Por Carlos A. Lara González
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación y la Cultura
@Reprocultura
En 2012 la entonces legisladora del PRD, María Rojo, intentó sacar adelante un proyecto legislativo electorero denominado “Seguridad social para artistas”. Carecía de todo, era un amasijo de ocurrencias financiadas por un fondo (un fideicomiso). Diez años después, la senadora morenista, Susana Harp, intentó revivir ese viejo proyecto, solo que olvidó una cosa: que ella misma, como senadora, había votado, por instrucciones del presidente, la desaparición de los fideicomisos. Al darse cuenta del cómico descuido, dejó el proyecto de lado por un año. En abril de 2022, la diputada del PAN, Genoveva Huerta, presentó una iniciativa encaminada a reformar los artículos 304, 305, 306, 307, 308, 309 y 310 de la Ley Federal del Trabajo. Curiosamente, un año después, en mayo de 2023, la senadora Harp presentó otra idéntica. Coincidencias legislativas.
La primera consideraba “Trabajadores de la cultura y el arte” a las personas que prestan servicios personales de manera subordinada o independiente en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, galerías, museos, salones de fiesta, casas particulares, radio, televisión, salas de doblaje y grabación o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen de la persona trabajadora de la cultura y el arte, se transmita o quede grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que se utilice. Incluía en este universo a actores, músicos, artistas, creadores o gestores culturales, poetas, escritores, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos, bailarines, teatreros, artesanos y, demás personas que crean obras de arte o que participan en su recreación conforme a la legislación aplicable. La iniciativa estaba lejos de ser la solución al problema, pero estaba en estudio para ello.
La segunda considera personas trabajadoras del arte “en general” (sic) “entre otros” (recontrasic): a los actores de teatro, radio, cine, internet, televisión y doblaje; artistas circenses; animadores de marionetas y títeres; coreógrafos e intérpretes de danza; cantantes, instrumentistas, directores, ejecutantes musicales y sonidistas; escenógrafos, tramoyistas e iluminadores, de artes escénicas, de diseño y montaje; autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, compositores, gestores culturales, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos y, en general, a las personas que, teniendo estas calidades, trabajen en circo, radio, teatro, televisión, salas de grabaciones o doblaje, centros nocturnos o de variedades o en cualquier otro lugar donde se presente, proyecte, transmita, fotografíe o digitalice la imagen del artista o del músico o donde se transmita, quede grabada la voz o la música, mediante procedimientos electrónicos, virtuales o de otra naturaleza, y cualquiera que sea el fin a obtener, sea este cultural, comercial, publicitario o de otra especie.
Resulta ocioso tanto empeño porque en esta lógica populista nunca lloverá a gusto de todos, menos ahora que el derecho va detrás de la tecnología y puedo decir que terminó por no considerar a los trabajadores que emergen con las nuevas tecnologías en áreas como la producción y postproducción de bienes y servicios audiovisuales.
Por otro lado, condiciona, como bien apunta Carlos Villaseñor, la categoría de “persona trabajadora del arte en general” a que trabaje en alguno de los espacios señalados en la iniciativa y se pregunta qué sucederá si no trabajan en un espacio escénico. Con relación a la voz, música e imagen que quede registrada, pregunta qué sucedería si lo que se contrata es la producción de obra. El reto sigue siendo comprobar la existencia de una relación laboral personal y subordinada a través de un contrato laboral con las prestaciones de seguridad social que correspondan. Un proyecto de esta naturaleza requiere tiempo y no avaricia electoral.
Por cierto, los creadores artesanales no figuran en esta reforma porque ya están en una ley peor, hecha también por los senadores morenistas; una ley que les prohíbe ser emprendedores porque los quieren como limosneros viviendo de la caridad estatal. Una ley que en dos años nadie ha utilizado y el problema de la apropiación indebida de diseños que querían solucionar, no hace más que aumentar. Y mientras intentan engañar en redes sociales con esta intrascendente reforma que no servirá de nada, el personal que limpia las oficinas, los salones de sesiones y la propia tribuna en la que presentaron la iniciativa, sigue sin prestaciones laborales ni sociales (en el outsourcing), porque también en eso han fracasado, porque en este gobierno la solución está en manos del problema.
