Por Carlos E. Martínez Gutiérrez
Consultor en Desarrollo Urbano
@carlosemgtz
El artículo 4º constitucional establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Hoy en día, este mandamiento constitucional adicionado a nuestra Carta Magna en 1983 ha quedado rebasado ante la problemática de las ciudades mexicanas en los últimos 30 años, y más aún ante los cambios de legislaciones y políticas públicas en materia de vivienda en los años posteriores.
La problemática en materia de vivienda se ha visto agravada en diferentes rubros impactando fuertemente a la población y al estado en su conjunto, sin que este tenga una respuesta clara y efectiva de solución.
El censo nacional de población y vivienda del 2020 expone una serie de datos reveladores de la problemática de la vivienda en nuestro país. Establece que hay 35.3 millones de viviendas, de las cuales el 28.1% son menores de 50 m2; pero además de la problemática social que genera por esas dimensiones, establece que hay un 24.6% de vivienda con más de 31 años de antigüedad y un 20.5% entre 20 y 31 años, que la suma de las dos nos da un total de 45.1% de viviendas que sobrepasan su vida útil.
Alarmante resulta que el mismo censo determina que 14.4 millones de viviendas (40.8%) tienen problemas de grietas o cuarteaduras, este dato nos habla de viviendas en riesgo, muchas veces construidas en áreas de fragilidad, por autoconstrucción y sin ningún control ni regulación que le den seguridad tanto jurídica como material a sus moradores.
Además de la problemática de la vivienda existente, a lo anterior hay que sumarle el déficit de vivienda existente y la creciente incorporación de jóvenes al mercado laboral. De acuerdo con datos oficiales, hay un déficit de 9 millones de viviendas, de los cuales 4.8 millones son derechohabientes por los sistemas tradicionales de crédito a través de Infonavit/Fovissste, pero más de 4 millones de personas no tienen opción real de acceso a la vivienda y menos adecuada.
El gobierno de la Republica cuenta con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Según publicidad oficial, tienen como “misión asegurar que las personas ejerzan su derecho humano a una vivienda adecuada, a través de la ejecución de los programas del gobierno de México”, pero estos programas son a base de subsidios a viviendas con necesidades de mejoramientos a través de hogares de bajos ingresos que habitan una vivienda en condición de rezago habitacional o necesitan una vivienda.
Desgraciadamente la respuesta del Estado en su conjunto, para solucionar el problema de la vivienda, es prácticamente nula; para los derechohabientes del Infonavit seguirá en manos de las fuerzas del mercado, la vivienda cada vez más cara, menos habitable y adecuada. No se vislumbra un cambio en ese sentido.
Por otro lado, combatir el déficit habitacional de la población sin acceso a la vivienda, así como atacar la problemática de la vivienda existente, la respuesta ha sido una política de pequeños, limitados y focalizados subsidios que prácticamente no impactan en la solución de la problemática, pero sirven para los discursos políticos y rentabilidad electoral. Se requiere una política pública de forma integral, acciones coordinadas y presupuestos con la seriedad y acciones que verdaderamente den bienestar a la población y no tratar de combatir el cáncer con un mejoral.
