Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
Este pasado sábado, Guadalajara cumplió años. Se conmemora su fundación, su historia y su relevancia como una de las ciudades más importantes del país. Se habla de identidad, de orgullo tapatío y de futuro urbano. Sin embargo, mientras la ciudad celebra su pasado, una transformación profunda y silenciosa avanza en su presente: Guadalajara se está convirtiendo en una ciudad cada vez más inaccesible para quienes la han habitado, trabajado y construido durante generaciones.
En los últimos años, la capital jalisciense enfrenta uno de los procesos urbanos más complejos de su historia reciente: la gentrificación. Lo que en el discurso público suele presentarse como “revitalización”, “modernización” o “atracción de inversión” ha derivado, en la práctica, en un desplazamiento progresivo de población.
Vivir en Guadalajara comienza a dejar de ser una opción viable para miles de personas que nacieron en ella y que hoy observan cómo su ciudad se transforma en un espacio diseñado para otros. Las cifras ayudan a dimensionar la magnitud del problema. Durante 2025, el valor de la vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara creció alrededor de 9.8 % anual, casi el doble de la inflación nacional. Este incremento sostenido no ha venido acompañado de un aumento proporcional en los ingresos. El ingreso laboral promedio mensual en la ciudad se mantiene por debajo de los 10 mil pesos, lo que genera un desfase estructural entre el costo de habitar la ciudad y la capacidad real de pago de la mayoría de su población.
El mercado de renta es el reflejo más visible de esta presión. En 2026, un departamento de dos recámaras en Guadalajara tiene un costo promedio que oscila entre 17 y 21 mil pesos mensuales. En colonias como la Americana, Lafayette, Chapultepec, Arcos Vallarta, Santa Tere o el Centro, las rentas superan con facilidad los 25 mil pesos, y no es extraño encontrar precios que rebasan los 30 mil.
Todo esto ocurre en una ciudad donde la tasa de vivienda disponible en zonas céntricas se ubica entre 3 % y 6 %, lo que reduce opciones, incrementa la competencia y empuja los precios al alza de manera constante. Este encarecimiento no es producto del azar. Guadalajara se ha consolidado como un destino atractivo para desarrollos inmobiliarios orientados a perfiles temporales: nómadas digitales, inversionistas nacionales y extranjeros, y turismo urbano. Actualmente, se estima que existen cerca de cinco mil viviendas activas en plataformas de renta de corta estancia dentro de la ciudad. Estas propiedades registran niveles de ocupación de entre 40 % y 57 %, con tarifas promedio cercanas a 850 o 900 pesos por noche, lo que vuelve más rentable el uso turístico que la renta habitacional tradicional.
El resultado es una transformación profunda del uso de la vivienda. Inmuebles que antes albergaban familias hoy funcionan como alojamientos de paso. Barrios completos comienzan a perder habitantes estables y a llenarse de ocupaciones temporales. La ciudad se reorganiza para quien llega por días o semanas, no para quien vive, trabaja y estudia en ella.
La vivienda deja de ser un derecho y se convierte, cada vez más, en un activo financiero. Las consecuencias no son solo económicas. Se debilita la vida comunitaria, desaparecen comercios tradicionales y se fragmenta el tejido social. Mercados, fondas y pequeños negocios son sustituidos por giros pensados para un consumo rápido y estandarizado. La identidad barrial se diluye y la noción de comunidad se reemplaza por una lógica de tránsito. Guadalajara empieza a perder algo más que accesibilidad: pierde estabilidad social y sentido de pertenencia.
Frente a este escenario, la respuesta institucional ha sido claramente insuficiente. A pesar de contar con instrumentos de planeación urbana, la ciudad carece de una política efectiva de regulación de rentas. No existe un padrón público que permita dimensionar el mercado ni una regulación clara sobre el uso turístico de la vivienda. La planeación ha priorizado el crecimiento, la inversión y la densificación, pero ha dejado de lado la protección del derecho a habitar la ciudad.
A este contexto se suma una presión adicional: la expectativa del Mundial de Futbol 2026, que ya genera proyecciones de incrementos de hasta 40 % en rentas y locales comerciales en zonas estratégicas de Guadalajara. El riesgo de una burbuja inmobiliaria es evidente: precios elevados, salarios estancados, viviendas desocupadas por largos periodos y un mercado orientado a perfiles que no residen de manera permanente en la ciudad. Guadalajara no es únicamente un mercado inmobiliario. Es una ciudad con memoria, historia y comunidad. Celebrar su aniversario sin cuestionar el modelo urbano que se está consolidando sería una omisión histórica. Cuando una ciudad expulsa a sus estudiantes, a sus trabajadores, a sus comerciantes y a sus familias, no solo pierde población: pierde arraigo, cohesión social e identidad colectiva.
Aún existe margen para corregir el rumbo. Regular las rentas, ordenar el uso de la vivienda turística, impulsar de manera real la vivienda social y frenar la especulación no significa detener el desarrollo, sino hacerlo sostenible y justo. Porque una ciudad no se mide por la rentabilidad de sus inmuebles ni por la altura de sus edificios, sino por la posibilidad real de que su gente pueda vivir en ella con dignidad. Defender el derecho a habitar Guadalajara es hoy una de las formas más claras de defender su identidad.v
