Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
La política jalisciense comenzó a reconfigurarse esta semana con una decisión que tendrá efectos directos en el proceso electoral de 2027. El 11 de marzo de 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco confirmó los lineamientos aprobados previamente por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para garantizar paridad de género y acciones afirmativas en la postulación de candidaturas municipales. La resolución no es solo un asunto jurídico. Es, en realidad, una redefinición del tablero político estatal.
La sentencia ratifica que ocho municipios deberán postular exclusivamente mujeres como candidatas a la presidencia municipal en la elección de 2027: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. La medida responde a un dato contundente: en esas demarcaciones nunca ha sido electa una mujer como presidenta municipal, a pesar de tratarse de municipios con fuerte peso político y electoral dentro del estado.
Pero la decisión del tribunal va más allá de la paridad de género. Los lineamientos también incluyen acciones afirmativas para sectores históricamente subrepresentados, lo que abre la posibilidad de candidaturas encabezadas por mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual o jóvenes. La lógica institucional es clara: la democracia no solo debe garantizar elecciones competitivas, sino también representación plural dentro de los espacios de poder.
El contexto electoral explica la intervención del tribunal. Tras la elección de 2024, 49 de los 125 municipios de Jalisco quedaron gobernados por mujeres, la cifra más alta en la historia política del estado. Sin embargo, ese avance apenas representa 39.2 % de las alcaldías, lo que evidencia que aún existe una brecha significativa en la representación municipal. Ante ese escenario, la autoridad electoral decidió aplicar acciones afirmativas en municipios estratégicos, con el objetivo de acelerar la participación política de mujeres y de otros sectores sociales que históricamente han tenido menor acceso a cargos de elección. Sin embargo, la resolución también abrió un debate político inmediato. Algunos partidos han cuestionado los lineamientos argumentando que podrían afectar la autonomía interna de las organizaciones políticas para definir a sus candidatos, e incluso se han promovido recursos de impugnación bajo el argumento de que las reglas alteran dinámicas territoriales ya construidas.
Más allá de la discusión jurídica, la verdadera pregunta es otra: ¿están preparados los partidos políticos para estas nuevas reglas?
La política municipal en México ha estado históricamente marcada por estructuras territoriales que giran alrededor de liderazgos locales consolidados durante décadas. En muchos casos, esas estructuras se desarrollaron bajo una lógica de control político donde las candidaturas respondían más a equilibrios internos que a procesos abiertos de formación de cuadros.
Las nuevas disposiciones del tribunal obligan a cambiar ese modelo. No se trata únicamente de encontrar candidatas para cumplir una cuota legal. El reto es construir perfiles con capacidad real de gobierno en municipios que administran presupuestos millonarios, servicios públicos complejos y poblaciones cada vez más exigentes.
Municipios como Zapopan o Tonalá no solo representan importantes padrones electorales. También concentran retos urbanos, económicos y sociales que requieren perfiles con experiencia administrativa, conocimiento técnico y visión de gobierno. En ese contexto, la discusión sobre paridad adquiere una dimensión distinta. El debate ya no es únicamente cuántas mujeres participan en política, sino qué calidad de perfiles están construyendo los partidos para competir y gobernar.
La sociedad jalisciense observa cada vez con mayor atención la preparación de quienes aspiran a gobernar. Los ciudadanos demandan candidatos con trayectoria profesional, preparación académica, experiencia laboral y una vida pública libre de antecedentes penales o conflictos de integridad.
La representación política no puede reducirse a un simple acomodo de cuotas internas. Si las acciones afirmativas terminan siendo utilizadas para acomodar perfiles sin preparación o sin legitimidad social, el objetivo democrático de estas medidas quedará debilitado. El desafío para los partidos es más profundo de lo que parece. Las nuevas reglas electorales exigen formación política real, capacitación interna, construcción territorial y apertura a la sociedad civil. También exigen algo que durante años ha sido escaso en la política mexicana: procesos transparentes de selección de candidatos.
Jalisco es uno de los estados con mayor dinamismo económico y social del país. Su electorado es cada vez más informado, más crítico y más exigente con quienes buscan gobernar. Por eso, la resolución del tribunal no solo modifica las reglas de la competencia electoral. También pone a prueba la capacidad de los partidos políticos para evolucionar. Las candidaturas de 2027 comenzarán a definirse desde ahora.
La pregunta que marcará ese proceso no será únicamente quién cumple con las nuevas reglas de género o inclusión. La verdadera pregunta será entonces, ¿qué tan preparados están los partidos para presentar candidatos capaces de responder a una sociedad que exige representación, pero también resultados?
