Por Edith Roque Huerta
Profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, SNI Nivel 1
Serpientes y Escaleras, es un juego de mesa clásico que parece inocente: los jugadores avanzan por un tablero numerado según la suerte de los dados. Las escaleras representan oportunidades de ascenso rápido; las serpientes, retrocesos inevitables que te devuelven casi al punto de partida. El objetivo es llegar primero a la casilla final, superando obstáculos y aprovechando los pocos atajos disponibles.
Pero si observamos con atención, este juego encierra una metáfora perfecta para entender el destino actual de los derechos humanos en México. Durante décadas, el país construyó un entramado constitucional y jurisprudencial que parecía garantizar un ascenso constante hacia una justicia más amplia: escaleras normativas, reformas progresivas, sentencias protectoras. Sin embargo, en los últimos años —y especialmente con la reforma a la Ley de Amparo— el tablero se ha llenado de serpientes institucionales que amenazan con hacernos retroceder varias casillas en materia de libertades y garantías.
El tablero del Amparo
El juicio de amparo ha sido históricamente una de las escaleras más firmes del constitucionalismo mexicano. Nació para proteger al individuo frente al abuso del poder, y evolucionó hasta convertirse en una de las herramientas más efectivas para garantizar la supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos humanos.
Durante más de un siglo, el amparo fue la jugada maestra del ciudadano frente al Estado: una vía para subir la escalera cuando la autoridad lo empujaba hacia abajo. Gracias a este mecanismo, miles de personas lograron que se suspendieran actos arbitrarios, se corrigieran leyes inconstitucionales o se reconocieran derechos que antes parecían imposibles, desde el matrimonio igualitario hasta la interrupción legal del embarazo o la protección del medio ambiente.
Sin embargo, las recientes modificaciones legislativas han cambiado las reglas del juego. La reforma de 2025, que redefine el interés legítimo y limita los efectos generales de las sentencias, introduce una peligrosa lógica de regresividad. Como advirtió el ministro en retiro Javier Laynez “no es una reforma garantista; pone en el centro a la autoridad”. Dicho de otro modo: el tablero ya no favorece al jugador ciudadano, sino a quien controla las serpientes del poder.
Serpientes disfrazadas de técnica
Toda regresión jurídica comienza con un argumento técnico. Se dice que se busca “armonizar la ley”, “modernizar el sistema” o “hacer más eficiente el proceso”. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se oculta una trampa: la normalización del retroceso.
La nueva Ley de Amparo establece condiciones más restrictivas para la procedencia del juicio y reduce la posibilidad de que una sentencia beneficie a todas las personas en situaciones similares. Antes, una decisión judicial podía tener efectos generales y servir de escalera colectiva; ahora, el beneficio se vuelve personal, individual, casi anecdótico.
En términos del juego, ya no se trata de avanzar como sociedad, sino de salvarse uno mismo mientras los demás siguen en el suelo. Es una atomización del derecho: se fragmenta la justicia en microvictorias que no transforman el tablero.
El principio de progresividad de los derechos humanos, previsto en el artículo 1° de la Constitución, obliga al Estado a ampliar, no restringir, las garantías reconocidas. Sin embargo, esta reforma contradice ese mandato al crear obstáculos donde antes había escaleras. Lo que en apariencia parece un simple ajuste procesal es, en realidad, una serpiente normativa que amenaza con devorar décadas de avance en materia de acceso a la justicia.
Las escaleras de la historia
México ha subido varias escaleras históricas en materia de derechos. En 2011, la reforma constitucional en derechos humanos transformó la manera de entender la relación entre el Estado y la persona. Se estableció el principio pro persona, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y la posibilidad de interpretar las normas de la manera más favorable para las personas.
Esa fue una de las escaleras más largas y sólidas del tablero. A partir de ella, la Suprema Corte consolidó criterios de avanzada: el control de convencionalidad, la protección de minorías, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano y la prohibición de discriminación estructural.
Cada sentencia progresiva era una escalera colectiva. La regresión en la Ley de Amparo amenaza con convertir a la justicia constitucional en un juego de suerte, donde el resultado depende del dado del poder y no del principio de legalidad.
La reforma al amparo, al recentrar la figura de la autoridad, envía un mensaje implícito a la judicatura: no te atrevas a subir demasiado rápido por la escalera, porque podrías caer en las serpientes. Esa tensión erosiona la independencia judicial y debilita el vínculo entre ciudadanía y justicia.
Progresividad frente a regresividad: la dirección del juego
En términos jurídicos, la progresividad implica que los derechos humanos deben expandirse, tanto en su contenido como en su alcance, y que cualquier medida que los reduzca debe justificarse bajo los más altos estándares constitucionales y convencionales. En cambio, la regresividad ocurre cuando se eliminan, restringen o debilitan mecanismos de protección previamente reconocidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: los Estados no pueden adoptar medidas regresivas sin una justificación objetiva, razonable y proporcional. México, al reformar la Ley de Amparo para fortalecer a la autoridad en detrimento de la persona, se coloca en el filo de esa prohibición.
El juego, entonces, deja de ser un ascenso colectivo hacia la casilla final —el pleno respeto de los derechos humanos— y se convierte en una carrera llena de trampas. Las escaleras se vuelven cortas, las serpientes largas y sinuosas. La tirada del dado ya no depende de la justicia, sino de la coyuntura política.
La justicia como ascenso ético
Cada generación construye sus propias escaleras. Las personas que lucharon por el voto femenino, por la libertad sindical, por el reconocimiento de la diversidad o por el acceso a la información pública, añadieron peldaños al tablero nacional. Pero esas escaleras no son eternas: deben cuidarse.
El Estado que permite retrocesos normaliza la desigualdad. La autoridad que restringe el amparo no solo limita una herramienta jurídica, sino que debilita la confianza en el pacto social. Porque cuando los ciudadanos perciben que las serpientes siempre ganan, dejan de jugar, y cuando la gente deja de jugar, la democracia pierde sentido.
La dignidad, como la justicia, se construye casilla por casilla. No hay atajos permanentes. Cada reforma regresiva borra parte del camino recorrido, y cada juez que calla frente a una injusticia prolonga la pendiente.
El juego del poder y la ilusión del progreso
El discurso oficial suele prometer “eficiencia”, “simplificación” o “modernización”. Pero detrás de esas palabras se esconde una estrategia política: recentralizar el control del sistema judicial y reducir la capacidad ciudadana de cuestionar al poder.
El riesgo de esta dinámica es doble. Por un lado, se desarma al individuo frente a los abusos del Estado. La metáfora del juego se vuelve inquietante: si la autoridad lanza los dados, decide dónde colocar las serpientes y cambia las reglas a mitad de la partida, el ciudadano deja de competir en condiciones de igualdad, y cuando el tablero se manipula, la victoria del poder ya no es resultado del mérito institucional, sino del fraude estructural.
El final del tablero
El objetivo del juego, dicen las instrucciones, es llegar a la casilla final. Pero en el juego de los derechos humanos no hay un final: siempre habrá una nueva meta, un nuevo peldaño, una nueva escalera por construir. La progresividad no es una meta alcanzable, sino un compromiso permanente.
Sin embargo, cuando las reformas reducen derechos, cuando las autoridades se colocan en el centro y la ciudadanía en la periferia, el tablero se convierte en una trampa circular. Avanzamos, retrocedemos, volvemos al inicio.
La metáfora de Serpientes y Escaleras nos recuerda que la justicia no es cuestión de suerte. No basta tirar el dado y esperar un buen número; hay que defender el tablero, cuestionar las reglas y exigir que las escaleras se mantengan firmes.
Porque cuando las serpientes del poder se multiplican, los derechos dejan de subir, y entonces, el juego deja de ser un juego: se convierte en una regresión institucional donde el ciudadano pierde incluso el derecho a tirar el dado.
