Por Carlos Lara González
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación y la Cultura
@Reprocultura
Hace unos días, una nota de Rebeca Pérez Vega, del diario Mural, dio a conocer un hecho lamentable: el robo de arte público que, como bien apunta, es un delito aún no clasificado en la legislación vigente. Es importante señalar que este tipo de robo hormiga del que está siendo objeto la estatuaria pública de la ciudad y del país entero, no es de ahora. Ha venido ocurriendo sin que nos demos cuenta. Alimentado por la necesidad, quienes lo roban lo venden como bronce y acero de buena calidad, haciendo de esta venta una forma de ganarse la vida.
En su nota, Pérez Vega da cuenta del robo de 300 fragmentos o piezas completas de escultura en los tres últimos años. Un paseo por las esculturas que conforman la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y las del Programa de Arte Público que señala la periodista, nos dan una idea de esto. Y no se trata aquí, como ha señalado el escultor Adrián Guerrero, de considerar en los proyectos escultóricos el contexto donde se piensa instalar una determinada obra, ya que el contexto es parte de la concepción de la obra artística. Limitar el contexto a la posibilidad del daño o el robo de elementos, limitaría la libertad creativa del artista. No cumpliría su función como parte de un proyecto de arte público. El contexto es algo que debe garantizar el Estado, tanto al artista como parte de su libertad creativa, como a los ciudadanos, como parte de su derecho de acceso a la cultura. Esto es, a los bienes y servicios culturales que presta el gobierno.
En octubre de 2018 fue detenido en la Ciudad de México un pepenador de bronce cuando trasladaba la estatua del general Ignacio Mejía en un diablito cubierta con una cobija. La había bajado de su pedestal ubicado sobre Paseo de la Reforma; fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública quienes reportaron una escultura de bronce que, presumiblemente, sería vendida por kilos. El delincuente fue trasladado al Ministerio Público donde, como suele decirse en estos casos, sería definida su situación jurídica. Nada se volvió a saber de él ni de la escultura que, según dijeron las autoridades, estaría en una bodega para su restauración y restitución.
Este tipo de robo de estatuas y placas conmemorativas, además de ser una constante en todo el país, se da con mayor frecuencia en la Ciudad de México. Luego del intento de robo de la estatua del General Mejía, se registró el de una serie de coladeras y alcantarillas, así como un busto de José Guadalupe Posada que descansaba también sobre Paseo de la Reforma.
Es necesario proteger el arte público al más alto nivel, no precisamente como arte público sino dentro de la denominación de bienes culturales. No propiamente en una ley de patrimonio cultural sino en el Código Penal Federal. La mejor forma de hacerlo sería, como atinadamente ha propuesto el magistrado Jaime Allier Campuzano, en su obra “La protección penal del patrimonio cultural mexicano”, incorporando en la Constitución el principio pro bien cultural. De ahí en adelante.
Debe considerarse que se trata de elementos que ya no son solo monumentos (categoría que hace alusión a lo material y edificado), sino bienes culturales, una categoría más integral que abraza bienes materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, como los concibe la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En ese sentido, es necesario reconocerlos, conservarlos y protegerlos al más alto nivel. Considerando en todo momento que se trata de bienes culturales que cuentan con una relevancia histórica o estética, que el gobierno solicita para ser incorporadas al patrimonio público y que se pagan con nuestros impuestos, debemos concienciar a todos los ciudadanos sobre su cuidado, no tanto por lo que cuestan como por lo que representan como elementos que recrean nuestra identidad cultural, que despliegan la dimensión social del arte y la cultura en nuestro entorno, elementos que deben hacernos recordar a diario que el derecho a la cultura no existe si no se ejerce.
