Por Ángel Nakamura López
Periodista
El Paquete Económico para 2026, entregado por el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre al Congreso, representa uno de los momentos clave del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La gran apuesta es por una disciplina fiscal reforzada, reducción del déficit, recaudación eficiente sin crear “nuevos impuestos”, aunque sí con ajustes fiscales.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se proyecta entre 1.8% y 2.8% para 2026. En materia de inflación se estima cerrar el año en torno al 3%, alineado con la meta del Banco de México.
El documento que articula los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, desempeñará un papel central en lo que Morena, el partido al que pertenece Sheinbaum ha denominado “la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública” de México.
En los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la titular del Ejecutivo lo deja claro: las políticas públicas dirigidas a ampliar el bienestar social se construyeron sobre tres pilares fundamentales.
Primero: elevar el ingreso de los hogares y de la población en situación de vulnerabilidad mediante la consolidación de programas sociales con carácter constitucional y el fortalecimiento de los derechos laborales. Y el Gobierno de México lo deja claro al detallar que 16 programas sociales prioritarios concentrarán 987 miles de millones de pesos en 2025 – casi 10% del gasto total, con un aumento real de 14.1% respecto al año anterior – . Destaca el incremento presupuestal de la Pensión Mujeres del Bienestar (267%), Salud Casa por Casa (93.2%) y Beca Rita Cetina (58.6%).
También se busca impulsar la inversión en infraestructura estratégica, con efectos directos en la productividad y la conectividad regional. El gasto en infraestructura física asciende 960.1 mil millones de pesos. De este monto, 536.8 mmdp (5.3% del gasto total) se destinará a proyectos prioritarios, con énfasis en el desarrollo de nuevos trenes de pasajeros (104.6 mmdp para proyectos como México-Querétaro, AIFA-Pachuca e Irapuato-Guadalajara) y energía (327.6 mmdp).
¿Cómo lo piensa hacer la administración federal? A través de ingresos públicos por 10.20 billones de pesos (bdp) (22.5% del PIB), un aumento real de 5.9% frente a 2025, impulsados principalmente por una mayor recaudación tributaria (57.3% del total), al mismo tiempo que se aumentan los impuestos para bebidas azucaradas, tabaco, apuestas y videojuegos violentos.
Aquí es donde se abre un gran debate: ¿hasta dónde tolerará la población ajustes como los del azúcar, tabaco, videojuegos violentos y apuestas? ¿Cómo se mide el costo político contra el beneficio fiscal/social?
Si bien no habrá nuevos impuestos como categoría, según lo declarado por Hacienda, se elevan las tasas en los rubros ya mencionados.
El gobierno de la primera presidenta de México también busca conducir las finanzas públicas con responsabilidad, bajo los principios de austeridad, eficacia y combate a la corrupción. La administración federal apuesta a mostrarse responsable ante los mercados y organismos internacionales, mostrando que aunque hay altos compromisos sociales, la disciplina fiscal no se abandona.
En la oposición y en sectores privados habrá críticas, particularmente en los próximos debates parlamentarios en los que se habrá de analizar y, en su momento, aprobar el paquete fiscal. Algunos verán los aumentos de IEPS y la carga regulatoria como golpe al bolsillo o como señales de presiones fiscales adicionales.
Tema aparte es el caso de Pemex y la CFE, que seguirán siendo piezas centrales de los compromisos fiscales como las transferencias gubernamentales, atención de deuda y obligaciones heredadas. Este punto se ve como un lastre si no se acompaña de reformas profundas en esos organismos, algo que se antoja difícil al menos durante los próximos meses.
El Congreso de la Unión tiene que analizar, discutir y aprobar el Paquete Económico. La Cámara de Diputados funge como primera instancia de análisis de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la cual se debe aprobar a más tardar el 20 de octubre y remitir al Senado, que cuenta hasta el 31 de octubre para su aprobación.
En paralelo, el PPEF debe ser dictaminado y aprobado en Diputados antes del 15 de noviembre, facultad exclusiva de esta Cámara. Se prevén semanas intensas en el debate parlamentario para el análisis y eventual aprobación del paquete económico.
