¿CUÁL ES SU POSICIÓN EN EL ORDEN DIGITAL DE LA ERA TECNO-ECONÓMICA?
Por Dr. Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
Durante décadas se pensó que la tecnología era un instrumento auxiliar del crecimiento económico: una herramienta para producir más rápido, más barato o con mayor eficiencia. Hoy esa visión resulta insuficiente. Vivimos en lo que puede denominarse una era tecno-económica, en la que la tecnología no solo apoya a la economía, sino que define su estructura, sus jerarquías y sus desigualdades. En este contexto, la pregunta relevante para países como México no es si deben adoptar nuevas tecnologías pues eso ya ocurre, sino en qué posición quedarán dentro de este nuevo orden.
La era tecno-económica se caracteriza por un rasgo central: el crecimiento, el poder y la competitividad dependen cada vez más del control de tecnologías estratégicas. Datos, algoritmos, plataformas digitales, semiconductores, Inteligencia Artificial y biotecnología no son simplemente sectores económicos; son infraestructuras del poder contemporáneo. Quien las diseña, regula y controla, define las reglas del juego económico y político. Quien solo las consume, se adapta a reglas impuestas desde fuera.
México participa activamente en esta nueva economía, pero lo hace desde una posición ambigua. Por un lado, es una de las principales economías manufactureras del mundo, integrada a cadenas globales de valor, ahora reforzadas por el fenómeno de la relocalización. Por otro, su capacidad para generar tecnología propia es limitada. El país ensambla, opera y adapta, pero rara vez diseña o controla los componentes clave. Esta brecha no es técnica, sino profundamente política.
Uno de los principales retos de México en la era tecno-económica es su débil sistema de innovación. El gasto en investigación y desarrollo es bajo y errático, la vinculación entre universidades, sector productivo y Estado es frágil, y las políticas científicas suelen cambiar con cada administración.
El resultado es contradictorio: se forman profesionales altamente capacitados que terminan trabajando para empresas y ecosistemas tecnológicos extranjeros, mientras el país importa las tecnologías que ellos mismos podrían desarrollar.
A esto se suma una inserción subordinada en las cadenas globales de valor. El discurso de la relocalización ha sido celebrado como una oportunidad histórica, pero sin una estrategia tecnológica clara corre el riesgo de reproducir viejos patrones: empleo, sí, pero de bajo valor agregado; crecimiento, sí, pero sin autonomía. La era tecno-económica no premia solo la localización geográfica, sino la capacidad de apropiarse del conocimiento, de las patentes, del software y de los datos.
Tom Wheeler (2024) advierte que el paso de una “Internet abierta” a una “Inteligencia abierta” no será automático, sino que dependerá de decisiones políticas y regulatorias sobre la estructura del mercado de la Inteligencia Artificial. La concentración de datos, cómputo y modelos avanzados en pocas corporaciones puede convertir a la IA en una nueva infraestructura monopolística, afectando no solo la competencia, sino también quién innova, quién captura el valor del conocimiento y quién fija los estándares tecnológicos. Para países como México, esto implica el riesgo de incorporarse a un orden digital definido externamente, profundizando la dependencia en lugar de construir autonomía tecno-económica.
Algunos autores caracterizan este proceso como un tecno-feudalismo, donde el control de plataformas, algoritmos y datos sustituye a la propiedad de la tierra como base del poder económico. Grandes tecnológicas operan como nuevos señores de la infraestructura digital, mientras usuarios, trabajadores y Estados quedan subordinados a ecosistemas que no controlan. Para países como México, el riesgo es integrarse a un orden basado en rentas digitales y dependencia estructural, más que en competencia productiva, lo que podría traducirse en una nueva forma de subordinación económica y política sustentada en el control del conocimiento y la información.
Otro reto central es la desigualdad. La tecno-economía tiende a concentrar beneficios en sectores, regiones y grupos con acceso a infraestructura digital, educación avanzada y redes de innovación. En México, donde una gran parte de la población vive en la informalidad y con acceso limitado a servicios digitales, existe el riesgo de que la tecnología amplíe las brechas existentes. La automatización puede aumentar la productividad, pero también desplazar trabajadores sin ofrecer alternativas claras de reconversión laboral.
A este panorama se añade un problema menos visible pero crucial: la débil gobernanza tecnológica. Las decisiones sobre Inteligencia Artificial, uso de datos, plataformas digitales o automatización suelen quedar en manos de empresas privadas o replicar marcos regulatorios externos. El Estado mexicano carece, en muchos casos, de capacidades técnicas y normativas para anticipar impactos, corregir abusos o alinear el desarrollo tecnológico con objetivos de bienestar social. Sin gobernanza, la tecnología no libera: por el contrario, concentra poder.
Frente a estos retos, conviene subrayar una idea fundamental: la era tecno-económica no es un destino inevitable, sino un campo de decisiones. Otros países han demostrado que es posible construir capacidades tecnológicas propias mediante políticas industriales activas, inversión sostenida en ciencia y tecnología y una visión estratégica de largo plazo. Esto no implica copiar modelos ajenos, sino reconocer que el desarrollo tecnológico es una elección colectiva, no un resultado automático del mercado.
En el fondo, lo que está en juego para México no es solo el crecimiento económico, sino el tipo de sociedad que quiere construir. Una tecno-economía orientada exclusivamente a la rentabilidad puede profundizar la dependencia, la desigualdad y la exclusión. Una tecno-economía gobernada democráticamente puede, en cambio, fortalecer capacidades nacionales, mejorar servicios públicos y ampliar oportunidades.
Las universidades son actores estratégicos en la construcción de capacidades tecno-económicas, pues no solo forman habilidades técnicas, sino que deben educar en la comprensión social, ética y política de la tecnología. Si se desligan de un proyecto nacional, se convierten en proveedoras de talento para ecosistemas externos; integradas a una visión de desarrollo, pueden impulsar innovación, pensamiento crítico y soberanía tecnológica.
En última instancia, la discusión sobre el desarrollo en la era tecno-económica es inseparable de una pregunta ética de fondo: ¿Cómo orientar el cambio tecnológico hacia el bien común, la justicia y la realización de las personas? La tecnología amplía las capacidades productivas de una sociedad, pero no define por sí misma los fines que persigue. Sin criterios éticos compartidos, la innovación tiende a organizarse en función de la rentabilidad, aun cuando ello profundice desigualdades o limite las oportunidades de amplios sectores sociales. El rumbo tecnológico no es neutral ni inevitable, sino una decisión política sobre qué tecnologías promover, quién las controla y con qué fines. Para México, el reto es evitar que la era tecno-económica profundice una nueva dependencia y decidir si será un actor con voz propia o un mero adaptador de decisiones externas.
