Por Gilberto Ortega Valdés
La evolución política de América Latina en las últimas décadas no ha sido lineal ni acumulativa, sino claramente pendular. La región ha transitado por autoritarismos, democracias liberales, progresismos y nuevas derechas sin lograr resolver los problemas estructurales que la atraviesan: pobreza persistente, desigualdad extrema, corrupción sistémica e inseguridad creciente. Más que una disputa ideológica coherente, este recorrido revela una crisis crónica de Estado y, sobre todo, de resultados.
Durante la segunda mitad del siglo XX, gran parte de América Latina estuvo gobernada por regímenes autoritarios y dictaduras militares que privilegiaron el control político y la estabilidad macroeconómica por encima de los derechos, la inclusión y el desarrollo social. Estos gobiernos lograron, en algunos casos, contener la inflación o imponer orden, pero lo hicieron a costa de libertades civiles, participación política y cohesión social. La transición democrática de los años ochenta abrió un ciclo de esperanza, con elecciones libres y nuevas constituciones, pero también dejó Estados débiles, endeudados y con escasa capacidad institucional.
En los años noventa, la democratización se combinó con reformas de mercado, privatizaciones y una reducción deliberada del Estado. Si bien estas políticas estabilizaron economías y consolidaron reglas electorales, también profundizaron la desigualdad, precarizaron el empleo y debilitaron el contrato social. Para amplios sectores de la población, la democracia comenzó a percibirse como un sistema que garantizaba libertades políticas, pero no bienestar ni movilidad social. La legitimidad de las nuevas democracias quedó así seriamente erosionada.
Ese desencanto fue el caldo de cultivo para la llamada marea rosa de inicios del siglo XXI. Gobiernos de izquierda y centroizquierda llegaron al poder con una agenda centrada en la redistribución, los programas sociales y un Estado más activo. El auge de las materias primas permitió financiar políticas de reducción de la pobreza, ampliar el acceso a educación, salud y transferencias sociales, y recuperar cierto protagonismo estatal. Durante algunos años, pareció que la región había encontrado un equilibrio entre inclusión social, crecimiento económico y gobernabilidad democrática.
Sin embargo, ese impulso no se tradujo en transformaciones estructurales duraderas. Las economías siguieron siendo poco diversificadas y altamente dependientes de exportaciones básicas; la institucionalidad estatal no se fortaleció al mismo ritmo que el gasto social; y los sistemas fiscales permanecieron frágiles y regresivos. Cuando terminó la abundancia de las materias primas, quedaron al descubierto los límites del modelo: desaceleración económica, endeudamiento, corrupción y burocracias ineficientes. En varios países, además, las izquierdas en el poder reprodujeron prácticas que decían combatir —clientelismo, concentración del poder y debilitamiento de contrapesos—, erosionando su legitimidad democrática y su capital moral.
A partir de la segunda mitad de la década de 2010, y con mayor fuerza tras la pandemia, se produjo un giro hacia gobiernos de derecha y nuevas derechas, muchas con discursos de orden, mercado y “mano dura” frente a la inseguridad. Este viraje respondió más al hartazgo social que a una adhesión ideológica profunda. Sin embargo, estas derechas tampoco resolvieron los nudos estructurales de la región. La desigualdad persiste, la corrupción atraviesa a las élites políticas y económicas, y los Estados continúan mostrando una baja capacidad para garantizar seguridad, justicia y servicios públicos de calidad. En no pocos casos, la promesa de orden ha venido acompañada de deterioro democrático, polarización y concentración del poder.
El problema de fondo, entonces, no es el color político, sino la calidad del gobierno y del Estado. América Latina ha cambiado de proyectos sin construir instituciones sólidas, sistemas de justicia independientes ni capacidades públicas para implementar políticas de largo plazo. La lógica de la supervivencia política inmediata —polarización, clientelismo y reformas parciales— se impone una y otra vez sobre las reformas estructurales necesarias. El péndulo ideológico se mueve porque ningún proyecto logra ofrecer resultados sostenibles.
En este contexto regional, el caso de Morena adquiere especial relevancia. Su llegada al poder respondió a un profundo hartazgo social frente a la corrupción, la desigualdad y la violencia, y se apoyó en una narrativa potente de justicia social y ruptura con el pasado. Como en otros países de la región, el respaldo popular fue amplio y contundente. Sin embargo, la experiencia latinoamericana demuestra que la legitimidad electoral, por sí sola, no garantiza la transformación estructural del Estado ni la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo.
En este escenario, la pregunta central es hacia dónde se moverá el péndulo político en México. El partido en el gobierno emergió del hartazgo social frente a la corrupción, la desigualdad y la violencia, con un mandato claro de transformación. Sin embargo, los resultados no han estado a la altura de esa expectativa. La persistencia de la violencia, la alta informalidad laboral y un crecimiento económico insuficiente comienzan a erosionar el capital político del proyecto gobernante. La experiencia latinoamericana demuestra que, cuando las promesas de cambio no se traducen en mejoras tangibles, el péndulo vuelve inevitablemente a moverse. Y ese desplazamiento no necesariamente conduce a una opción que resuelva los problemas estructurales; por el contrario, suele abrir paso a salidas improvisadas o autoritarias que profundizan los ciclos de frustración. De ahí la urgencia de construir una verdadera alternativa política: una opción con visión de Estado, capacidad real de gobierno y un proyecto claro para responder, de manera eficaz, democrática y sostenible, a los problemas sociales que México arrastra de forma recurrente.
