Tarjeta Única y el costo invisible de la modernización
Por Edith Roque
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI nivel 1
Hay decisiones públicas que no se miden solo por su intención, sino por sus efectos reales. La Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” nació como un instrumento de modernización: ordenar el pago del transporte público, focalizar subsidios y avanzar hacia la bancarización de sectores históricamente excluidos. El problema no está en el objetivo. El problema está en cómo se ejecuta, a quién beneficia realmente y qué costos —económicos, jurídicos y sociales— se trasladan silenciosamente a la población.
Cuando el diputado Tonatiuh Bravo Padilla decidió poner sobre la mesa las cifras del contrato celebrado entre el Gobierno de Jalisco y la financiera Broxel, no estaba haciendo oposición política: estaba haciendo matemáticas públicas. Y las matemáticas, cuando se aplican al derecho, rara vez mienten.
El dato es conocido: $5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa, pagados con recursos públicos. Traducido a escala: con 1.5 millones de tarjetas, el Estado eroga alrededor de $8 millones de pesos mensuales; si se alcanza el tope contractual de 5 millones de tarjetas, el costo superará los $300 millones de pesos anuales, sin contar el subsidio directo a la tarifa del transporte, estimado en más de $1,200 millones de pesos solo para 2026. Es un compromiso financiero de largo plazo, proyectado hasta 2030, que compromete no solo a la actual administración, sino a las siguientes.
Hasta aquí, podría decirse que se trata de una apuesta presupuestal legítima. El problema aparece cuando se observa el impacto indirecto sobre los usuarios. La tarjeta es “gratuita” en su emisión, sí, pero el contrato contempla comisiones por reposición ($150 pesos), aclaraciones improcedentes ($250), depósitos, pagos de servicios y otras operaciones cotidianas. Para quien vive al día, estas micro-cargas no son marginales: son acumulativas. Más aún si se considera que una parte significativa de la población toma entre cuatro y seis camiones diarios, especialmente quienes viven en la periferia y en diferentes municipios dependen del transporte para trabajar, estudiar o cuidar. Aquí es donde el análisis deja de ser técnico y se vuelve constitucional.
Movilidad, proporcionalidad y pobreza
El derecho a la movilidad, reconocido en la Constitución y desarrollado en la legislación estatal, no es un derecho decorativo. Impone al Estado obligaciones concretas: accesibilidad, asequibilidad, seguridad y no discriminación. Cuando se diseña un sistema que diferencia tarifas, exige trámites digitales y condiciona el acceso al subsidio a la posesión de una tarjeta vinculada a una plataforma financiera privada, es indispensable evaluar si se respeta el principio de proporcionalidad.
En Jalisco, más del 30% de la población vive en condiciones de pobreza y una parte relevante enfrenta analfabetismo digital: personas adultas mayores, trabajadores informales, habitantes de zonas rurales o periféricas sin acceso constante a internet o dispositivos. Para ellos, el pre-registro en línea no es una comodidad; es una barrera. Las escenas de filas interminables, plataformas saturadas y adultos mayores peregrinando entre módulos no son anécdotas: son síntomas de una política pública que no calibró adecuadamente a su población objetivo.
A esto se suma un elemento delicado, la entrega de datos personales. La Tarjeta Única implica el tratamiento de información sensible (identidad, movimientos financieros, hábitos de consumo). A esa ecuación se suma un elemento de control democrático: la transición institucional en materia de transparencia en Jalisco, tras la extinción del órgano garante, y sin leyes secundarias, el esquema genera un vacío de garantías.
Concesiones, legalidad administrativa y responsabilidad estatal
Hay un punto que debe decirse con claridad, el contrato con Broxel es un contrato. Y como todo contrato administrativo, no es intocable. Está sujeto a causales de rescisión, revisión y sanción por mal servicio, incumplimiento de obligaciones, afectaciones al interés público o violaciones a derechos fundamentales. El Estado no es un espectador pasivo; es el titular de la rectoría.
Lo mismo ocurre —y aquí está una omisión frecuente en el debate— con los concesionarios del transporte público. Las unidades que circulan en malas condiciones, incumplen frecuencias o prestan un servicio indigno también están bajo un régimen concesional. Jurídicamente, esto habilita al Estado a exigir, sancionar y, en su caso, revocar concesiones. No puede pedirse a la ciudadanía que adopte forzosamente una herramienta tecnológica si el servicio base sigue fallando.
Desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial del Estado, el diseño también merece atención. Si una política pública obliga a adoptar un sistema que genera costos adicionales, exclusión o afectaciones indebidas, el Estado puede ser responsable por funcionamiento irregular de la administración. No se trata de judicializar la política pública, sino de recordar que la legalidad administrativa no se agota en la firma del contrato, sino en su ejecución conforme a derechos.
El referéndum y los límites de la participación
El intento del Congreso de Jalisco de impulsar un referéndum sobre la tarifa del transporte abrió otro frente: el de la participación ciudadana. Jurídicamente, el Gobierno tiene razón al señalar que la Ley de Participación Ciudadana excluye materias de naturaleza contributiva y que el acuerdo tarifario no reviste forma de ley o decreto. Pero políticamente —y democráticamente— el mensaje es problemático: no hay canales eficaces para que la ciudadanía incida en decisiones que afectan su vida diaria.
Cuando el derecho se vuelve un muro en lugar de un puente, algo falla en el diseño institucional. Esto no implica desconocer la legalidad, sino repensar los mecanismos de consulta, evaluación y corrección. Foros vinculantes, mesas técnicas ciudadanas, evaluaciones periódicas con participación social no debilitan al Estado; lo fortalecen.
¿Qué se podría hacer con ese dinero?
Para dimensionar el costo de oportunidad, conviene fijar una base simple: si el esquema de pago mensual por tarjeta llegara a un universo de 5 millones (límite contractual citado en el propio debate público), el cargo de $5.45 mensuales por tarjeta implicaría alrededor de $27.25 millones al mes, es decir, aproximadamente $327 millones de pesos al año, solo por administración del sistema (sin contar el subsidio tarifario). Con una fracción de ese orden de recursos podrían financiarse prioridades públicas con impacto directo en derechos sociales, particularmente en un estado donde 21.8% de la población estaba en situación de pobreza en 2022 (medición multidimensional).
No se trata de cancelar la Tarjeta Única por consigna, sino de evaluar su costo de oportunidad. En política pública, gastar también es decidir qué no se atiende.
Si una parte de la población realiza 4 a 6 traslados diarios, una diferencia de $4.50 a $1.50 pesos por viaje (tarifa general vs. subsidiada) se convierte en un costo semanal y mensual significativo para hogares en pobreza o vulnerabilidad. Aquí la matemática importa porque hace visible lo que a veces se oculta en el “promedio”: el impacto no es homogéneo. Y por eso el diseño institucional importa: si el subsidio se condiciona a un trámite con barreras (internet, habilidades digitales, disponibilidad de módulos), el beneficio tiende a concentrarse en quien tiene más capacidad de gestión, no necesariamente en quien más lo necesita.
Retos y soluciones: derecho con humanidad
El reto no es tecnológico; es institucional. La solución pasa por reorientar, no imponer. Transparentar costos y comisiones. Garantizar protección de datos. Ampliar plazos. Llevar módulos móviles a donde vive la gente. Automatizar la entrega a padrones existentes. Y, sobre todo, escuchar.
Las soluciones existen y, de hecho, son las que suelen usarse cuando el Estado terceriza funciones sensibles bajo un régimen concesional o de prestación de servicios: gobernar con indicadores. Esto implica definir métricas de desempeño (tiempos máximos de entrega, porcentaje de incidencias resueltas, disponibilidad de módulos, cobertura territorial, accesibilidad para personas mayores y con discapacidad, y tasas de éxito en registro sin internet), condicionar los pagos al cumplimiento verificable de esas metas y activar penalidades cuando el servicio no se preste con continuidad y calidad. El punto no es desacreditar la innovación, sino asegurar su proporcionalidad social: renegociar comisiones que impactan desproporcionadamente a personas en pobreza, habilitar esquemas híbridos para acceder al subsidio sin barreras digitales, y establecer una evaluación pública periódica —con datos auditables— donde Congreso, órganos técnicos y ciudadanía conozcan si la Tarjeta Única cumple su finalidad.
El desafío de Jalisco no es tecnológico: es constitucional, porque pone a prueba si la modernización puede hacerse con legalidad, números trazables y personas reales en el centro.
