Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
Sobrepoblación penitenciaria
Hablar de justicia en Jalisco exige mirar de frente dos realidades que hoy colisionan con fuerza: la sobrepoblación persistente en el complejo penitenciario de Puente Grande y la reforma judicial que, a partir de este 2025, ha cambiado para siempre el nombramiento de jueces y magistrados. Estas dinámicas conviven y se condicionan mutuamente: mientras el sistema judicial busca acelerar y democratizar su funcionamiento, el sistema penitenciario sigue bajo presión, saturado y con rezagos. De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025 (CNSIPEE), al cierre de 2024 Puente Grande operaba con 756 personas por encima de su capacidad real, es decir, un 7.25 % de sobrepoblación general en un penal diseñado para albergar poco más de 4 300 reos. Pero estas cifras esconden desigualdades internas: mientras la comisaría de sentenciados contaba con 58 espacios libres (1.3 % de capacidad ociosa), la sección de prisión preventiva registraba un alarmante 16.7 % de exceso, con 755 internos por encima de lo permitido. La tensión estructural sigue ahí. La mayoría de los reclusos no son sentenciados, sino procesados en espera de resolución judicial, lo que refleja una cadena judicial lenta, sobrecargada y todavía ineficiente.
Reforma Judicial y perfiles de juzgadores
En paralelo, la reforma judicial de 2024, ya vigente desde 2025, introdujo una transformación inédita: jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. En Jalisco, más de 50 cargos judiciales se definieron en las urnas (incluidos jueces de distrito y magistrados locales) con requisitos formales como título profesional, experiencia mínima y revisión de antecedentes. No obstante, el proceso no logró blindar por completo la llegada de perfiles con escasa trayectoria técnica o vínculos con estructuras partidistas. Esto ha encendido alertas sobre la calidad y autonomía de los nuevos impartidores de justicia. Esta confluencia de reforma y saturación no es fortuita.
La ausencia de infraestructura judicial provoca cuellos de botella difíciles de ignorar: Puente Grande solo opera con dos salas de audiencia, cuando la realidad demanda al menos cinco. Las consecuencias son claras: procesos más largos, más personas en prisión preventiva y mayor presión sobre el penal. Sumemos la elección popular de jueces, sin mecanismos sólidos de evaluación de capacidades, y podríamos estar ante jueces sin el nivel técnico necesario o dependientes de agendas políticas. Juzgar no es popularidad: es técnica, rigor jurídico y ética impecable. Si el nuevo modelo no se acompaña de capacitación permanente, mecanismos de supervisión y reglas claras, el resultado puede ser una justicia menos imparcial, más vulnerable y aún más distante del ciudadano. Además, no podemos olvidar a los legisladores. El Congreso de Jalisco tiene el deber de supervisar, etiquetar recursos, vigilar la implementación y garantizar políticas públicas que no queden solo en enunciados. Si no hay seguimiento técnico eficiente, la reforma queda coja. El reto que enfrenta el sistema de justicia en Jalisco es mayúsculo, y solo podrá resolverse a través de una respuesta verdaderamente integral.
Retos en el sistema de justicia
En primer lugar, resulta urgente fortalecer a la Fiscalía General del Estado, que hoy continúa operando bajo una presión inmensa, con miles de carpetas de investigación rezagadas que alimentan la saturación procesal y perpetúan la prisión preventiva como medida por defecto. Sin una fiscalía eficiente, el resto de la cadena judicial permanece anclado al atraso y a la frustración ciudadana. En paralelo, debe ampliarse de manera decidida la infraestructura judicial. No basta con salas mínimas de audiencia ni con defensores públicos desbordados por la carga laboral. Jalisco necesita más espacios físicos y más personal técnico que garantice que cada audiencia se celebre en tiempo y forma, que cada acusado cuente con una defensa adecuada y que los jueces puedan resolver sin la presión del colapso administrativo. La profesionalización del nuevo cuerpo judicial es otro eje central. El cambio en el modelo de elección no puede ser excusa para la improvisación. Se requiere implementar procesos rigurosos de formación continua y establecer criterios objetivos de evaluación, no influenciados por filias partidistas o conveniencias electorales. La legitimidad del nuevo sistema depende de que quienes lo integren estén verdaderamente capacitados, no solo votados.
Jalisco debe transitar hacia un modelo que reduzca el uso excesivo de la prisión preventiva. Las medidas cautelares, la justicia restaurativa y los mecanismos alternos al encarcelamiento deben dejar de ser excepción para convertirse en regla. La cárcel no puede ser la única respuesta institucional frente a cada conflicto legal. Finalmente, la coordinación con el Gobierno Federal es ineludible. Mientras Jalisco siga absorbiendo la carga operativa y presupuestal de internos del fuero federal sin corresponsabilidad efectiva, el sistema estatal seguirá arrastrando un peso que no le corresponde del todo. Es momento de renegociar responsabilidades y de exigir que la justicia federal también asuma su parte en la administración penitenciaria. Puente Grande no es solo un penal saturado, es el termómetro de un sistema que quiere cambiar, pero arrastra inercias profundas. La reforma judicial es una gran idea, pero sin implementación profesional, y sin blindajes ético, puede quedarse en promesa incumplida. El equilibrio entre eficiencia, derechos humanos y legitimidad está en juego. Jalisco enfrenta su momento decisivo: puede convertirse en un modelo nacional… o sucumbir a la inercia institucional. Y al lector debe quedarle claro: la promesa de justicia solo se cumple construyendo instituciones sólidas, eficientes y confiables. De eso depende que la democracia no sea solo un ideal, sino una práctica constante.
