NOTA DEL EDITOR
Por Alfonso Gómez Godínez
Se cumplió con el ordenamiento y el ritual. Las y los presidentes municipales de las cuatro ciudades más pobladas de la entidad atendieron con puntualidad su compromiso. Llegaron a su primer informe de gobierno del período constitucional.
El primer año es un lapso del quehacer público donde las autoridades llegan generalmente (a menos de la existencia de escándalos y pifias previas de gran magnitud) con un bono a favor donde la ciudadanía transita entre todavía un voto de confianza y la creciente exigencia por resultados. Aunque por la reelección de sus presidentes, los casos de Zapopan y Tonalá presenta sus particularidades y circunstancias propias.
La exigencia de la legalidad que enmarca el origen de la autoridad y de sus acciones se complementa con el requerimiento de la legitimidad. Son conceptos distintos, pero ambos sustentan a la autoridad en el ejercicio del poder y de su responsabilidad.
Durante casi medio siglo en el país se avanzó de manera sustancial en el tema de la legalidad en términos de disputa y acceso al poder por medio de las modificaciones en materia electoral y también por los avances, no de todos satisfactorios, en materia de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
Ante la avalancha de programas, acciones, asignación y aplicación de recursos públicos que se enmarcan en los informes de gobierno, la ciudadanía confía y supone que se apegaron a la norma y se aplicaron con correspondiente pulcritud y honestidad. De la misma forma, se espera que los órganos de control y auditoria cumplan con sus tareas sustanciales.
Relativamente resuelto el tema de la legalidad, la gran tarea de los gobiernos municipales es el de la legitimidad. Aquí el tema se vuelve más complejo y a la vez más interesante y forma parte central de la narrativa de los informes de gobierno.
La legitimidad es el acto constante y deliberado del gobierno donde busca el reconocimiento de la sociedad a su autoridad, con la legitimidad se amplía o se reduce la capacidad de los gobiernos para ejercer su poder. Su base es esponjosa y voluble, ampliar la legitimidad es una tarea diaria y de permanente presión en la representación popular.
Vemos en los informes municipales una frenética intención de legitimar a la autoridad, obviamente de ampliar y fortalecer su reconocimiento y capacidad de mando. Lo anterior es entendible y lógico.
Hoy, sin duda, los programas sociales se constituyen en el eje crucial de la tarea por ampliar la legitimidad de la autoridad. Cada uno de los cuatro grandes municipios nos presenta en su informe la relevancia de esos programas. Nadie duda de su pertinencia, los riesgos es que esos programas se conviertan en estructuras de clientelismo político puestas a disposición de estructuras partidistas y grupos políticos.
En la búsqueda constante de legitimidad se amplían las poblaciones y los objetivos a atender en nuevos programas. Los informes de esas acciones deben profundizar en los resultados obtenidos, no se trata solo de destinar cada vez más recursos, de medir y aplaudir sus incrementos nominales en presupuesto, sino que se puedan medir los impactos de dichas intervenciones.
Las recientes inclemencias de la naturaleza han desnudado las vulnerabilidades y limitaciones de la infraestructura urbana. El gran reto para nuestras autoridades municipales es revertir la brecha entre necesidades de obras públicas y disponibilidad de recursos. Es posible que la obra pública no tenga un efecto legitimador como los programas sociales. Sin embargo, la obra pública genera condiciones para la transformación social, mientras que muchos programas sociales son meramente paliativos. En los informes solo se observan intervenciones muy focalizados y de mantenimiento al espacio público. Los municipios esperan los apoyos estatales y federales.
Es necesario que los informes de la autoridad rebasen el escenario de los círculos rojos, de las cúpulas y del público amigable. Se necesita ampliar el diálogo y la confianza social; con su estrechez de recursos, los municipios cada vez demandarán un mayor involucramiento y cooperación ciudadana. Es el momento de hablar no al espejo, sino ante los demás. El tiempo social apremia, y para las y los presidentes municipales el segundo año de gobierno viene ligado a sus proyectos y aspiraciones políticas para el futuro por venir. Ni más, ni menos.
