Diputados y senadores de la 4T y sus aliados, solo crearon incertidumbre sobre los próximos procesos electorales al aprobar las reformas de las leyes secundarias, asegura la presidente del IEPC, Paula Ramírez, quien desmenuza los efectos negativos de esta decisión.
Por Mario Díaz
Luego de que fueran aprobadas en el Senado las reformas electorales a las leyes secundarias conocidas como el “Plan B” de la 4T, las reacciones en contra no se hicieron esperar. En Jalisco, en voz de Paula Ramírez Höhne, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), advierte sobre las consecuencias que pudiera generar el haber cancelado el Servicio Profesional Electoral para, en su lugar, dejar en trabajadores eventuales ciertas responsabilidades durante el proceso electoral, por decir uno solo de los puntos que se reformaron.
“En este momento no tenemos un diagnóstico lo suficientemente estudiado para decir las repercusiones a nuestro personal, cómo afectará en el despido de cierto número de funcionarios o no, porque justamente lo que nos corresponde hacer en estos momentos es un trabajo muy meticuloso de análisis jurídico y administrativo para ver cómo podernos salvaguardar no solo los derechos laborales y la estructura funcional y profesional del instituto, sino salvaguardar las funciones sustantivas que se nos han encomendado. Estamos en un trabajo de estudio y de deliberación interna para poder identificar cuál es el alcance inmediato”.
Aclaró que con los análisis y estudios que se pudieron hacer en este colegiado, destaca que la reforma aprobada propone modificaciones a decenas de artículos de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, con lo que consideró graves implicaciones para la organización de elecciones legales, libres, genuinas y competidas en México y, por lo tanto, para la vida democrática del país.
“El paquete de reformas aprobadas incluye, además, emitir una nueva ley de medios de impugnación y modificar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que se sometió a consideración del Senado fue un dictamen aprobado hace apenas una semana por las y los diputados -sin diagnósticos ni deliberación pública alguna- que plantea profundas modificaciones a las estructuras del INE (Instituto Nacional Electoral), el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y los OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales); a sus facultades; a los procesos de la organización electoral; a su naturaleza ciudadana; a la conformación, vigilancia y actualización del padrón electoral; y a las reglas y condiciones de la competencia política.
“La reforma, aprobada prácticamente en los mismos términos que el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados, logra desarticular, desprofesionalizar y desciudadanizar el sistema electoral que ha posibilitado la convivencia y la competencia pacífica y civilizada de la amplia pluralidad política que habita nuestra nación”.
Paula Ramírez expone que las nuevas normas aprobadas por el Senado reducen y minan las capacidades técnicas sustantivas de las autoridades electorales, al disminuir significativamente sus estructuras profesionales, técnicas y operativas.
“Al INE, (esta reforma) recorta su estructura operativa central, elimina y fusiona áreas sustantivas completas; disminuye las facultades de la Secretaría Ejecutiva; desaparece a la Junta General Ejecutiva, que es el órgano técnico, colegiado y multidisciplinario que conduce las principales funciones del Instituto; y quizá, lo más grave, vuelve temporal su estructura profesional distrital, hasta antes de las reformas permanentes”.
reforma aprobada.
ÓRGANOS ELECTORALES
“Hay muchos aspectos que estarían en riesgo con la decisión de desaparecer a los órganos distritales del INE que son quienes en los hechos llevan a cabo todo el trabajo operativo y no solo en el proceso electoral, que dicho sea de paso no empieza unos meses antes como se establece en la propia legislación; es decir, los trabajos preparatorios del proceso electoral no arrancan en septiembre del año anterior sino que llevan todo un trabajo de preparación desde las juntas distritales, desde las juntas locales y, por supuesto, en las oficinas centrales y órganos centrales del INE”, detalla la consejera electoral Zoad Jeanine García González.
“Estos órganos llevan a cabo la integración de las mesas directivas de casillas, la ubicación de estas mesas y todo esto lleva un trabajo previo y también de una memoria que, proceso tras proceso, quienes integran el servicio profesional han adquirido la suficiente experiencia para no estar improvisando y conocer perfectamente cuáles son las tareas que deben de llevar a cabo.
García González insiste en que todo el trabajo de credencialización, actualización, depuración del padrón electoral, se realiza a través de las juntas distritales, procesos que refiere son los más más sustantivos para no entrar en temas de una serie de actividades que se realizan en inter proceso y en proceso electoral que son desarrollados en estos órganos, de ahí la importancia de contar con personal profesional en materia electoral.
“Ahora estos serán temporales y una garantía de éxito de las grandes organizaciones son las personas en las que ellas laboran, y además establecer reglas. En el INE, hasta la reforma, se compaginaban las reglas ciertas y las personas que las aplican, en cada uno de los cargos sabían lo que tenían que hacer y esto da certidumbre, garantía además de la imparcialidad”.
“Surge otro tema importante: quién va a llevar a cabo los procesos para reclutar a las personas que temporalmente van a desarrollar todas estas actividades sustantivas del proceso electoral, esa garantía de imparcialidad que tienen alguien que entró por mérito. No es fácil ingresar al Servicio Profesional Electoral que está evaluado y que de esta evaluación depende su permanencia en el propio servicio, que sabe que sus acciones u omisiones tienen consecuencias; ahora esto no será así con los trabajadores eventuales que propone la reforma. Esto debilita las garantías que cumplen con los principios que rigen la función electoral, hoy la democracia en México está de luto”.
“ES UN HECHO QUE LAS MODIFICACIONES QUE FUERON APROBADAS DESMANTELAN EL SISTEMA ELECTORAL NACIONAL COMO LO CONOCIMOS, Y ELLO PONE EN RIESGO MUCHOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL, INCLUSO PONEN EN RIESGO LA LEGITIMIDAD DE LAS ELECCIONES MEXICANAS”.
PAULA RAMÍREZ HÖHNE / PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE JALISCO.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La presidente del IEPC Jalisco, Paulina Ramírez Höhne, hace eco en la opinión de la consejera Zoad Jeanine García, al aclarar que al no contar con estructura profesional y permanente en los 300 distritos del país, esas funciones sustantivas a cargo de las juntas distritales, muchas de ellas permanentes, se verán directamente afectadas, disminuidas y debilitadas.
“Se perderán o desnaturalizarán los órganos ciudadanos que vigilan el desarrollo de los comicios y que han producido la necesaria confianza en las elecciones mexicanas en los últimos 30 años; se perderá el profesionalismo y la experiencia de un funcionariado público altamente especializado, que no estará esperando ser contratado cada tres años que hay elecciones.
“Esas personas buscarán otros empleos, dejarán de capacitarse en la compleja materia electoral, de ser evaluadas en su desempeño… su talento, formación y experiencia se habrá perdido para siempre. Se trata de un golpe mortal al Servicio Profesional Electoral Nacional, que es uno de los servicios civiles de carrera más reconocidos del país no sólo por sus cuidados y rigurosos mecanismos de ingreso por concurso público, la formación, capacitación y evaluación permanente de sus miembros, sino por los resultados ampliamente acreditados que ha ofrecido a la sociedad mexicana”.
La titular del IEPC Jalisco agrega que la reforma también extingue el fondo inmobiliario para la atención ciudadana y mejoramiento de los módulos donde se tramita y entrega la credencial de elector, así como el fideicomiso del pasivo laboral cuyo propósito es y ha sido lo que hoy puntualiza que se vulnera: la protección de los derechos laborales de las y los funcionarios del Instituto.
Aunque reconoce que los anteriores son cambios al INE, expone que evidentemente tendrán un impacto directo en el trabajo que realizan las autoridades electorales locales -los OPLE- y en consecuencia en el rigor y los estándares de calidad, profesionalización y vigilancia con que se organizan elecciones en México.
Advierte que si no hay una distritación geográfica con parámetros demográficos, técnicos y científicos, el voto de unos valdrá más que el de otros. Y si los OPLE no cuentan con estructuras suficientes para hacerse cargo de las múltiples funciones de las que son responsables, también será afectado el sistema electoral en su conjunto.
“El INE y los OPLE formamos parte de un sistema nacional de elecciones en donde tenemos funciones plenas y exclusivas, y otras coordinadas e interdependientes. Cualquier afectación al INE, necesariamente tiene un impacto en las elecciones locales que organizan los OPLE, y viceversa”.
En cuanto a los OPLE en concreto, la funcionaria electoral destaca que la reforma recién aprobada también comprime su estructura a dos únicas áreas ejecutivas: una que se encargaría de la organización, capacitación electoral y educación cívica; y la otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos.
“No se contempla, en estas estructuras un área de participación ciudadana que en Jalisco, además de estar integrada en su totalidad por miembros del SPEN, se ocupa de promover, atender y ejecutar los 16 mecanismos de participación ciudadana que existen en el estado; la entidad, por cierto, es la que tiene normado el mayor número de mecanismos de participación política directa en todo el país, incluida la federación.
“En el nombre de nuestro instituto llevamos la encomienda de una de nuestras principales funciones: la participación ciudadana, que para la reforma no merece contar con un área técnica y profesional. La reforma también elimina las estructuras desconcentradas de aquellos OPLE que tienen oficinas permanentes en los municipios y/o distritos; Jalisco no cuenta con oficinas desconcentradas, pero otros OPLE deberán despedir a cientos de profesionales y desmantelar sus estructuras desplegadas en su territorio estatal”.
SIN DIENTES
Este asalto a las instituciones electorales y sus estructuras, a decir de Ramírez Höhne, violenta su autonomía constitucional, y se les constriñe a una homogeneidad tan imposible como indeseable, en donde más allá de la grave afectación a las capacidades institucionales, técnicas y operativas de las autoridades electorales, la reforma considera que también limita sus facultades de interpretación y decisión.
“Por ejemplo, para imponer sanciones o negar el registro de una candidatura. Si la conducta presuntamente infractora no encuadra literalmente (en estricto derecho) con el supuesto explícito de la norma, la autoridad estará impedida a sancionar, aunque sea a todas luces evidente la violación y existan múltiples elementos y pruebas para acreditarla. Pero, además, la reforma restringe las facultades reglamentarias del INE, al acotarlas solo a los temas listados en el artículo 41, base V, apartado B, inciso a, numeral 5 de la Constitución política federal.
“Eso quiere decir que el INE únicamente podrá emitir normas reglamentarias para el PREP, las encuestas y sondeos de opinión, la observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. Además, lo aprobado prohíbe de manera expresa a los institutos electorales locales invertir recursos para el diseño e implementación del voto electrónico”.
URNAS ELECTRÓNICAS
En este punto, el llamado Plan B afecta en especial a Jalisco, dado que junto con Coahuila son las dos únicas autoridades electorales que han desarrollado, usado y mejorado urnas electrónicas en elecciones constitucionales y en todo tipo de mecanismos de participación, desde hace 20 años.
En 2009, Jalisco organizó la primera elección municipal totalmente con urna electrónica; en la elección para gubernatura de 2012, en Jalisco se instalaron urnas electrónicas en la tercera parte de los municipios del estado.
“Ninguna de las urnas fue anulada; de hecho, nunca una urna electrónica jalisciense ha sido anulada. También en la consulta popular que organizamos el año pasado a nivel estatal, el IEPC la realizó exclusivamente con urnas electrónicas; casi mil puntos de recepción de opinión estuvieron funcionando en todas las regiones del territorio estatal con la urna que dio a conocer resultados inmediatos.
“El uso de la urna electrónica en mecanismos de participación ciudadana está mandatado, por cierto, en la ley local del sistema de participación y de gobernanza popular del estado. Pues bien, ese desarrollo normativo local, ese trabajo de innovación, ese avance tecnológico de factura cien por cierto local, esa inversión en cientos de urnas, su mantenimiento y mejoras, se perderá”, lamentó Ramírez Höhne.
Previendo que sin posibilidad de invertir recursos en las urnas electrónicas están condenadas a la ruina, al abandono y a la extinción. Ahora será el Congreso de la Unión quién creará una comisión con la participación del CONACYT y el INE encargado de diseñar un sistema electrónico de votación.
“La reforma encarga a una institución ajena a la función electoral y sin experiencia en desarrollo de sistemas de voto electrónico, el CONACYT, un proyecto que supone un cambio de paradigma en la organización de los procesos electorales: cambio en la integración de las casillas (por la automatización del conteo de votos), lo cual tendría un efecto dominó en la capacitación de la ciudadanía; cambiarían por completo las tareas de asistencia electoral (sellado, enfajillado de boletas, armado de paquetes, traslado y recolección de documentación electoral), las dedicadas a los escrutinios, cómputos y recuentos; desaparecería la necesidad de contar con programas de resultados electorales preliminares (pues la urna electrónica arroja resultados inmediatos); y también serían innecesarios los conteos rápidos”.
CONTRARRESTAR LA REFORMA
Impedidos por el artículo 105 constitucional a promover acciones de inconstitucionalidad contra estas reformas, la titular del IEPC Jalisco señaló que existen muchos motivos, tanto del procedimiento como en los propios cambios o reformas a las normas electorales, que sí posibilitan recurrir a otras instancias judiciales para garantizar los principios y las normas constitucionales que rigen esta función electoral.
Entre las figuras que se están analizando al interior del este órgano colegiado se encuentran los amparos laborales, pues esta reforma atenta directamente contra los trabajadores especializados en esta materia, pero es solo una de las medidas que está en análisis, aunque prevén y no descartan una serie de controversias que vendrán tanto de partidos como de otros OPLES.
