Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CECSH de la UdeG
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revertir la resolución de su Sala Especializada respecto a la denuncia presentada por el PAN a raíz de la campaña de “traición a la Patria” que se generó contra sus legisladores federales, tanto por legisladores de Morena como militantes y simpatizantes, luego de la votación en contra de la iniciativa de reforma eléctrica.
Esta resolución cobra relevancia no sólo por el tema de interés público que le da origen, sino por los criterios que perfila para sancionar o no futuras discusiones públicas y campañas políticas. Siendo aún más específico, por las implicaciones que tiene en el tema de violencia política en general y violencia política en función de género en particular.
Una democracia se caracteriza, entre otras cosas, por la calidad e intensidad del debate público sobre los temas de interés colectivo, por lo que es deseable que estas discusiones sean abiertas, frontales, pero también respetuosas de los derechos a disentir y oponerse. Más aún, la responsabilidad de los actores políticos va más allá del uso de términos y el tono de sus argumentos para no favorecer la aparición de conductas que limiten las libertades, o sean francamente alentadoras de violencia en cualquiera de sus formas.
El debate parlamentario, por su naturaleza y la importancia de los asuntos que trata, puede tornarse ríspido, acalorado, apasionado. Pero cuando se aleja de argumentos sustentados en razones, en evidencias, para establecer juicios morales basados en ideología o interés propio, puede ser una fórmula peligrosa. Sobretodo cuando se vincula también a campañas formales (publicación de desplegados firmados, opiniones identificables en medios de comunicación…) e informales (campañas no identificables en redes socio digitales, propaganda impresa…) que alientan la descalificación, calumnia e incluso la violencia.
Defender posiciones por valores, ideología o intereses particulares es completamente válido si se acompaña con la responsabilidad de respetar la libertad y el derecho de otros a defender posiciones diferentes, incluso opuestas. Descalificar las ideas y posiciones de quienes no comparten nuestra visión no equivale a descalificar a la persona que las sostiene.
Admito con preocupación que estas expresiones excluyentes y violentas no son difíciles de esperar, luego de la dinámica de polarización y confrontación que se ha estado expandiendo en los últimos años en nuestro país. Lo deseable es que las entidades responsables de hacer cumplir las instituciones políticas y electorales establezcan con sus resoluciones límites más claros al ejercicio de la política, así como de la expresión y el debate que los actores políticos llevan a cabo.
Establecer que hay “traidores a la Patria”, “peligros para México”, o cualquier expresión de esta naturaleza, son caras de la misma moneda. Rebajan la discusión pública a descalificaciones personales, abonan a la radicalidad y estridencia de la políticas y cancelan el debate de las ideas y las razones, que son condición necesaria para construir acuerdos de cooperación y acción colectiva que nos ayuden a resolver problemas comunes.
