Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Maestro en Gestión Social y Políticas Públicas y profesor universitario
En México las leyes son perfecta en regular los diferentes temas de la estructura de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Así, hemos operado legalmente con la seguridad de contar con certeza de hacer valer la ley a cabalidad en cada momento y en cada ciclo de la historia por la que ha atravesado México.
En el presente está en la boca de muchos el tema de la triste realidad de la inseguridad pública que está, por desgracia, por cada rincón del país y que, a la sazón, tiene en su cancha la opción a decidir según la autoridad, que acuda a dar su respuesta a favor de las varias solicitudes de auxilio en el tema. Estamos ante una disyuntiva de aplicación del Estado de derecho a través de la praxis del ejercicio de la máxima de hacer cumplir la ley sin distracción y detenimiento. Usted sabe el resultado reciente dado en la llamada de atención de una entidad, de muchas, que ha sufrido la pérdida de su presidente municipal. Los hechos los conoce.
Quisiera escribir palabras alentadoras y románticas de lo bien que estuviera prosperando el país en la economía, inversión, producción, educación, salud pública, y sobre todo en seguridad y demás; pero precisamente no es factible hacerlo, derivado de los acontecimientos próximos pasados que han asolado a la entidad de Michoacán, pero que tenemos pues que exponer y no lo escribo con afán de ridiculizar o siquiera exhibir a nadie, la fallida, la innegable y la indiscutible errática forma de establecer y defender y hacer cumplir el Estado de Derecho según lo describe la Carta Magna de nuestro país. En la inteligencia de que el funcionariado público está para cumplir solo lo que la ley le obliga.
Dejar hacer y dejar pasar a quien sea por encima de las leyes que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿esto es posible?, usted tiene la respuesta, pues hay desolación de lo que mucho mexicanos reclaman: un país con estabilidad y paz social; lejos estamos de lograrlo. Las condiciones no están dadas, como para echarse para atrás en ningún sentido; debe imperar el hacer cumplir el Estado y el Derecho, sea como sea, pues hay una norma que hacer cumplir, y no lo contrario; nos orillamos a pensar que las circunstancias cambian, si eso puede ser, pero el qué y el cómo hacer presente la mano dura con la ley suponemos no debería cambiar ni en un ápice. ¿Acaso falta voluntad, o estrategia?
La construcción de la paz en este país ha costado mucho, en los últimos 200 años, entre unos y otros, entre liberales y conservadores, ricos y pobres, buenos y malos, como usted lo prefiera han peleado por ello, y a pesar de ello, parece que nos enfocamos a no tener sinergias, unión, o quiera usted cualquier otro pretexto para no fincar la voluntad para evitar la división, esta que a veces es provocada por externalidades como la consabida amenaza de inseguridad.
Sin duda que este país necesita lo que proponía Don Porfirio Díaz: paz, orden y progreso, en ese acomodo, sin los cuales será difícil lograr los objetivos de gobernanza, o siquiera gobernabilidad, pues suponemos que se debe aprender de los errores para no regresar a ellos y aquí entra el tema de construir la paz, en buscar la justicia con la amplia convicción de hacerla llegar sin menoscabo de filias ni fobias, en la inteligencia de crear un compromiso de aplicar el justo medio: ni más ni menos. Tiempos vienen que no sabemos su alcance y su trascendencia. Solo esperemos que sean mejores que los próximos pasados: lo deseable es la certeza de las acciones de gobierno, lo posible es lograrlo al alcance de toda posibilidad y por supuesto voluntad. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia. ¡Sursum corda!
