REFLEXIONES
Por Gonzalo Leaño Reyes
El caso de los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua reavivó el debate sobre la estrategia de Seguridad Pública que el Gobierno federal puso en marcha desde el inicio del sexenio. En este debate prevaleció la idea de que dicha estrategia no está generando los buenos resultados deseados.
Para hacer una evaluación correcta cuentan mucho los datos, cifras y gráficas que presenta el Gobierno, pero también cuenta la opinión pública que, de acuerdo al académico Vincent Price, consiste en “mantener o seguir el paso de los actores políticos y organizar sus respuestas en relación a ellos”, es decir, calificarlos abiertamente de acuerdo a lo que sucede en la escena política. Y para el público en general, la seguridad pública es uno de los principales problemas de México.
Es cierto que la opinión pública de nuestro país y de buena parte del mundo está muy polarizada, pero en el caso mexicano la inseguridad y la violencia afectan a todos por igual. No se trata de política, sino de tranquilidad.
También es cierto que el problema no nació en este Gobierno sino que es un fenómeno que ha ido creciendo desde hace por lo menos setenta años. Al principio fue sólo la droga, pero poco a poco la delincuencia escaló a todo tipo de ilícitos. Hoy existen bandas delicuenciales, pero también individuos que actúan solos robando y asesinando por cualquier cosa, en cualquier circunstancia y a cualquier persona. Es por ello que la opinión pública se volcó en forma casi unánime para exigir que se modifique la estrategia oficial para el combate a la inseguridad y la violencia.
A la voz de la prensa se han unido el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, los partidos de oposición, la Iglesia, el Gobierno de Estados Unidos que lanzó una alerta a sus ciudadanos para que eviten viajar a 30 de las 32 entidades federativas de México, así como diversas asociaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Podrían estar equivocadas tantas voces, sumadas a las de ciudadanos comunes de nuestro país? Una opinión pública tan generalizada no puede estar equivocada.
A falta de dos años de gobierno quizá no es posible implementar una nueva agenda de Seguridad, pero algunas cosas podrían modificarse para bajar sustancialmente los índices negativos. El Gobierno ni siquiera tendría que hacer pública la adopción de nuevas medidas, lo importante es que ponga freno al problema, que éste deje de crecer.
Terminar con la desigualdad como origen del problema, tal como lo plantea el Gobierno, es una plausible meta a muy largo plazo que llevaría decenas de años alcanzar; mientras tanto, la sociedad sufre y pierde la fe en los valores.
Lo mejor es escuchar el grito de la opinión pública ante este flagelo que aflige a nuestro país.
