Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
México está entrando a un proceso electoral que pocos comprenden, pero que definirá el rumbo del poder en los próximos años. No se trata solo de elecciones, sino de un rediseño profundo de las reglas, los actores y las instituciones. Mientras los tribunales ajustan criterios, los órganos electorales redefinen lineamientos y los partidos se reposicionan, la ciudadanía observa desde fuera un sistema que cada vez entiende menos. Y en medio de esta complejidad, una idea se vuelve evidente: atiborrar de reglas no significa tener más democracia.
En las últimas semanas, el sistema electoral ha sido sacudido por decisiones que reflejan esta nueva realidad. En Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha tenido que modificar lineamientos en materia de paridad e inclusión tras resoluciones del Tribunal Electoral estatal, en un contexto donde los medios locales han documentado decenas de impugnaciones acumuladas en un solo proceso, evidenciando que las reglas no solo se construyen, sino que se litigan permanentemente.
A nivel federal, la transformación es aún más profunda. La reforma judicial abrió la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros. En total, 881 cargos del Poder Judicial serán sometidos a votación, en un modelo inédito que mezcla evaluación técnica, filtros políticos y competencia electoral directa. Nunca antes el sistema había colocado tal volumen de decisiones jurisdiccionales en manos del voto ciudadano.
Las nuevas disposiciones buscan, en teoría, fortalecer la representación y garantizar inclusión. Sin embargo, en la práctica han trasladado gran parte de la competencia política a los tribunales. No es menor: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve miles de asuntos cada año, con picos superiores a los 20 mil expedientes en procesos electorales recientes.
Lo que confirma que la política ya no se disputa solo en territorio, sino en sede judicial. Pero el problema de fondo no está en la cantidad de normas, sino en lo que no se está exigiendo. Se discuten criterios de paridad, acciones afirmativas y requisitos formales, pero poco se habla de la calidad de quienes buscan gobernar. ¿Dónde está la exigencia real sobre los perfiles de los candidatos?, ¿Dónde está la evaluación pública de su capacidad, su preparación y su trayectoria?
Los partidos políticos, que son entidades financiadas con recursos públicos, siguen siendo el origen de la mayoría de las candidaturas. Tan solo en 2025, los partidos políticos en México recibieron más de 10 mil millones de pesos en financiamiento público, sin que ese recurso esté condicionado de manera efectiva a la calidad o preparación de sus candidatos. El sistema permite que cualquier persona llegue a competir por cargos de alta responsabilidad sin que exista una evaluación estructural de su idoneidad. Se exige cumplir con requisitos legales, pero no necesariamente con capacidades reales. Se valida el registro, pero no el perfil. Se cuida la forma, pero no el fondo. No es menor: para registrar un nuevo partido político se requieren más de 256 mil afiliados y al menos 200 asambleas distritales, pero para postular candidatos a cargos públicos no existe un estándar equivalente de exigencia en preparación o experiencia.
Esta es la contradicción central del momento político: un sistema cada vez más regulado en lo normativo, pero profundamente laxo en lo sustantivo. Se construye una arquitectura electoral compleja, pero se descuida la calidad de quienes la operan desde el poder. A esta problemática se suma la creciente judicialización del proceso. La política ya no se disputa exclusivamente en territorio, sino en tribunales, acuerdos técnicos y resoluciones jurídicas. Incluso, el propio tribunal electoral ha sostenido criterios para limitar la intervención de amparos en materia electoral, reforzando su control sobre los procesos, pero también elevando la complejidad del sistema para el ciudadano común.
Y ahí está el riesgo. Porque una democracia no se mide por la cantidad de reglas que tiene, sino por la calidad de sus decisiones y de quienes las ejecutan. Cuando el enfoque se centra en cumplir requisitos y no en garantizar perfiles, el sistema puede volverse formalmente correcto, pero materialmente deficiente. Rumbo a 2027, el desafío no es solo electoral, es estructural. No basta con redefinir reglas si no se redefine también la exigencia sobre quienes aspiran a gobernar. No basta con abrir espacios si no se garantiza que quienes los ocupan tengan la capacidad para hacerlo.
El nuevo tablero electoral ya está en marcha. Pero la pregunta de fondo sigue sin responderse: ¿quién está evaluando a quienes buscan gobernar? Porque si los partidos no rinden cuentas sobre sus candidatos, si no existe una exigencia real sobre su preparación y si la ciudadanía no tiene herramientas claras para valorar esos perfiles, entonces el problema no está en la falta de reglas, sino en los vicios que el propio sistema sigue permitiendo. Y esos vicios, más que fortalecer la democracia, pueden terminar debilitándola desde dentro.
