y un Fondo de Movilidad Social autónomo, financiado por presupuesto estatal, excedentes y recursos federales. Mi compromiso es transformar el transporte de mercancía en derecho accesible, con contrapartidas para operadores como renovación de flota y mejora en frecuencia.
Evidencia de la Regresividad del Aumento: Impacto Desproporcionado en Familias de Quintiles Bajos
El aumento tarifario aprobado es inherentemente regresivo, ya que impone una carga mayor en los hogares de menores ingresos, exacerbando la desigualdad social en Jalisco. Según datos de INEGI y CONEVAL, las familias en los quintiles I y II (ingresos mensuales promedio por debajo de 10,000 pesos) destinan entre el 15% y 20% de su presupuesto al transporte público, comparado con solo el 5-7% en quintiles superiores. Con el salto de 9.50 a 11 pesos (o 14 sin subsidio), una familia típica en periferia (que realiza al menos cuatro viajes diarios por miembro) vería su gasto subir de 57 pesos diarios a 66 o hasta 90 pesos sin la Tarjeta Única, representando un incremento del 15.8% al 47.37% en su carga económica.
Este impacto se agrava en zonas metropolitanas como Guadalajara, donde el transporte no solo cuesta dinero, sino horas de vida y precariedad: tiempos de espera prolongados, unidades insuficientes y falta de seguridad afectan desproporcionadamente a trabajadores de salarios fijos, estudiantes y mujeres en rezago. Estudios locales destacan que, sin mejoras en el servicio, el «tarifazo» no se traduce en beneficios, sino en mayor pobreza: hasta 2024, subsidios de 3,000 millones de pesos no mejoraron la calidad, y ahora, con el ajuste, miles podrían no acceder a la Tarjeta Única debido a barreras administrativas. Esto viola el principio de no regresividad constitucional, como ha señalado la SCJN, y genera crisis económicas familiares, forzando recortes en necesidades básicas y perpetuando ciclos de desigualdad.
Puntos Más Relevantes a Considerar en un Ordenamiento Legislativo
Para lograr una reforma efectiva, cualquier ordenamiento legislativo debe incorporar características clave que garanticen transparencia, equidad y certeza jurídica. Basado en propuestas integrales que he impulsado, destaco los siguientes puntos esenciales:
- Fortalecimiento del Comité Técnico Tarifario para Independencia y Transparencia: El Comité debe ser más autónomo, con al menos 40% de miembros independientes elegidos por sorteo público, sesiones transmitidas en vivo y publicación anticipada de cálculos preliminares (30-45 días) para observaciones ciudadanas. Esto evita vicios procedimentales y asegura que voces de usuarios vulnerables sean incorporadas.
- Fórmula de Indexación Obligatoria y Pública: Los ajustes anuales deben seguir una fórmula transparente: Tarifa Actualizada = Tarifa Vigente × (1 + % Indexación), con ponderaciones fijas (40% combustibles por CRE, 35% costos operativos por INEGI, 25% salarios por CONASAMI), revisables cada cinco años por auditoría externa. Esto reduce discrecionalidad y proporciona motivación explícita, como exige la SCJN.
- Control Estricto de Subsidios Progresivos: Subsidios deben canalizarse a través de un Fondo de Movilidad Social autónomo, auditado anualmente por la ASEJ, con al menos 70% directo a usuarios de quintiles I-III. Prohibir asignaciones discrecionales y condicionar subsidios a operadores (máximo 30%) a contrapartidas verificables, como renovación de flota o mejora en frecuencia, garantiza eficiencia y equidad.
- Tarifas Sociales Obligatorias Basadas en Capacidad de Pago: Introducir una Tarifa Social como eje, no superior al 50% de la técnica para vulnerables, calculada con fórmula: Tarifa Social = (Ingreso Promedio × 10%) / Viajes Mensuales Promedios. Esto incluye esquemas gratuitos o decrecientes por quintiles, financiados por el Fondo, mitigando regresividad y promoviendo inclusión.
- Mecanismos de Participación Pública y Revisión Judicial: Obligar consultas ciudadanas (60 días previos) y crear un Observatorio Ciudadano Permanente. Facilitar impugnaciones vía amparo con efectos suspensivos por impacto regresivo, junto con un portal web de datos abiertos, para mayor acceso a justicia y rendición de cuentas.
Estos elementos, inspirados en experiencias nacionales e internacionales, transformarían el transporte público en Jalisco en un modelo sostenible que priorice a la gente sobre los intereses particulares. Invito al Congreso a debatir y aprobar una reforma integral, asegurando que la movilidad sea un puente hacia la equidad, no una barrera. Como priista comprometida con el pueblo, seguiré luchando por un Jalisco más justo y conectado.
