Por Diana Isabel Camacho Espinoza
Economista
¿A dónde se van nuestros impuestos? ¿Para qué estamos recaudando? ¿Realmente existe eficiencia en el gasto público?
Estas son preguntas que, como ciudadanos, deberíamos poder responder con certeza o, al menos, ver reflejadas en nuestro día a día. Sin embargo, no es así.
En las últimas semanas, la recaudación fiscal en el país ha sido un tópico de gran controversia debido a la posible implementación de nuevos gravámenes, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que afectará directamente productos como tabaco, nicotina, bebidas azucaradas, bebidas no calóricas y videojuegos con contenido violento.
Evidentemente, se prevén consecuencias económicas importantes. Por ejemplo, el aumento a las bebidas azucaradas generará un alza en el precio final al consumidor, lo que afectará principalmente a los pequeños comerciantes y, en consecuencia, repercutirá más en los hogares de ingresos bajos que en los de ingresos altos. Sin embargo, esta realidad no se está visibilizando.
Adentrándonos en el tema del incremento de precios, ya se confirmó el primero: la embotelladora Coca-Cola anunció que elevará sus precios hasta un 10%, sin considerar aún el efecto de la inflación. En caso de que se lleve a cabo la implementación de estos impuestos, habrá que observar cómo se comporta la elasticidad del mercado, es decir, la reacción de la demanda ante una variación en el precio.
Esta probable recaudación se presenta como una solución con el propósito de generar un presupuesto orientado a la salud pública, pero en realidad actúa como anestesia fiscal: se evita el dolor, pero no se cura la raíz del problema. Además, ni siquiera se destinará esa recaudación a un fondo de salud, como previamente se había anunciado.
Se busca mayor recaudación, pero no mayor eficiencia. Nuestros impuestos no se ven reflejados en la calidad de vida de los mexicanos, por lo que retomo las preguntas iniciales:
¿Realmente para qué estamos recaudando?
¿Estamos recaudando para mejorar los ingresos públicos y fortalecer el bienestar de la población, o simplemente para subsidiar un gasto más político que social?
En teoría, lo recaudado debería fortalecer los sistemas de salud pública. Sin embargo, no hay certeza de que eso se cumpla. Lo que sí sabemos con exactitud es que, para 2026, el presupuesto destinado a programas sociales asciende a más de 987 mil millones de pesos, equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto demuestra que la recaudación parece orientarse más a mantener una fortaleza política que a fortalecer sectores clave como salud, educación, vivienda o, sobre todo, seguridad, que tanta falta nos hace.
Aún se requiere que el Senado de la República ratifique esta implementación, aunque lo más probable es que así ocurra. Actualmente, México recauda sin rumbo y su política fiscal funciona como anestesia: busca aliviar momentáneamente el déficit, pero no logra curar los problemas estructurales. No necesitamos más impuestos; lo que se requiere es una política de gasto público verdaderamente eficiente y con visión de largo plazo.
