Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
La transparencia no debería ser una cortina, sino un espejo donde el poder se vea reflejado. En Jalisco, la iniciativa del gobernador Pablo Lemus para sustituir al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI) abre una pregunta central: ¿quién rendirá cuentas cuando el propio vigilante desaparece?
Durante más de dos décadas, el ITEI fue ese contrapeso que obligó a dependencias públicas, organismos autónomos y entidades estatales a justificar sus decisiones frente al ciudadano. Aunque imperfecto, representaba una línea de defensa ante la opacidad política. Hoy, su disolución preocupa no solo por el fondo jurídico, sino por el vacío institucional que podría dejarse en un momento donde la rendición de cuentas es más necesaria que nunca.
El ITEI nació en 2004 como organismo público autónomo, con la misión de garantizar el acceso ciudadano a la información generada con recursos públicos. Supervisaba a más de 580 sujetos obligados, entre poderes del Estado, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y entes que reciben dinero público. Su existencia fue una conquista ciudadana, no una concesión del poder.
El argumento oficial para su desaparición sostiene que se busca “fortalecer” la transparencia mediante un modelo más moderno, eficiente y con menor costo. Sin embargo, la historia política reciente demuestra que cuando la fiscalización se concentra en el Ejecutivo, la transparencia se diluye. Si el órgano que debe vigilar al poder termina dependiendo de él, el riesgo no es administrativo, sino democrático. Los números respaldan su relevancia. De 2018 a 2024, el ITEI resolvió más de 12 mil recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Tan sólo en 2023 emitió más de 1,100 resoluciones, y en múltiples ocasiones determinó sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. No eran simples oficios: eran decisiones que impactaban en cómo se gasta el dinero público y cómo se ejerce el poder.
En junio de 2025, el Congreso de Jalisco aprobó el dictamen para extinguir el ITEI con 27 votos a favor y 8 en contra, otorgándole tres meses de operación transitoria mientras se crean las leyes secundarias que definirán su sustituto. El decreto establece que las funciones de acceso a la información y protección de datos pasarán a la Contraloría del Estado y a los órganos internos de control. Pero esta sustitución implica una subordinación directa al Ejecutivo, rompiendo con el principio de autonomía que da legitimidad a la transparencia.
A nivel nacional, el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y el INEGI estiman que gracias a las solicitudes de información pública se han detectado irregularidades por más de 4,000 millones de pesos en la última década. En Jalisco, el propio ITEI generó decenas de sanciones y procedimientos por incumplir con la publicación de información fundamental. Es decir, su función tenía consecuencias reales y medibles.
La pregunta de fondo no es si el ITEI fue perfecto, porque no lo fue, sino si el modelo que lo sustituirá lo superará en independencia, capacidad y rigor. Si la transparencia se centraliza, ¿quién garantizará que la información no se filtre, se manipule o se oculte bajo el argumento de “eficiencia operativa”? ¿Quién revisará al revisor?
El acceso a la información no es un lujo burocrático: es una herramienta que ha permitido a periodistas, académicos y ciudadanos documentar casos de corrupción, malversación de fondos y conflictos de interés. Sustituir un organismo autónomo por una oficina dependiente del gobierno es como pedirle al árbitro que juegue para uno de los equipos.
Jalisco ha presumido ser pionero en innovación gubernamental y gobierno abierto. Pero esa narrativa se derrumba si la transparencia se convierte en un trámite interno, controlado por los mismos actores que deben rendir cuentas. No se trata de plataformas ni de bases de datos: la confianza ciudadana solo se construye con instituciones fuertes, no con discursos bien editados. Desaparecer el ITEI sin un organismo sucesor verdaderamente autónomo sería un retroceso de más de veinte años en materia de acceso a la información. En tiempos donde la sociedad exige claridad y el poder busca legitimidad, la transparencia no puede ser una concesión, sino una obligación innegociable.
Porque al final, la verdadera transparencia no se decreta: se defiende.
