Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
El resalgo acumulado por años en materia de servicios, infraestructura y equipamientos y que se sigue incrementando año con año, nos lleva a reflexionar sobre cuáles son las prioridades de las administraciones públicas de los diferentes niveles y órdenes de gobierno en materia de inversión pública que permita abatir estos rezagos, pero, además, que conserve, le de mantenimiento y, en su caso, restituya los ya existentes.
Vivimos en un país con grandes contrastes, desigual, con múltiples necesidades básicas que hoy, para poder hablar de comunidades, ciudades o estados más igualitarios encaminados hacia una sustentabilidad, se tendría que cambiar la práctica del cambio de prioridades cada tres o seis años.
Las desigualdades inician con la falta de oportunidades de desarrollo de los habitantes, donde un componente indispensable es la calidad de vida de la población; las obras públicas son un componente indispensable para proporcionar bienestar, contar con servicios públicos eficientes como alumbrado público, agua potable, electrificación, caminos adecuados, espacios para educación o los servicios de salud con calidad, son estratégicos para combatir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la población.
No se entiende que, por un lado, vemos grandes inversiones o despilfarros en obras de cuestionable utilidad y, por otro, vemos necesidades básicas de agua potable, electrificación o vías de comunicación entre comunidades. Parece increíble que las personas tengan que caminar kilómetros para conseguir su vital líquido o los niños hagan grandes recorridos en caminos polvorosos o lodosos para asistir a su escuela; comunidades sin servicios de salud básica a unos cuantos metros de las ciudades.
Por supuesto que atacar los rezagos acumulados requiere de grandes inversiones, pero el país los genera, simplemente los administran mal y para ejemplo gobiernos que su discurso fue que nos “enseñáramos a administrar la abundancia”; señal de que había recursos económicos extraordinarios gracias al petróleo, y aun así no se combatió la desigualdad, simplemente se dilapidaron, gobiernos populistas e irresponsables sin el menor sentido social.
¿Quién vigila la justa distribución del gasto público, las prioridades para combatir a un país o estado desigual? ¿Quién programa las obras y le destina los recursos para combatir la desigualdad? ¿Quién programa las obras, los equipamientos y su mantenimiento?
Valdría la pena revisar y cuestionar a las instituciones del Poder Ejecutivo encargadas de la programación de los recursos, ya sean federales, estatales o municipales, y el papel de sus dirigentes; qué tanto compromiso social tienen para con sus gobernados o solo les interesa el poder por el poder mismo y los negocios que pueden hacer al amparo del puesto.
Pero también habrá que cuestionar a los poderes Legislativos, tanto federal o estatales, así como a los regidores de los ayuntamientos en cuanto a su compromiso con sus representados; de ellos dependen las autorizaciones de los presupuestos del Ejecutivo y pareciera que no revisan los presupuestos dado que no asignan o reasignan partidas presupuestales para combatir las desigualdades de manera efectiva y, más aún, dónde están los órganos de control de este poder para que se verifique que se lleven a cabo. Pareciera que estos representantes populares actúan más por consigna de su jefe máximo o líder que en ver las necesidades de sus representados.
Se requiere gobernantes comprometidos con sus representados en mejorar las condiciones básicas de vida, programas ambiciosos de inversiones en materia de obra pública que ayuden a combatir la desigualdad y mejoren la calidad de vida de los habitantes, y no inversiones de obras de relumbrón o elefantes blancos que, dicho sea de paso, también a través de los años hemos acumulado.
