Por Juan Carlos Hernández A.
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Las instituciones electorales en México están en la preparación de las etapas de próxima renovación del Poder Ejecutivo, senadurías, legislativo federal y estatal, así como ejecutivos estatales y varios municipios en lo que será la próxima jornada electoral concurrente con los 32 estados del país del 2 de junio de 2024 y que se ha dicho será la más grande de la historia del país, y lo es a razón de que se elegirán 20 mil 286 cargos. Oiga usted, no es cosa menor lo que viene.
Será costumbre en este país que los presidentes en turno se involucren -no se si por ganas, por despecho o nomas por hacerse presentes- en los procesos electorales de cada tres y seis años, la intención es clara de apoyar a unos y denostar a otros, aún a sabiendas que van contra la Ley Electoral y la propia Constitución Política.
Es por ello, por lo que para no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad en la próxima contienda electoral el Consejo General del INE – tras dos denuncias presentadas- y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió calificar la legalidad de la posdata a la luz, donde al presidente, de manera reiterada, se le ha indicado que -de acuerdo a lo establecido en la Constitución- no puede intervenir en cuestiones que tengan que ver, ni a favor ni en contra, con los procesos electorales ni con fuerzas políticas, y le ordenó que se abstenga de pronunciarse en materia electoral. Ante ello, la reacción fue la de acatamiento, pero también luego derivó en mostrar un panfleto de una “posdata” con un mensaje dirigido.
La Comisión de Quejas del INE consideró preliminarmente que el contenido en la «posdata» contiene elementos y frases de naturaleza electoral, lo que podría influir en el ánimo de la ciudadanía durante el proceso electoral federal que comenzó el siete de septiembre pasado y, en consecuencia, ordenó suprimir la manifestación textual denunciada en las conferencias de prensa publicadas tanto en las plataformas oficiales del presidente de la República como en las del gobierno federal y modificar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas en cualquier plataforma oficial de las conferencias matutinas realizadas a partir del 25 de septiembre del año en curso.
También se reiteró al presidente de la República su deber de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos en cualquier modalidad y formato de carácter político-electoral, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad; hay que recordar que tras la reforma constitucional de 2007 se logró que ningún servidor público de ningún nivel de gobierno tuviera intromisión en cuestiones político-electorales, por lo que todo servidor público al jurar y protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución debe abstenerse de ello.
Mire usted que la tentación de lanzar un día y otro también los discursos que abonan o no a ciertos personajes, son sobremanera difíciles de evitarlos por parte de quienes se desempeñan en la función pública que de por sí ya presenciamos tiempos adelantados, sin considerar los efectos que puedan generar ante la opinión pública y los electores. Al tiempo lo sabremos.
Por lo pronto, lo que sí se debe hacer es canalizar por el cauce del estado de derecho las controversias que puedan surgir frente a las razones que una autoridad electoral expresa conforme a la ley, esa es la vía, aunque es clara la normatividad que establece la no participación en ningún sentido del Ejecutivo Federal ni alguien más en temas electorales.
La probidad de ética de quienes están para servir al país en la administración pública debe ser íntegra e incuestionable. No se puede disuadir la ley ni ignorarla y menos violentarla de ninguna manera y menos con utilización de mensajes a manera de “posdata”. Atentos, porque nadie debe dejar hacer y dejar pasar; el orden y respeto ha de ser la pauta a seguir por todos: ciudadanos, instituciones políticas y funcionarios públicos. Sea pues.
