Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Violentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un despropósito de no querer la estabilidad política y social de este cambiante país, pues el horno no está para hacer bollos; es decir, por lo tensa que esté o se pueda poner la situación, no es propicia para generar complicaciones. Las leyes están para hacer cumplir y para cumplirlas, si esto es así, ¿cuál es el propósito?
Empero, los embates oficiales y no oficiales parecen haber iniciado ya y de bote pronto, ante la negativa de la no aprobación de la primera parte de la reforma electoral (plan b). Y ello dio pie a la toma de posturas diversas en contra de esa institución impartidora de justica en este país, sin entender que los magistrados solo hacen su trabajo: defender y salvaguardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Alguien tiene que defender los principios fundamentales, lícitos y legales de la Suprema Corte, y al parecer se defiende sola con su propios actos y resoluciones apegados estrictamente a derecho. Bien por esas muestras de hacer valer y respetar las leyes, lo han hecho aun sabiendo de amenazas, pues México ha salido de la barbarie no democrática de hace más de tres décadas como para que de nueva cuenta se tenga una regresión; eso ya no es posible, pues las instituciones creadoras y sostenedoras de la democracia y la impartición de justica han llegado para quedarse y velar por los derechos políticos-electorales de cada ciudadano.
Por otra parte, hay la idea -que ha salido ante la opinión pública- de querer hacer modificaciones legales para el año 2024 respecto a que se elijan en el futuro a los ministros por la vía de consulta directa a la ciudadanía, pero pues mire usted que ello no tendría un fundamento bien pensado, equilibrado, pues los mejores perfiles a tan alto cargo son y deben ser los que lleguen ahí y, por cierto, no cualquiera cumple con ese requisito; cómo saber que una elección abierta garantiza ese proceso a cabalidad con toda observancia de la ley.
En torno al tema, y de visita por estas tierras del buen tequila, Luis Carlos Ugalde manifestó que «la consecuencia de corto plazo es que va a socavar la confianza que existe en la Suprema Corte. Las encuestas muestran que esta tiene una confianza del 60-65 por ciento o más, muy superior a la del Presidente y del Congreso, de tal forma que la confianza en las instituciones es un bien escaso y lo que el Presidente va a lograr en los próximos meses es diluirla, socavarla, y esa es una pérdida neta para el país».
La obligación de respetar la ley es de todos: funcionarios públicos y ciudadanía en general. Qué será lo que no se entiende, para sí hacerlo. Debemos involucrarnos más en la cosa pública como un derecho, pero también como una obligación de ser y estar más vigilantes de cada etapa importante que afecte directa o indirectamente a nuestros intereses, unos o varios de ellos es el tener instituciones fincadas en la solvencia ética y profesional que fundamente el respeto al Estado de Derecho, a veces tan olvidado en la cosa pública.
Esperemos no sorpresas, sino más el cauce normal del proceder de los llamados padres de la Patria, de las y los señores diputados que son y están para vigilar, cumplir y legislar por el bien de México en su conjunto y no por una parte o dos de este país, que es en ocasiones tan vilipendiado. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia. Más bien que sea el tiempo de Suprema Corte de Justicia de la Nación.
