Por Jorge Cabrera
Economista
La Suprema Corte de Estados Unidos se encamina a pronunciarse sobre uno de los legados más polémicos de Donald Trump: los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). El fallo no solo definirá la legalidad de esas medidas, sino que podría sentar un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en política comercial sin intervención del Congreso.
Decretados en un contexto de tensión geopolítica y bajo el argumento de una “emergencia” económica, los aranceles han deteriorado la relación comercial con México y Canadá y han generado incertidumbre en industrias profundamente integradas en las cadenas de valor de América del Norte.
Para México, una eventual anulación significaría un acceso más estable al mercado estadounidense y un respaldo institucional al marco del T-MEC; para Washington, un mensaje claro sobre los contrapesos al uso unilateral de instrumentos extraordinarios.
El debate legal ocurre en un entorno político adverso. Según la Marquette Law School Poll, 58 % de los estadounidenses considera que los aranceles perjudican a la economía, frente a 29 % que cree que ayudan y 13 % que no ve un impacto claro.
Esa percepción negativa se ha mantenido constante en 2025 y 2026, mientras crece la idea de que estas políticas han contribuido al aumento de precios.
No es casual que la economía y la política comercial figuren entre los rubros peor evaluados de la gestión de Trump. Con las elecciones intermedias y presidenciales en el horizonte, la brecha entre el discurso proteccionista y la experiencia cotidiana de los votantes se ha vuelto políticamente costosa.
La disputa judicial tiene, además, una clara dimensión electoral. En estados bisagra del Medio Oeste, como Wisconsin, 55 % de los votantes afirma que los aranceles dañan la economía, frente a apenas un tercio que opina lo contrario. Aunque el respaldo sigue siendo mayoritario entre republicanos, los independientes y demócratas —clave en elecciones cerradas— muestran un rechazo consistente.
En estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, donde el costo de vida y la inflación pesan especialmente en el voto independiente, un fallo adverso podría ser capitalizado por demócratas y republicanos moderados para argumentar que la política comercial debe priorizar crecimiento y estabilidad de precios, no la confrontación.
El escenario opuesto —la validación plena de los aranceles— podría movilizar a la base republicana, pero al costo de reforzar la percepción de daño económico local.
¿Qué tan probable es la anulación? Analistas estiman una probabilidad moderada, de entre 40 y 55 %. A favor pesan las reservas de la Corte sobre el uso expansivo de la figura de “emergencia”, el hecho de que la IEEPA no fue concebida como un instrumento permanente de política comercial, la vigencia del T-MEC y la evidencia de que los costos recaen en empresas y consumidores estadounidenses. En contra, la tradicional deferencia judicial al Ejecutivo en materia de seguridad nacional y la composición conservadora del tribunal.
Más allá del tecnicismo jurídico, el fallo será leído como una definición institucional de fondo: un límite al uso discrecional de la “emergencia” económica, o un precedente que amplía aún más el poder presidencial.
En un mapa electoral ajustado, la pregunta final no es solo si los aranceles sobrevivirán al escrutinio constitucional, sino cuánto está dispuesto a pagar el país —en precios y en votos— por sostenerlos.
