Por Lic. Miguel Angel de la Torre de la Cruz
Economista
Durante las últimas décadas se asumió que la globalización económica seguiría profundizándose de forma relativamente estable. La liberalización del comercio, la integración financiera y la expansión de las cadenas globales de valor parecían consolidar un sistema económico internacional cada vez más interdependiente. Sin embargo, los acontecimientos recientes, desde las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China hasta las disrupciones logísticas provocadas por la pandemia, han puesto en evidencia que la economía mundial está entrando en una etapa distinta: una fase de reorganización estratégica de la producción global.
En este nuevo escenario, la seguridad económica y tecnológica ha adquirido un papel central en las decisiones de política económica. Las grandes potencias están replanteando la localización de sus cadenas de suministro, privilegiando esquemas de producción regionalizados que reduzcan vulnerabilidades estratégicas. Este proceso ha dado lugar a fenómenos como el nearshoring, mediante el cual empresas multinacionales trasladan parte de sus procesos productivos a países cercanos a sus mercados principales.
Para México, esta reconfiguración de la economía global representa una oportunidad histórica. Su cercanía geográfica con Estados Unidos, la profunda integración comercial construida a lo largo de tres décadas de acuerdos comerciales en América del Norte y su base manufacturera consolidada colocan al país en una posición privilegiada dentro de esta nueva geografía económica. No es casual que en años recientes México se haya consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, reflejo de una relación productiva cada vez más estrecha.
Sin embargo, la historia económica demuestra que la integración comercial, por sí sola, no garantiza desarrollo económico. La oportunidad que abre el nearshoring no depende únicamente de factores geográficos o comerciales; su aprovechamiento efectivo exige la existencia de condiciones institucionales, productivas y fiscales que permitan transformar la llegada de inversión extranjera en procesos de desarrollo económico sostenido.
En primer lugar, resulta necesario reconocer que la competencia económica internacional está experimentando un cambio importante. Durante buena parte de las últimas décadas predominó la idea de que el desarrollo económico debía surgir principalmente de la liberalización de los mercados y de la reducción del papel del Estado en la actividad productiva. Bajo esta lógica, la política industrial fue considerada, en muchos casos, como una herramienta del pasado.
No obstante, en los últimos años este consenso ha comenzado a modificarse. Las principales economías del mundo han vuelto a colocar la política industrial en el centro de sus estrategias económicas. Estados Unidos ha impulsado ambiciosos programas de estímulo a sectores estratégicos como las energías limpias y los semiconductores; la Unión Europea ha desarrollado esquemas de subsidios industriales para fortalecer su autonomía tecnológica; y China continúa implementando políticas activas para consolidar su liderazgo en sectores de alta tecnología.
En este contexto, México enfrenta un desafío importante. A pesar de su integración productiva con América del Norte, el país aún carece de una estrategia industrial clara que permita aprovechar plenamente las oportunidades derivadas del nearshoring. Sin una política orientada a fortalecer capacidades productivas nacionales, existe el riesgo de que México continúe ocupando principalmente posiciones de bajo valor agregado dentro de las cadenas globales de valor, limitando así su potencial de desarrollo tecnológico y productivo.
La experiencia internacional muestra que el desarrollo económico sostenido suele requerir procesos de transformación productiva que permitan avanzar hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y mayor generación de valor. Esto implica invertir en capital humano, fortalecer la infraestructura logística y energética, promover la innovación tecnológica y desarrollar ecosistemas productivos capaces de integrar a empresas nacionales en las cadenas globales de valor.
Sin embargo, la implementación de este tipo de estrategias plantea un desafío adicional que con frecuencia se subestima en el debate público: la capacidad fiscal del Estado. Las políticas orientadas al desarrollo productivo requieren recursos públicos para financiar infraestructura, educación, innovación y programas de apoyo sectorial. En otras palabras, el desarrollo productivo no solo depende de la dinámica del sector privado, sino también de la capacidad del Estado para sostener inversiones estratégicas de largo plazo.
En este sentido, la sostenibilidad fiscal adquiere una relevancia central. Con frecuencia, el debate sobre las finanzas públicas se limita a la necesidad de mantener déficits moderados o niveles de deuda manejables. Si bien estos elementos son importantes para preservar la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal también debe entenderse en un sentido más amplio: como la capacidad estructural del Estado para financiar políticas públicas que impulsen el crecimiento económico y el bienestar social.
México enfrenta en este ámbito un reto estructural significativo. A pesar de los avances logrados en materia de estabilidad macroeconómica, el país mantiene una de las cargas tributarias más bajas entre las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta limitada capacidad recaudatoria restringe el margen fiscal disponible para financiar inversiones estratégicas en infraestructura, educación, ciencia y tecnología, todos ellos elementos fundamentales para fortalecer la competitividad productiva del país.
Al mismo tiempo, el Estado mexicano enfrenta presiones crecientes sobre el gasto público derivadas de programas sociales, necesidades de inversión en infraestructura y compromisos financieros asociados a empresas públicas estratégicas. Estas presiones subrayan la importancia de construir un marco fiscal sostenible que permita equilibrar la estabilidad macroeconómica con la capacidad de financiar políticas de desarrollo de largo plazo.
La interacción entre nearshoring, política industrial y sostenibilidad fiscal refleja, en última instancia, un dilema más profundo sobre el modelo de desarrollo económico de México. La reorganización de la economía global abre una ventana de oportunidad que difícilmente se repetirá en el corto plazo. No obstante, aprovechar esta oportunidad requiere una visión estratégica que articule la integración comercial con una agenda de transformación productiva y fortalecimiento institucional.
Si México logra consolidar un entorno favorable para la inversión productiva, fortalecer sus capacidades tecnológicas y construir una base fiscal que permita financiar políticas de desarrollo sostenidas, el nearshoringpodría convertirse en un catalizador de crecimiento económico y modernización productiva. De lo contrario, existe el riesgo de que el país continúe participando en la economía global principalmente como una plataforma de ensamblaje industrial con limitadas capacidades de innovación.
La geografía económica ha colocado a México en una posición privilegiada dentro de la reorganización productiva de América del Norte. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que la geografía por sí sola no determina el desarrollo económico. Las oportunidades que ofrece el contexto internacional solo se pueden aprovechar si los países logran construir instituciones, políticas públicas y capacidades productivas capaces de transformar esas oportunidades en crecimiento sostenido.
En última instancia, el verdadero desafío para México no consiste únicamente en atraer inversión derivada del nearshoring, sino en utilizar esa oportunidad como un punto de partida para fortalecer su estructura productiva, ampliar sus capacidades tecnológicas y consolidar un modelo de desarrollo económico más dinámico e incluyente. La forma en que el país responda a esta coyuntura definirá, en gran medida, su trayectoria económica en las próximas décadas.
