Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
En la última colaboración del año, agradezco a quienes hacen posible la revista, pero, sobre todo, a quienes tienen la amabilidad de leerla. Desearía que el tema fuera diferente, pero la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión de las reformas a diversas leyes secundarias en materia electoral exige retomar una consistente preocupación.
Como se adelantó, la reforma Constitucional que implicaba mayoría calificada era complicada. Modificar leyes secundarias con la mayoría absoluta de MORENA, PT y PVEM era casi seguro, aún sin acuerdos de cooperación, violando procesos legislativos, e incluso con la inconstitucionalidad de muchas disposiciones presentadas. La fórmula ya había sido adelantada: aprobar los cambios legales aunque se presenten juicios de constitucionalidad, ya que en la Corte la imposibilidad de articular una mayoría calificada de ministros permitirá que no se declare la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas.
Si no puede impedirse que estas modificaciones sean promulgadas, las consecuencias pueden ser devastadoras para el futuro de nuestra democracia, ya que tendría efectos directos en la integridad de los procesos electorales:
- Debilita para fiscalizar y sancionar el desvío de recursos gubernamentales y promoción ilegal de gobernantes, partidos en el gobierno y funcionarios públicos aspirantes a cargos.
- Disminuye la capacidad de los electores para premiar (con mayor cantidad de votos y más cargos de representación) o sancionar (con pérdida de registro o al menos de financiamiento público) el desempeño de los partidos políticos, otorgando artificialmente a algunos partidos una mayor capacidad de chantaje. De esta forma, incentiva el desempeño irresponsable de algunos partidos que no intentan representar efectivamente a personas y sus intereses, sino que buscan mantenerse como franquicias electorales que pueden negociar mayorías, aunque no cumplan realmente con la función de una organización partidista.
- Mina la autonomía de organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales con cargas excesivas de responsabilidades y tareas, y sin capacidad suficiente (económica, técnica y operativa) para enfrentarlas. Esto pone tareas sustantivas en riesgo de: a) ser retomadas por el gobierno (aún si no lo hiciera de manera formal, sí por la vía de los hechos) como el registro nacional de electores del que no sólo dependen el padrón y el listado nominal de electores, sino la emisión de la credencial para votar con fotografía, y que también revisten una importancia determinante en la configuración de circunscripciones electorales; b) de ser controladas y convertidas en intrascendentes, como la fiscalización del origen y destino de los recursos públicos y privados que los partidos políticos utilizan, tanto de manera ordinaria como en campañas electorales o la corrección de decisiones y medidas para la determinación de procesos democráticos de selección de candidaturas y dirigentes, y la defensa de los derechos civiles y políticos de los militantes de los partidos ante sus dirigencias, o la sanción, con pérdida de registro incluso, a precandidaturas y candidaturas que violen la ley.
En los días que se avecinan disfrutemos de la familia y las fiestas, pero sin descuidar los temas trascendentes por definirse.
