Por Carlos A, Lara González
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación y la Cultura
@Reprocultura
En nombre de los derechos culturales suelen hacerse demasiadas ocurrencias. Reformas, leyes, programas y rabietas como la de la semana pasada en la que un senador de nombre Adolfo Gómez Hernández enmarcó en un acto de “resistencia” el hecho de no pagar la entrada a una zona arqueológica. En un arranque de identidad mal entendida decidió hacer un Noroña. A estas alturas, sobra decir de qué partido es, creo que lo pueden imaginar.
Lo relevante aquí es que el funcionario del INAH intentó evitar que hiciera el ridículo al hacerle ver que él como senador debería ser respetuoso de la legalidad, pero la actitud del agreste senador subió de tono y entonces cuestionó su desplante. El legislador dijo que era su “derecho a la identidad cultural”. Sí, como lo oyen, rehusarse a pagar su ingreso a un sitio o zona es, según él, un derecho por la razón de que fue un lugar “construido por sus ancestros”. Pero eso no fue todo, remató con dos perlas. La primera: “Todos (los indígenas) tenemos derecho por la identidad cultural”. En la segunda dijo al funcionario del INAH que al término de su visita regresaría a hablar con él para que le explicara cuántos indígenas trabajaban en la zona, insinuando que debería haber una suerte de cuota de representación o algo así.
“Sin pagar nada, compañeros”. Esa fue la consigna al abrirse paso para ir a dar, dijo, un mensaje a los pueblos originarios.
Y es que, según el senador, cree estar defendiendo un derecho para 20 millones de indígenas.
Es aquí donde reside la importancia de ir a la escuela, aprender a leer, a escribir y a pensar, pero también la importancia de que los partidos políticos postulen gente cuyo conocimiento no tenga un nivel tan friático.
En general falta mucha información al respecto. Por ejemplo, el senador no paraba de subrayar que era mixteco (la gente en redes sociales cuestionaba sus apellidos Gómez Hernández), ni la desesperada actitud del senador por decirse indígena ni el cuestionamiento de los cibernautas son necesarios aquí, debido a los criterios que rigen la autoadscripción.
Bueno, pues, no conforme con el desfiguro decidió seguir demostrando su ignorancia, y en una rueda de prensa realizada en el Senado afloró su resentido pensamiento y propuso que sólo los turistas pagaran las entradas a los sitios y zonas de monumentos administradas por el INAH. Vaya visión tan chicharronera del legislador.
Pero es que hace tres semanas otro senador, este de Movimiento Ciudadano, propuso lo mismo. Desconocen las carencias que padecen estos recintos, desde mantenimiento estructural hasta falta de papel de baño.
El colmo de todo esto es que hace un par de días el IMPl dio a conocer que firmó un convenio con el gobierno de Campeche “para impulsar los derechos colectivos de los productores de la región y fortalecer las actividades para la protección de su patrimonio inmaterial”. Es decir, un convenio para hacer su trabajo. Vaya forma de perder el tiempo. Que tengamos que alfabetizar a esta especie de legisladores y funcionarios es ya demasiado penoso.
Esta incapacidad de no saber cómo reivindicar a las comunidades originarias, de no saber cómo incluirlos en el desarrollo económico y social, ha llevado a este gobierno a proponer ayudas sociales para indígenas y mestizos (así lo prometió el presidente en una gira por Mezquitic, Jalisco en 2020); a realizar reformas absurdas al capítulo de culturas populares de la Ley Federal del Derecho de Autor, o bien, a aprobar leyes como la Ley Federal del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Intentar colocar a las comunidades por encima de los individuos viola derechos fundamentales y convencionales. Eso es lo que están haciendo con la Ley Federal del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
En esta materia el gobierno comenzó a hacer cosas interesantes, como las denuncias por apropiación indebida, que en su mayoría funcionaron a nivel nacional e internacional. Este tipo de condena moral dio pie al Programa Original. Esta creo debe ser la vía para consolidar una política pública que deje atrás la explotación de diseños y creaciones artesanales de las comunidades y abra paso al aprovechamiento comercial. Registrando, catalogando, protegiendo, generando acuerdos comerciales y una difusión apropiada y estratégica de estos bienes.
Pero debemos comenzar por desdramatizar la forma en que conciben los derechos culturales.
