Por Edith Roque
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SIN Nivel 1
En el debate público mexicano se ha instalado una simplificación peligrosa y funcional al poder: cuando la ciudadanía se organiza y exige, se le etiqueta. Si cuestiona, es “oposición”. Si documenta abusos, es “adversaria”. Si propone cambios normativos, “tiene agenda política”. Esa narrativa no es inocente. Desplaza la discusión del contenido hacia la descalificación del actor. Sustituye el argumento por la sospecha. Y erosiona, de manera silenciosa, el espacio cívico.
Esta lectura no solo es conceptualmente imprecisa; es jurídicamente insostenible y democráticamente empobrecedora. El artículo 1º constitucional reconoce la obligación del Estado de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos la libertad de asociación y la libertad de expresión. Organizarse, incidir y vigilar no son actos de insurgencia institucional; son expresiones legítimas del diseño constitucional. La crítica no convierte en enemigo. La participación no convierte en partido.
La sociedad civil no es un partido político, porque no compite por el poder electoral ni busca ocupar cargos de representación. Tampoco es un apéndice del gobierno, porque su legitimidad no deriva de la autorización administrativa, sino de la libre asociación ciudadana. Es el espacio intermedio —y vital— entre el Estado y el mercado, donde la ciudadanía se organiza, de manera formal o espontánea, para actuar en beneficio público.
En ese espacio se deliberan problemas, se articulan demandas y se generan soluciones que no siempre nacen en las oficinas públicas. La sociedad civil organizada estructura, investiga y propone. La no organizada moviliza, visibiliza y presiona. Ambas formas son parte del mismo fenómeno democrático: ciudadanía activa.
Reducir esa complejidad a una etiqueta partidista revela una comprensión estrecha del pluralismo político. En democracia, la sociedad civil no es neutral en el sentido de indiferente; es independiente en el sentido de autónoma. Puede coincidir o discrepar con gobiernos sin que ello la convierta en instrumento de una fuerza política.
Confundir incidencia con militancia es un error analítico. Incidir significa participar en la definición de políticas públicas, aportar evidencia, proponer reformas, exigir rendición de cuentas. Eso es participación democrática. Militancia partidista implica adhesión orgánica a una estructura electoral con fines de competencia política. Son planos distintos, con regulaciones distintas y responsabilidades distintas.
La tentación de etiquetar surge, muchas veces, de la incomodidad que genera el escrutinio. Pero la democracia no está diseñada para la comodidad del poder. Está diseñada para el equilibrio.
La sociedad civil no es enemiga del Estado; es su contraparte necesaria. No es accesoria; es constitutiva del orden democrático. No es partidista por naturaleza; es ciudadana por definición.
Conviene distinguir. Porque cuando dejamos de distinguir, empezamos a deslegitimar. Y cuando deslegitimamos a quienes vigilan, defendemos menos democracia de la que creemos proteger.
Si la sociedad civil no es partido ni enemigo, entonces ¿qué es en términos jurídicos? Es, ante todo, una expresión estructural del pluralismo democrático. La Constitución mexicana no diseña un modelo de ciudadanía pasiva, sino uno de ciudadanía activa. El artículo 1º impone a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo principios de progresividad y no regresividad. Entre esos derechos se encuentran la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos.
Estos derechos no operan en abstracto. Se materializan precisamente cuando ciudadanos se organizan para defender causas, fiscalizar decisiones públicas o proponer reformas normativas. Negar legitimidad a esa organización equivale a vaciar de contenido el diseño constitucional.
El Estado democrático no se agota en la representación electoral. Se completa con mecanismos de control social, participación y deliberación pública. La sociedad civil es uno de esos mecanismos. Sin ella, el poder se ejerce sin espejo.
En Jalisco existe una arquitectura institucional poco común en el contexto nacional: el Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. No se trata de una oficina administrativa ni de un consejo honorífico. Fue concebido como un órgano de vinculación entre los tres Poderes del Estado, los municipios y las organizaciones registradas, con atribuciones para elaborar el Plan Estatal de Fomento, emitir opiniones técnicas y participar en la evaluación de políticas públicas relacionadas con el sector.
Su diseño responde a una premisa sofisticada: la política pública no debe construirse en aislamiento burocrático. La sociedad civil no es únicamente ejecutora de programas; es coproductora de diagnóstico, seguimiento y evaluación. En términos teóricos, el Comité encarna un modelo de gobernanza deliberativa.
Gobernar con sociedad civil, no a pesar de ella
Si la discusión sobre la nueva ley de fomento en Jalisco quiere trascender la coyuntura, debe formularse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué modelo de relación desea el Estado con la ciudadanía organizada?
Existen, en términos prácticos, dos caminos. El primero es el modelo de control: supervisión rígida, carga administrativa elevada, participación consultiva no vinculante y una narrativa pública que mantiene distancia y sospecha. Es un modelo que privilegia la gestión del riesgo político sobre la construcción de confianza.
El segundo es el modelo de corresponsabilidad: reglas claras, simplificación administrativa real, participación técnicamente vinculante en diseño y evaluación de políticas públicas, y garantías expresas contra represalias institucionales. Es un modelo que entiende que la legitimidad se construye compartiendo el espacio deliberativo.
La propuesta de reforma en Jalisco contiene elementos que pueden inclinar la balanza hacia este segundo modelo: reconocimiento de autonomía, prohibición de represalias, fortalecimiento del Comité como órgano intersectorial. Pero el texto normativo no es suficiente. La implementación es el verdadero termómetro democrático.
Una primera acción concreta sería establecer plazos máximos obligatorios para trámites de registro y renovación, con silencio administrativo positivo. Una segunda acción sería dotar al Comité de Fomento de mecanismos de evaluación independientes sobre asignación de recursos públicos, con criterios técnicos y trazabilidad presupuestal. Una tercera acción sería incorporar esquemas de coinversión social con participación empresarial bajo estándares de impacto medible. La colaboración tripartita —Estado, sociedad civil y sector privado— no diluye responsabilidades; las distribuye con mayor eficiencia. Y una cuarta acción —menos técnica pero más estructural— sería abandonar la narrativa de sospecha. La crítica no erosiona gobernabilidad; la falta de escucha sí.
Un punto incómodo
Fortalecer la sociedad civil no implica idealizarla. Las OSC deben sostener estándares elevados de transparencia, profesionalización y rendición de cuentas. La legitimidad moral se refuerza con consistencia administrativa.
La confianza es bidireccional. El Estado debe garantizar condiciones de autonomía; las organizaciones deben cumplir con obligaciones legales y éticas. El pluralismo democrático exige responsabilidad compartida.
Pero la crítica estructural no puede confundirse con descalificación generalizada. No se combate la opacidad con sospecha indiscriminada.
Jalisco tiene hoy una oportunidad histórica. Puede consolidar un modelo de fomento que sea referente nacional en gobernanza colaborativa, o puede reforzar una lógica de administración cautelosa del espacio cívico.
La diferencia no estará en la retórica legislativa, sino en el espíritu con el que se interprete y aplique la norma.
La sociedad civil organizada y la espontánea son expresiones distintas de una misma ciudadanía activa. Una estructura y planea; la otra irrumpe y moviliza. Ambas equilibran al poder. Ambas recuerdan que la legitimidad no se agota en el mandato electoral.
La democracia no está diseñada para la comodidad del gobierno. Está diseñada para el equilibrio entre autoridad y participación.
Reducir a la sociedad civil a “actor político disfrazado” no solo empobrece el debate; debilita el tejido institucional que sostiene la vida pública. Una sociedad civil fuerte no debilita al Estado. Lo obliga a ser mejor, a justificar decisiones, a transparentar procesos.
En última instancia, el dilema no es jurídico, sino político en su sentido más noble: ¿preferimos una democracia administrada o una democracia participativa?
Si la respuesta es la segunda, entonces la conclusión es clara. Defender, fortalecer y respetar a la sociedad civil no es una concesión estratégica. Es una obligación constitucional y una inversión en estabilidad institucional.
Porque cuando el poder acepta el escrutinio organizado, no pierde autoridad. Gana legitimidad. Y en tiempos de desconfianza pública, la legitimidad es el recurso más escaso —y más valioso— de la vida democrática.
