Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
Ha pasado ya una década desde que Daron Acemoglu y James Robinson, economistas del Tecnológico de Massachussets y de la Universidad de Harvard, respectivamente, publicaron la famosa obra “Por Qué Fracasan los Países” y que abrió una enorme brecha en el debate económico.
Como representantes de la corriente económica del institucionalismo, ambos autores reivindican la importancia crucial de las instituciones para el éxito o fracaso económico de los países. Instituciones que tienen que ver con la protección y vigencia del Estado de Derecho, ejercicio de la democracia, equilibrio de poderes, combate a la corrupción, respeto a los derechos de propiedad, autonomía del Poder Judicial, existencia de vigorosos órganos autónomos, principalmente.
Con un profundo análisis donde se retoman casos nacionales, tanto de Estados Unidos como de países europeos, africanos y latinoamericanos, y se documenta con claridad cómo el tipo de instituciones impulsan o afectan negativamente el desarrollo económico. Las instituciones inspiradas en los principios democráticos incentivan un bienestar económico y social a diferencia de las instituciones autoritarias.
Lo anterior viene a colación para entender el significado de los recientes nombramientos de Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Guillermo Valls Esponda como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eventos que sucedieron al inicio de este nuevo año.
La Suprema Corte de Justicia es parte sustancial del llamado sistema de equilibrio de poderes, institución clave para un sistema democrático, que vigila y sanciona la aplicación de la Constitución y sus leyes, evitando el abuso de los otros poderes. La plena vigencia y el apego a derecho de las instituciones judiciales genera sobre los actores económicos certeza para la toma de decisiones de inversión, garantías para las adquisiciones de activos y el usufructo de los beneficios de una propiedad o de los esfuerzos del trabajo. Su papel es establecer reglas claras y transparentes para todos los inversionistas y para los distintos factores de la producción. El buen accionar de dicha institución permite la existencia de piso parejo para los participantes en el mercado favoreciendo su competitividad, que se cumplan los contratos y evitando el abuso de los poderosos tratando de imponerse por encima de la Ley.
En el mismo sentido es crucial para la generación de incentivos positivos para la economía la vigencia de un Tribunal de Justicia Administrativa que con autonomía y solidez jurídica resuelva las controversias que sucedan entre los privados (personas físicas y morales) con las diferentes instancias gubernamentales. Esta institución es fundamental para los ciudadanos o particulares para poder enfrentar disposiciones y resoluciones de la administración pública que afecte sus intereses, su patrimonio e ingresos.
El impacto que tienen estas instituciones en el crecimiento y desarrollo económico de las naciones ha llevado a incorporar aspectos como Estado de Derecho, Derechos de Propiedad, Independencia del Poder Judicial, Funcionamiento de los Tribunales, y muchos más temas relacionados o vinculados como indicadores de competitividad que elaboran las agencias financieras y especializadas para la promoción de la inversión y el comercio en el mundo.
La señal que México manda al mundo y a la economía con la elección en la Suprema Corte y en el Tribunal de Justicia Administrativa es positiva. El mensaje es de autonomía, de mantener la vigencia de los derechos constitucionales y de los particulares, de no someterse al capricho y a los intentos autoritarios. Iniciamos 2023 con buenas noticias para la economía.
