Por Diana Isabel Camacho Espinoza
Economista
El pasado 24 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la Sesión Ordinaria, en la que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Paquete Económico 2026.
Este documento marca la pauta para las proyecciones macroeconómicas del país: ¿en qué se va a priorizar el gasto público? y, a su vez, ¿cómo se va a financiar? En la ILIF (Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación) se detallan los ingresos previstos, mientras que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se definen los gastos.
Hay mucho que discutir en materia económica, pero sobre todo en el terreno presupuestario, a raíz de que se dio a conocer cómo estaría constituida la ruta financiera de México para el siguiente año. Con base en lo que presentó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la Cámara de Diputados, la pregunta es inevitable: ¿qué nos llama la atención del Paquete Económico?
Primero, hay que dividirlo en dos secciones para comprender mejor la distribución que tendrá el erario federal: gastos e ingresos.
Gastos. Aquí nos basamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde aparecen dos rubros principales. El primero es Pemex, que, como ya sabemos, cuenta actualmente con un amplio respaldo gubernamental y, por ende, absorbe su deuda. Sin embargo, la intención es que para 2027 Pemex pueda salir a flote por sí solo. Mientras tanto, el gobierno propone una inyección de capital de 263.5 mil millones de pesos para 2026, casi el doble del año pasado.
Por otro lado, tenemos el gasto destinado a programas sociales, que asciende a 987,160 millones de pesos. Lo que sí está subfinanciado es salud, con únicamente 2.6% del PIB, cuando lo recomendado es al menos 6%. Esto se refleja claramente en la demanda en farmacias y, sobre todo, en el gasto de bolsillo de las personas, el cual ha aumentado 40% desde 2020. En educación se plantea un gasto de 1.1 billones de pesos; aunque se observa un incremento este año, no es suficiente considerando las necesidades actuales del país.
En cuanto a la inversión pública, esta sigue siendo la variable de ajuste y permanece muy por debajo de los porcentajes recomendados, ya que solo aumentará 10%.
Ingresos. Las proyecciones sobre ingresos descansan principalmente en un aumento de impuestos especiales: gravámenes a refrescos y bebidas azucaradas. También se plantea un incremento en la tasa de retención del ISR, de 0.50 a 0.90, lo cual generó gran controversia. Se supone que la intención es que la retención se realice desde el principio y se devuelva en la declaración anual. En teoría, por cada mil pesos de capital que generen intereses, la institución financiera retendrá nueve pesos anticipadamente. Sin embargo, esto no resuelve el déficit fiscal ni reduce la deuda.
Considero, además, que algunos de estos impuestos (como los aplicados al tabaco y a los refrescos), tienen repercusiones negativas para los pequeños comerciantes, especialmente las tienditas que dependen de estos productos como artículos clave de venta.
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Paquete Económico debe discutirse en ambas cámaras: en la de Diputados antes del 20 de octubre y en la de Senadores antes del 31. Una vez aprobado en ambas, la Cámara de Diputados debe ratificar la parte del gasto a más tardar el 15 de noviembre.
Cabe destacar que este es el mayor porcentaje destinado al pago de compromisos financieros desde 1996, tras la crisis económica de 1994. Por ello, debemos considerar seriamente una reforma fiscal integral. Con base en lo que se presentó surge la pregunta: ¿realmente estamos invirtiendo a futuro? Los análisis realizados sobre el Paquete Económico permiten concluir que la principal prioridad sigue siendo resolver el presente, aunque ello comprometa evidentemente al país en el largo plazo.