Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Dpto de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
El jueves 19, en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no ocurrió lo que se esperaba: la aprobación de un acuerdo con lineamientos para que los partidos políticos nacionales postulen en las elecciones de 2024 en las ocho entidades federativas que renovarán al titular de su Poder Ejecutivo (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán) y la Ciudad de México que renovará la jefatura de Gobierno, a cinco mujeres y cuatro hombres, considerando también el criterio de la alternancia en dichas candidaturas.
Lo que parecía una sesión de trámite por la postura a favor del acuerdo de 10 de los 11 consejeros con derecho a voto, terminó mostrando nuevamente la confrontación existente al interior de dicho Consejo y que provocó que el acuerdo fuera votado en contra (6 vs 5 votos), previa disputa por la solicitud de integrar un engrose al acuerdo elaborado por la Secretaría Ejecutiva, con el propósito de fortalecerlo ante una eventual impugnación en tribunales. No ocurrió lo que consejeras y consejeros esperaban: que, por separado, se sometiera a votación el acuerdo en lo general (sin considerar la propuesta de modificación) y el lineamiento de paridad, por lo que al votar mayoritariamente en contra por no considerar la propuesta de modificación, se rechazó también la resolución de la paridad.
No es mi interés discutir las causas de este incidente que puede ser resuelto con la elaboración de un nuevo acuerdo que se someta a votación en una nueva sesión, sino las razones de la necesidad de aprobar este acuerdo, dado que en la legislación federal no se contempla la regulación del principio de la paridad en esas candidaturas en particular y que aunque los estados de Jalisco (reforma publicada en el Diario Oficial El Estado de Jalisco el 6 de julio de 2023), Puebla y Yucatán se hace, no es suficiente para garantizar mejores condiciones para que más mujeres accedan a estas candidaturas y eventualmente a ejercer las gubernaturas.
En términos de los efectos que produce esta no aprobación, habrá que comenzar diciendo que beneficia al partido más fuerte, en este caso MORENA, ya que el criterio de alternancia le podría complicar las nominaciones en donde gobierna actualmente y será muy competitivo de nueva cuenta: Chiapas, Morelos (aunque formalmente la postulación se hizo a través del PES), Puebla, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México. En los casos de Guanajuato, Jalisco y Yucatán no tendría problemas en postular mujeres, aún sin considerar las posibilidades de ganar, pero nuevamente la alternancia les generaría complicaciones adicionales y complejas de resolver.
Para el PAN, PRI y PRD no se vislumbran complicaciones excesivas para cumplir, en coalición o individualmente, aún en el escenario de ser competitivos en al menos dos entidades que no gobiernan actualmente. Para MC el problema sería Jalisco, la única entidad en que tienen posibilidades reales de ganar, y que con el requisito de la alternancia, implicaría la postulación de una candidata.
