Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
En los próximos días y ante la inevitable idea de la actual legislatura del Congreso de la Unión en iniciar la propuesta y negociación o cabildeo entre las distintas fuerzas políticas para hacer modificaciones o propuestas de reforma electoral, que si no hubiese nada pasaría, pues, si no hay modificaciones electorales, el INE junto con los Organismos Públicos Locales pueden organizar sin ningún problema, el proceso electoral federal y los procesos concurrentes de 2023-2024, sin faltar a los principios de legalidad, equidad, certeza, máxima publicidad, paridad y objetividad; pues el fin fundamental de toda modificación a la ley electoral es la de mejorar y dar garantía de cada proceso en aras de preservar la democracia en beneficio de la ciudadanía.
Pues el Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución civil con mayor credibilidad y confianza pública del Estado mexicano, según diversas encuestas, lo que permite la funcionalidad del sistema nacional de elecciones, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Cívica realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, el INE es la institución con mayor confianza del Estado mexicano, sólo después de las Fuerzas Armadas.
Son distintos ejercicios los que colocan a la confianza ciudadana en el INE entre el 60 y el 70 por ciento. El INE trabaja con la confianza de la ciudadanía. Sin ella, el Instituto no podría organizar elecciones.
El INE no cuenta ni recibe los votos, quien los recibe son los ciudadanos que fueron sorteados y capacitados para tal efecto y para que esa ciudadanía trabaje con el Instituto y cumplan esa función, se requiere una confianza en la institución que organiza las elecciones.
Los efectos de esta confianza ciudadana le han permitido al sistema electoral mexicano ser funcional y organizar exitosamente 330 elecciones en los últimos ocho años y medio. La reforma electoral tiene la gran oportunidad de consolidar y fortalecer las instituciones autónomas e independientes con las cuales cuenta México a nivel nacional y en las entidades federativas, además de proteger un aspecto singular que distingue al sistema electoral: la ciudadanización de los procesos de recepción y conteo de los votos.
En un régimen democrático como el mexicano, no es sólo pensar en los procedimientos electorales sino también contribuir al incremento de la calidad democrática, pues también se ha dicho que en México es, en sus organismos electorales, en donde se concentran diversas atribuciones. Esa concentración permite transparentar cuánto se asigna presupuestalmente a la institución y cuánto gastamos los mexicanos en elecciones que llega a ser una inversión también, no sólo en el derecho a votar y ser votados sino en el derecho a tener estabilidad y certeza sobre el proceso de distribución del poder político.
Hoy en día, las garantías constitucionales en materia electoral son el eje y la estructura de mayor consideración en el funcionamiento del quehacer de cada proceso electoral, por ello, si ha de modificarse algún artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) debe ser en virtud del perfeccionamiento del andamiaje concerniente a la organización de las elecciones, empero no hay un déficit o falla en ello actualmente, pues se ha dado cuenta a la nación una y otra vez aplicando rigurosamente lo que al pie de la letra dictan las leyes para tal efecto.
A la expectativa estaremos, pues, que la reforma electoral sea pensada y haya una buena crítica propositiva, al consenso y a la discusión para contribuir al debate informado, libre y en la inteligencia de que este país se ha preservado en los últimos 30 años en una estabilidad política, que es el ancla de partida para cualquier otra acción en la sociedad. La reforma electoral que venga deberá ser prometedora para el sistema político mexicano y debe garantizar y salvaguardar la democracia, que es lo que hoy tenemos y convivimos en el día a día. Sea pues.
