El empresariado de compadrazgo y la permanencia del poder en México.
Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
El “capitalismo de compadres” alude a la consolidación de una élite empresarial estrechamente vinculada al poder político, donde el éxito económico depende menos de la competencia o la innovación que de las relaciones personales y la cercanía con el gobierno. En este modelo de desarrollo, las reglas del libre mercado se sustituyen por redes de favores mutuos entre empresarios y funcionarios, generando un sistema de privilegios y dependencia recíproca (Transparency International, 2024).
Sus rasgos principales incluyen la obtención de beneficios estatales mediante vínculos privilegiados, la influencia directa de intereses privados en decisiones públicas, la concentración del poder económico, la normalización del clientelismo y la perpetuación de una élite político-empresarial que controla recursos y políticas.
En México y América Latina, este empresariado de compadrazgo se ha forjado al amparo de la histórica simbiosis entre Estado y sector privado. Durante el siglo XX, el modelo estatal benefactor fomentó relaciones privilegiadas mediante subsidios, concesiones y monopolios; las privatizaciones de las décadas de 1980 y 1990 profundizaron esta dinámica al favorecer a inversionistas cercanos al poder. Posteriormente, el financiamiento de campañas y la influencia mediática consolidaron un intercambio constante entre apoyo político y beneficios económicos (Piketty, 2022).
En México, el compadrazgo empresarial opera en los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— mediante la captura de decisiones públicas a favor de intereses privados. En el ámbito municipal se traduce en contratos y concesiones a empresarios allegados, aprovechando la debilidad institucional de los ayuntamientos; en el estatal, los gobernadores benefician a grupos regionales mediante obras o exenciones fiscales, y a nivel federal, las grandes corporaciones vinculadas al gobierno central refuerzan monopolios y concentran la riqueza (OCDE, 2023).
Esta estructura distorsiona la competencia, encarece los servicios y convierte los presupuestos públicos en instrumentos de clientelismo político, fortaleciendo élites que influyen en la sucesión gubernamental y debilitan la rendición de cuentas. El resultado es un sistema piramidal de favores y dependencias donde el acceso a recursos depende de la lealtad política más que del mérito o la eficiencia, perpetuando desigualdades y frenando el desarrollo regional.
En este contexto, el “empresariado de compadrazgo” asegura la permanencia del poder político mediante un intercambio de privilegios económicos —contratos, concesiones o exenciones— por apoyo financiero, mediático o político. Los empresarios se convierten así en mecenas del poder, capaces de influir en campañas, moldear narrativas y otorgar legitimidad simbólica al régimen a través de cámaras o fundaciones que simulan consenso ciudadano.
En conjunto, este entramado actúa como un mecanismo informal de gobernabilidad que intercambia beneficios por lealtades, debilita la competencia económica y política, y obstaculiza tanto la democratización institucional como la apertura del mercado.
El empresariado mediático representa un componente esencial del compadrazgo empresarial. Los grandes consorcios de comunicación —televisoras, radiodifusoras, periódicos y plataformas digitales— operan como actores políticos que negocian directamente con el Estado, moldeando la opinión pública y legitimando gobiernos a cambio de beneficios económicos o regulatorios. Este fenómeno se adapta a distintos contextos: en regímenes autoritarios mediante la censura, y en democracias formales a través de la cooptación económica y la dependencia normativa (Freedom House, 2024).
El “compadrazgo mediático” se sustenta en una economía del favor, basada en la asignación de publicidad oficial, concesiones, acceso privilegiado a información y protección frente a la regulación. Tales prácticas convierten la libertad de prensa en un instrumento de negociación política, donde la cobertura informativa responde al grado de proximidad con el poder. Este entramado consolida una alianza estratégica entre gobierno y medios, que asegura estabilidad política a costa de la independencia periodística. Durante los procesos electorales, su influencia se intensifica, orientando la opinión pública y favoreciendo a los candidatos afines. Así, el compadrazgo mediático reproduce estructuras de privilegio, restringe la pluralidad informativa y transforma a la prensa en un mecanismo de legitimación antes que en un contrapeso democrático.
Por otra parte, los sindicatos en México y América Latina han desempeñado un papel ambivalente dentro del sistema de compadrazgo empresarial. En lugar de representar de manera autónoma a los trabajadores, muchos se integraron al corporativismo estatal del siglo XX, donde el gobierno, los empresarios y las organizaciones laborales formaban parte de un mismo entramado político. A cambio de reconocimiento legal y beneficios, los sindicatos ofrecían lealtad política y estabilidad laboral, consolidando una paz social controlada.
Con el tiempo, los sindicatos se transformaron en mediadores entre el capital y el Estado, negociando privilegios particulares más que derechos colectivos. Durante las reformas neoliberales, aunque perdieron influencia formal, muchos fueron cooptados por el nuevo empresariado privatizado, surgiendo sindicatos patronales o “blancos” que simulaban representar a los trabajadores.
En el siglo XXI, persiste una división: algunos sindicatos siguen vinculados al poder político y empresarial, mientras otros buscan independencia. Sin embargo, el legado del corporativismo mantiene a la mayoría dentro del esquema clientelar de intercambio de favores y control político.
Bajo estas consideraciones, los sindicatos han funcionado más como aliados del régimen que como contrapesos, sirviendo para asegurar estabilidad, legitimidad y apoyo electoral, a cambio de prebendas y espacios de poder interno, reforzando así la permanencia del sistema de compadrazgo político-económico.
Desde esta perspectiva, calificar a los actores del “compadrazgo empresarial” —empresarios privilegiados, funcionarios cómplices y sindicatos cooptados— como “traidores permanentes de la democracia” puede considerarse una expresión válida, siempre que se sustente en un análisis estructural. Su “traición” consiste en sustituir la igualdad ante la ley por privilegios personales, utilizar el poder público con fines privados y obstruir la competencia política y económica, debilitando así los fundamentos del orden democrático.
La persistencia de esta conducta se evidencia en su continuidad histórica: los mismos grupos se adaptan a distintos gobiernos y partidos, preservando sus beneficios y neutralizando los mecanismos de control ciudadano. No se trata de una desviación circunstancial, sino de unaestructura sistémica de poder que restringe la rendición de cuentas y limita la participación cívica. No obstante, el análisis debe mantenerse en el ámbito académico y evitar una lectura moralista. El propósito no es culpar individuos, sino describir un patrón institucional y culturalque reproduce prácticas antidemocráticas mediante incentivos económicos y arreglos políticos persistentes.
En este sentido, estos actores pueden considerarse traidores permanentes de la democraciaporque su estabilidad y poder dependen de impedir la consolidación de un Estado de derecho genuino y de una ciudadanía plenamente libre e igualitaria.
En síntesis, el “empresariado de compadrazgo” representa una forma persistente de desigualdad estructural y captura del poder en México. Su alianza con el Estado, los sindicatos y los medios ha creado un sistema donde el privilegio reemplaza al mérito y la lealtad política sustituye a la competencia económica. Superar este modelo requiere redefinir la relación entre Estado, mercado y sociedad civil bajo principios de legalidad, rendición de cuentas y justicia. para que la democracia deje de estar subordinada al compadrazgo y se consolide como un espacio real de libertad y justicia.
