Por Jorge Cabrera
Maestro en Economía y Política Internacional CIDE
México se aproxima a la renegociación más relevante de su relación económica con Estados Unidos en las últimas décadas. Sin embargo, el clima político previo a este proceso revela una señal preocupante: persiste una mayor inclinación a evitar fricciones con Washington que a defender de manera clara y estratégica los intereses nacionales.
Claudia Sheinbaum llegará a 2026 con una ventaja estructural inédita en la historia reciente de la relación bilateral, pero también con el riesgo de dilapidarla por exceso de prudencia, inercia política o temor al conflicto.
Durante 2025, Donald Trump recurrió al incremento de aranceles y a la tensión comercial como instrumentos de presión política, contribuyendo al deterioro del comercio global y afectando incluso a la economía estadounidense. Este enfoque, lejos de fortalecer su posición, expuso una vulnerabilidad fundamental: la creciente dependencia de Estados Unidos respecto a México.
La eventual ruptura o debilitamiento del T-MEC no solo tendría costos significativos para la economía mexicana, sino que impactaría de manera directa en la inflación estadounidense, el empleo industrial y la estabilidad política interna del propio Trump. Se trata de una realidad ampliamente conocida, aunque escasamente verbalizada en el discurso oficial.
Pese a ello, México continúa comportándose como si su principal objetivo fuera asegurar la continuidad del tratado bajo cualquier condición. El problema central no radica en Trump —cuya estrategia de presión, amenaza y vinculación del comercio con temas como migración, narcotráfico o ciclos electorales es ampliamente predecible—, sino en la disposición mexicana a aceptar ese marco de negociación sin cuestionarlo. La verdadera novedad política no sería una nueva amenaza estadounidense, sino que México decidiera, por primera vez, imponer condiciones claras.
En el contexto actual, México ya no ocupa la posición del socio débil. Es el principal proveedor comercial de Estados Unidos, un eslabón crítico de sus cadenas industriales y la alternativa más viable frente a la dependencia de China. Cualquier debilitamiento significativo de México en esta ecuación tendría costos directos para la economía estadounidense. Sin embargo, el discurso oficial mexicano continúa anclado en una cautela extrema que no reconoce plenamente este cambio en la correlación de fuerzas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda un capital político relevante, pero también una herencia ambigua: la confusión entre dignidad diplomática y repliegue estratégico. Durante años se promovió la idea de que evitar la confrontación era sinónimo de inteligencia política. En el escenario actual, esa lógica puede resultar no solo insuficiente, sino contraproducente.
Desde una perspectiva técnica, la renegociación del T-MEC no puede abordarse mediante consignas, gestos simbólicos ni silencios diplomáticos. Requiere una estrategia basada en el ejercicio del poder, acompañada de una disposición explícita al conflicto controlado. Quienes conocen los patrones de negociación de Trump coinciden en que cualquier señal de continuidad acrítica será rápidamente interpretada como debilidad, abriendo la puerta a presiones crecientes y sin costo para la contraparte.
Contrario a ciertas percepciones, el momento actual es idóneo para relanzar el nearshoring como herramienta de negociación. La inseguridad, la falta de certidumbre jurídica y las carencias de infraestructura han llevado a México a desaprovechar parcialmente esta oportunidad. Sin embargo, el nearshoring representa una transferencia de valor estratégico hacia Estados Unidos: reduce su inflación, mitiga riesgos geopolíticos y preserva empleos en regiones políticamente sensibles. Ese valor no se concede; se negocia.
Si el gobierno mexicano no exige mecanismos efectivos contra aranceles unilaterales, procesos de consulta obligatorios y reglas claras de operación, incurrirá en un error histórico: disponer de poder de negociación y optar por no ejercerlo. Trump, previsiblemente, insistirá en utilizar el T-MEC como herramienta de chantaje recurrente, alternando entre migración, fentanilo o coyunturas electorales. Aceptar esta lógica implica transformar un acuerdo comercial en un instrumento de presión política permanente.
En este punto no existe una solución intermedia. O México separa de manera explícita el comercio del chantaje político, o acepta convivir bajo una amenaza constante. No trazar líneas rojas no es una expresión de pragmatismo, sino una forma de rendición anticipada.
Conviene además recordar que Estados Unidos no se reduce a la figura presidencial. El poder real está distribuido entre gobernadores, congresistas, sindicatos y actores empresariales que tampoco desean un T-MEC debilitado, pues ellos asumirían gran parte de los costos económicos y sociales. Activar este frente no es un gesto de confrontación, sino una estrategia de negociación madura.
Claudia Sheinbaum enfrenta una decisión que probablemente definirá su presidencia con mayor profundidad que muchas reformas internas. Puede limitarse a administrar el tratado y asegurar una estabilidad política de corto plazo, o puede renegociarlo desde una posición de fuerza y redefinir la relación estructural entre México y Estados Unidos. No hacerlo no será un error técnico. Será una decisión política con consecuencias históricas.
