Por Eduardo Gómez de la O
Presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC
Introducción
El domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas federales del Ejército mexicano, con apoyo de inteligencia estadounidense, ejecutaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), herido en el enfrentamiento, falleció durante su traslado a la Ciudad de México, el saldo oficial incluyó al menos 28 elementos de seguridad fallecidos (principalmente de la Guardia Nacional), una civil y decenas de presuntos sicarios abatidos.
La respuesta inmediata del CJNG fue una ola de violencia coordinada: más de 252 narcobloqueos con vehículos incendiados, quema de comercios (OXXO, bancos, gasolineras), ataques a infraestructura y suspensión total del transporte público en Jalisco. Los disturbios se extendieron a entre 20 y 24 entidades (Michoacán, Colima, Guanajuato y otros), generando caos en carreteras, aeropuertos y ciudades; para el 25 y 26 de febrero el Código Rojo se levantó en Jalisco y las actividades comenzaron a normalizarse, aunque el impacto psicológico y económico persiste.
Impacto económico, político y social a nivel nacional
Económico: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó pérdidas preliminares entre 1,500 y 2,000 millones de pesos (87.47 a 116 millones de dólares) solo en los primeros días. Se afectaron alrededor de un millón de negocios que emplean a 4.8 millones de personas en 24 entidades, los sectores más golpeados fueron comercio, servicios y turismo: cierres preventivos, cancelación de rutas de distribución, ausentismo laboral y caídas en ventas.
La Bolsa y el peso mexicano registraron caídas iniciales, y aerolíneas suspendieron vuelos hacia destinos afectados. El mensaje fue claro: la violencia ya no es solo un “riesgo latente”, sino una interrupción operativa directa que eleva la percepción de riesgo país.
Político: Representa el golpe más importante al crimen organizado desde la captura de “El Chapo” en 2016. La presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad lo presentaron como éxito de inteligencia y coordinación federal-estatal. Opositores y analistas lo reconocieron como acierto, aunque advirtieron sobre posibles fracturas internas en el CJNG y una sucesión que podría generar más violencia. Internacionalmente, EE.UU. elogió la operación y reforzó el cerco financiero. Sin embargo, expuso la vulnerabilidad de la estrategia de “abrazos, no balazos” heredada y la necesidad de mayor presencia institucional permanente.
Social: Generó miedo colectivo, desinformación masiva en redes y un “éxodo temporal” de turistas y residentes en zonas calientes. Se honró a los caídos en el Congreso y se reconoció la madurez cívica de la población que acató las recomendaciones de resguardo, el tejido social mostró resiliencia, pero también dejó heridas: familias afectadas, trauma psicológico y cuestionamientos sobre la protección real a la ciudadanía.
Lo que significa para Jalisco el flujo de recursos financieros del crimen organizado
Jalisco es el epicentro histórico del CJNG y de su sofisticado esquema financiero. “Los Cuinis” (familia González Valencia, aliados de sangre de El Mencho) operaron durante años como el “cerebro financiero”: lavado de dinero a través de 58 empresas fachada (al menos) en construcción, tequila, ganadería, bienes raíces, turismo (hoteles, tiempos compartidos fraudulentos), minería y huachicol. Solo en tequila y metales preciosos se han documentado movimientos multimillonarios; la UIF ha bloqueado cientos de cuentas vinculadas, pero el cártel diversificó sus ingresos con extorsión (“cobro de piso”), fraude y control territorial.
Este flujo ilícito actúa como una “economía paralela” en el estado: distorsiona mercados (infla precios en ciertos sectores, genera empleos ficticios o precarios), corrompe cadenas de suministro y financia armamento y reclutamiento. Jalisco, que cerró 2025 como líder nacional en exportaciones no petroleras (+89 % en algunos trimestres) y nearshoring, ha vendido la imagen de “oasis económico”, sin embargo, la dependencia estructural de zonas donde el dinero del narco se lava en negocios legítimos genera vulnerabilidad: un solo evento como el del 22 de febrero erosiona confianza inversionista, frena turismo y pone en riesgo los 48 mil empleos formales generados el año pasado. La muerte del líder de CJNG representa tanto un riesgo (vacío de poder y posibles ajustes de cuentas) como una oportunidad: romper esa dependencia y recuperar el control pleno de la economía legal.
La respuesta económica del gobierno de Jalisco y el exhorto de los diputados
El gobernador Pablo Lemus actuó con rapidez. El 26 de febrero de 2026 instaló formalmente la Mesa de Impulso Económico, integrada por gobierno estatal y municipal, cámaras empresariales (Coparmex, Canadevi, CMIC), universidades (ITESO, UNIVA), sindicatos y sector productivo. Cuenta con Secretariado Técnico permanente y mesas sectoriales (destaca la de reactivación turística en Puerto Vallarta). Objetivos concretos:
– Agilizar permisos para reapertura y reconstrucción de negocios incendiados.
– Impulsar vivienda (más de 20 mil unidades en 2026, derrama superior a 26 mil mdp y 6-7 % del PIB estatal).
– Campañas inmediatas de promoción turística.
– Apoyo a microempresas y familias afectadas (refuerzo al Fondo de Víctimas, con propuesta de 114 mdp adicionales).
En paralelo, el Congreso del Estado, en sesión del 26 de febrero, aprobó un exhorto al Ejecutivo estatal y federal para configurar un plan integral de atención a afectados: censo de daños patrimoniales, atención en salud física y psicológica, reactivación económica, infraestructura y movilidad. Se instruyó activar la Ley General de Víctimas y gestionar recursos. Además, se reformó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para hacer más accesible, rápida y favorable al ciudadano la reclamación de indemnizaciones por actuaciones irregulares de autoridades en materia de seguridad (menos trámites, plazos cortos, fondo para reclamos menores e interpretación pro víctima).
Esta respuesta combina velocidad reactiva con visión estructural: no solo reparar daños, sino enviar un mensaje inequívoco de que “Jalisco no se detiene”. El éxito dependerá de resultados medibles en 30-60 días: reapertura total, recuperación de empleo perdido y llegada de nueva inversión. Si la Mesa logra traducir unidad multisectorial en acciones concretas, Jalisco puede salir fortalecido; de lo contrario, el golpe a la percepción de estabilidad podría ser más duradero que las pérdidas inmediatas.
Este episodio confirma que seguridad y economía son inseparables en Jalisco. La muerte del líder del CJNG abre una ventana para desmantelar flujos ilícitos y reforzar la economía formal. El reto ahora es pasar de la emergencia a la consolidación de un modelo que no dependa de la sombra del crimen.
