Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
La célebre frase de Marco Tulio Cicerón «Seamos esclavos de las leyes, para poder vivir en libertad», sintetiza un ideal que ha resonado a lo largo de más de dos milenios: la libertad verdadera no es ausencia de límites, sino la existencia de un marco normativo justo, acatado por todos, que protege al individuo y a la comunidad de la arbitrariedad. Esta concepción, profundamente enraizada en la tradición republicana, plantea que el respeto a la ley no es un sacrificio de la libertad, sino su condición esencial.
El Estado de Derecho es el fundamento de las sociedades modernas, donde el poder político se subordina a la ley y opera dentro de sus límites. En las democracias, esto significa que la autoridad emana de un marco jurídico colectivo que salvaguarda los derechos fundamentales, y no de la voluntad de individuos o grupos.
México, bajo su actual gobierno, es un claro ejemplo para analizar la aplicación de este principio. En un contexto de concentración del poder político, reformas judiciales significativas, tensiones internacionales y desafíos en materia económica y de seguridad, la función de la ley como pilar de la libertad se vuelve crucial.
En este artículo analizamos el sentido de la frase de Cicerón y su vínculo con la relación entre ley y poder en una democracia; examinamos la situación actual de México y los factores que desafían ese equilibrio, y planteamos propuestas para reforzar la supremacía de la ley como fundamento de la libertad.
Cicerón, en tiempos de crisis de la República romana, argumentaba que la ley era la «razón universal» que debía guiar tanto a líderes como a ciudadanos. Al decir que debíamos ser «esclavos de la ley», no se refería a una servidumbre opresiva, sino a un acto voluntario de obediencia a normas justas. Esta obediencia era, para él, la clave para proteger un bien mayor: la libertad colectiva.
Esta idea presenta una aparente paradoja: la obediencia a la ley no restringe la libertad, sino que la garantiza. Sin un marco legal sólido, la sociedad queda vulnerable al abuso y a la ley del más fuerte. Por lo tanto, una comunidad que se rige por normas consensuadas disfruta de mayor seguridad y libertad que aquella sin reglas claras.
En la perspectiva de Cicerón, la ley no es simplemente un conjunto de reglas impuestas por el Estado, sino la manifestación de una justicia natural, es decir, las leyes genuinas deben basarse en la razón y la naturaleza, y que aquellas que contradicen la justicia no pueden ser consideradas verdaderas leyes. Por lo tanto, el respeto a la ley no implica una obediencia ciega, sino el reconocimiento y la adhesión a un orden que defiende la dignidad y los derechos humanos. Este pensamiento conecta directamente con el constitucionalismo y los derechos fundamentales de la era moderna.
En un Estado democrático, la supremacía de la ley significa que el poder político se somete al orden jurídico como un verdadero mecanismo de control. Esto exige que las acciones y decisiones del gobierno se apeguen a la ley, y cualquier acto ilegal puede ser impugnado y anulado. Esta supremacía se basa en una Constitución que, además de organizar el poder, protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso de las decisiones de la mayoría. Así, la democracia no es sólo el gobierno de la mayoría, sino un sistema donde la ley protege los derechos de las minorías y pone límites al poder.
El poder político, por naturaleza, tiende a expandirse, por lo que la ley actúa como un freno necesario. La ley no sólo limita lo que el poder puede hacer, sino que también lo orienta al definir los objetivos legítimos del Estado, como la seguridad, la justicia y el bienestar social. Es, en esencia, un mapa que guía y un muro que protege.
Un principio clave para mantener este balance es la división de poderes. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben funcionar como contrapesos para evitar la concentración de poder. Si un poder subordina a los demás o captura las instituciones de control, el Estado de derecho se debilita. La historia nos ha enseñado que, sin estos contrapesos, la ley puede ser manipulada para servir a intereses privados o del gobierno en turno, poniendo en riesgo la libertad de todos.
Las elecciones de 2024 consolidaron una mayoría calificada para Morena en el Congreso, lo que ha permitido al Gobierno impulsar reformas profundas, incluyendo cambios constitucionales significativos. Entre las más controvertidas está la Reforma Judicial que introdujo la elección popular de jueces federales, incluidos ministros de la Suprema Corte. Si bien esta medida se presentó como una democratización del sistema de justicia, sus críticos señalan riesgos de politización y debilitamiento de la independencia judicial. La baja participación (13%) en las elecciones judiciales de 2025 refleja una limitada conexión ciudadana con el nuevo modelo.
En el plano internacional, la relación con Estados Unidos ha estado marcada por tensiones relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y la migración. La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Washington generó una respuesta contundente; la Presidenta Sheinbaum ha reafirmado la negativa a cualquier intervención militar extranjera. Este escenario recuerda que la ley interna y el derecho internacional funcionan como marcos para regular el uso del poder, incluso frente a potencias externas. Sin embargo, la presión económica y comercial —incluyendo aranceles— plantea dilemas complejos sobre cómo equilibrar soberanía y cooperación.
La extradición de presuntos capos en agosto de 2025 y la persistencia de la violencia en estados como Guanajuato y Sinaloa muestran que el crimen organizado sigue siendo una amenaza grave para el Estado de derecho. En contextos donde el poder criminal disputa territorios y ejerce control social, la ley pierde eficacia y legitimidad, afectando directamente la libertad de las personas.
El crecimiento económico proyectado para 2025 es de apenas 0.2%, con señales de estancamiento e incertidumbre para la inversión. Parte de esta desconfianza se relaciona con la percepción de debilitamiento de los contrapesos institucionales, lo que aumenta el riesgo de decisiones discrecionales que afecten el marco jurídico y económico.
En el México actual, la noción de «ser esclavos de la ley para ser libres» se ve comprometida por diversos factores que debilitan el Estado de derecho. La concentración política afecta la independencia del Poder Judicial y de los contrapesos, mientras que la politización de la justicia erosiona su imparcialidad. A esto se añade la violencia criminal, que impone su propia «ley» en ciertos territorios, desplazando a la autoridad estatal. Por último, las presiones externas pueden forzar decisiones rápidas que no siempre se alinean con el marco legal del país. Estos elementos en conjunto impiden que la ley garantice los derechos y limite el poder, afectando directamente la libertad y la seguridad de la sociedad.
Para fortalecer el Estado de derecho en México, aunque esto sea sólo un buen deseo, es fundamental un blindaje constitucional que asegure la independencia judicial frente a la política, así como el fortalecimiento de las instituciones autónomas para que actúen como contrapesos efectivos. En el ámbito de la seguridad, se requiere una reforma integral que combine estrategias policiales, inteligencia financiera y el apoyo comunitario. Además, es esencial la educación cívica y legal para que los ciudadanos comprendan su rol en la defensa de la ley y la democracia. Finalmente, la transparencia radical en la designación de autoridades judiciales y regulatorias es crucial para garantizar que se elija a los candidatos más calificados, evitando así la influencia de intereses políticos.
El principio de Cicerón de que la libertad depende de leyes justas y universalmente respetadas sigue siendo crucial en el México de 2025. El país se enfrenta a desafíos como la violencia, la fragilidad económica, las tensiones internacionales y profundas reformas institucionales que amenazan este ideal. Cuando la ley es sometida al poder político o criminal, la libertad se convierte en un privilegio para unos cuantos. No obstante, si la sociedad y sus instituciones se comprometen a colocar una ley justa y legítima por encima de cualquier interés particular, la visión de Cicerón puede servir como guía para asegurar un futuro democrático para la nación.
