Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Hace algunos meses en estas mismas páginas comenté la preocupación por dos instancias públicas fundamentales para la organización de los procesos electorales en nuestro país: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tienen las funciones de autoridad administrativa y autoridad jurisdiccional de manera respectiva (“La hora de los Consejeros y Magistrados Electorales”, 26 jun). En esta colaboración lamento decir que el cierre de año no ha sido sencillo, ni alentador.
En el caso del INE, el proceso de elección de los cuatro nuevos integrantes de su Consejo General sigue teniendo efectos negativos sobre el funcionamiento de ese órgano colegiado en el que, por ejemplo, se han observado hechos inéditos como el “error” en la votación del acuerdo para privilegiar que la mayoría de candidaturas a los gobiernos estatales en 2024 fueran para mujeres. Lo más grave es que la confrontación entre Consejeros Electorales está generando problemas para la estructura operativa que debería estar blindada por los principios de neutralidad y profesionalismo, pero que ha recibido embates y presiones para renunciar a sus cargos y que se puedan incluir a personas impulsadas por funcionarios del partido en el gobierno federal. Como muestra, el caso de la coordinación del PREP.
El caso del TEPJF es aún más preocupante, ya que al problema de no contar con la integración completa de la Sala Superior, a la que le faltan dos integrantes que el Senado se ha negado a elegir, se acumula la reciente disputa encabezada por dos magistrados y una magistrada que ha obligado a la renuncia de quien actualmente lo encabeza. Este hecho del que aún no se tiene suficiente información ni elementos parece un asalto a la presidencia del organismo propiciado, justamente, por el nuevo balance de fuerzas que se generó con la no decisión del Congreso de la Unión para hacer los nombramientos faltantes.
Las preguntas obligadas en ambos casos son:¿Quiénes son los ganadores con esta situación de confrontación interna, desgaste organizacional y merma en las capacidades institucionales de estas instancias públicas para desempeñar sus funciones a cabalidad? ¿Qué se pierde con esta situación? y ¿Quiénes son los perdedores?
Ganadores: El partido en el gobierno por la debilidad de ambas entidades públicas para garantizar la integridad electoral en temas como los actos anticipados de promoción política personalizada de funcionarios gubernamentales que ahora son aspirantes a candidaturas, el financiamiento de esas actividades y el posible desvío de recursos gubernamentales.
Perdedores: Inicialmente el INE y el TEPJF ante un escenario en donde se pierda la confianza debido a que la ley no es ya una herramienta suficiente para inhibir conductas irresponsables e ilegales de actores políticos y funcionarios gubernamentales. La ciudadanía, por una disminución de nuestra capacidad de ejercer plenamente nuestras libertades y derechos cívico-políticos. La democracia, que por la desinstitucionalización será menos respaldada y más débil ante la irrupción de quienes no desean límites ni contrapesos a su poder.
