Diana Isabel Camacho Espinoza
Economista
Este año ha estado lleno de sucesos que marcaron el rumbo económico del país, y aunque estamos en la recta final, siguen surgiendo anuncios que vale la pena analizar con detenimiento y, sobre todo, cuestionarnos: ¿cómo nos pueden impactar?
Uno de los más relevantes fue el del pasado 3 de diciembre de 2025, cuando la presidenta Sheinbaum anunció un incremento del 13% al salario mínimo general para 2026: pasará a 315.04 pesos diarios a nivel nacional y 440.87 en la Zona Libre de la Frontera Norte.
Cuando el salario mínimo aumenta por encima de la inflación, ese ajuste debe estar respaldado por un aumento en la productividad —es decir, que las empresas produzcan y vendan más— porque solo así el incremento se sostiene sin generar distorsiones. Si la productividad no crece, entonces el salario sube, pero también los costos laborales, y eso termina reflejándose en mayores precios. Este efecto recae especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo del país y que, a diferencia de las grandes corporaciones, tienen un margen menor para absorber costos adicionales.
No es suficiente con aumentar el salario: se necesitan medidas que prevengan efectos inflacionarios, especialmente en un contexto donde la inflación ya mostró presiones evidentes este año. Además, al elevar los costos laborales, también podría aumentar la informalidad, que actualmente se encuentra en 54.8%, y que en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala y Puebla supera el 71%. Hablar de desarrollo implica aspirar a reducir esas cifras, no a profundizarlas.
Aun así, hay analistas que consideran que este incremento podría beneficiar al país al mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y sin comprometer la estabilidad de empresas exportadoras, cuyo desempeño depende más de la demanda externa que del costo laboral doméstico. Habrá que observar si estos efectos positivos realmente se materializan.
Por otro lado, es importante recordar que hoy la economía mexicana muestra señales claras de estancamiento, enfrenta incertidumbre jurídica y mantiene un nivel elevado de endeudamiento público. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Lerma, ha señalado que el aumento al salario mínimo también favorecerá la recaudación fiscal, lo cual puede darle cierto margen al gobierno en un momento donde la desaceleración económica se hace más evidente.
Para 2026, se estima una ligera reducción de la deuda pública respecto al PIB, pasando de un déficit del 4.3% en 2025 a 4.1%, aunque esto sigue siendo alto. En materia de inversión —debido al entorno de incertidumbre— no se anticipa un aumento. En el ámbito comercial, México entrará en un año crucial por la revisión del T-MEC, que podría redefinir parte de la estrategia económica del país. A ello se suma la derrama económica que generará el Mundial, aunque su impacto será principalmente regional y temporal. Con este panorama, se espera que el PIB crezca alrededor de 1.0% anual, acompañado de presiones inflacionarias derivadas, entre otros factores, del ajuste en precios que comenté previamente.
Muchos elementos están moldeando el rumbo económico de los próximos años. Aunque el escenario presenta retos y claros focos de incertidumbre, también es cierto que la economía ha mostrado resiliencia en momentos complejos. Por ahora, no queda más que seguir analizando la evolución de estas variables y mantener un optimismo informado en este entorno que sigue cambiando rápidamente.
