Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda
@carlosemgtz
La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco fue creada con los principales objetivos de acudir en la defensa de los ciudadanos en la aplicación de la ley; vigilar la correcta ejecución de la misma; y promover la solución de todos los asuntos relacionados con el proceso de urbanización en el Estado. Ahora, a más de 22 años de su creación, deberíamos preguntarnos si esta institución ha cumplido su función y los funcionarios han sido los más adecuados.
Esta dependencia fue creada al amparo de la extinta Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, donde a partir de la entrada en vigor de su Ley Orgánica en marzo del 2001, se empezó a crear el andamiaje para su funcionamiento. En sus primeros periodos dirigió los esfuerzos a cumplir los objetivos planteados con el componente de una fuerte campaña de difusión y capacitación, tanto a los ayuntamientos como a la población en general, así como se balancearon los aspectos técnicos, jurídicos y participación ciudadana, resultado de la buena dirección y las gestiones y habilidades de los titulares de la época.
Con la entrada en vigor del Código Urbano, en el 2009 desaparece la Ley Orgánica de la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR) y se incorpora formando parte del nuevo ordenamiento con treinta y cuatro atribuciones, pero conservando su esencia principal.
A partir de ahí, la dependencia entró en un letargo en cuanto a su crecimiento, se empezó a burocratizar, y en lugar de ser una herramienta indispensable para el ciudadano empezó a perder liderazgo, presencia y difusión de sus objetivos, iniciando una etapa donde la única forma de vigilar la aplicación de la ley fue base de judicializar las diferencias. Muy lejos quedó el análisis técnico, la prevención, capacitación, las recomendaciones y el dialogo; se optó, como primer recurso, por el procedimiento jurídico y no como el ultimo, quizás por la formación académica de los titulares y los equipos integrados básicamente en abogados, con la ausencia o poca participación de los especialistas en la planeación urbana, conservación del patrimonio y la exclusión de los organismos sociales especialistas en diferentes temas de la ciudad.
Desgraciadamente, hoy la dependencia ha desaparecido en sus funciones primordiales de defensa del ciudadano, así como vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de desarrollo urbano y sus reglamentaciones, ejercer de oficio el cuidado del patrimonio y muchas de las atribuciones enmarcadas en la misma ley. Pero resulta preocupante que no solo ha faltado a sus funciones, sino que ha emitido dictámenes en contra del bien común, omitiendo mandamientos de leyes federales en cuanto a la progresividad del espacio público, entre muchos ejemplos.
Hoy necesitamos una sociedad más informada y participativa; la rendición de cuentas es una forma de comunicar a los ciudadanos el actuar de los titulares de las dependencias para evaluar su desarrollo y cumplimiento; sería bueno que el actual procurador informara, por lo menos al final de su gestión, los avances y retos de la dependencia a su cargo en los últimos cuatro años.
Afortunadamente está en curso la convocatoria para nombrar un nuevo titular, es un momento oportuno para refrescar la institución. Se requieren perfiles diferentes, que prioricen lo técnico, la capacitación y la participación, que retome su función original.
De los candidatos dados a conocer y evaluados por el CPS como perfiles idóneos, resalta en los cuatro primeros lugares tres mujeres y un hombre de diferentes profesiones: dos abogados, una arquitecta-abogada y una urbanista. Llama la atención que la actual procuradora estatal de medio ambiente esté en este grupo; habría que preguntarle por qué se quiere cambiar de trabajo, y evaluar su desempeño en la Proepa.
De este grupo hay dos que serían una buena opción, pero al final los diputados tienen la última palabra. Esperemos que no apliquen el dicho de “más vale malo por conocido que bueno por conocer”.
