Por Juan Carlos Hernández
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis202
La certeza cabal de hacer que del cumplimiento de la normativa electoral, previo, durante y después de una elección, está fincada en la existencia de las instituciones creadas para salvaguardar los derechos sí, pero también las obligaciones de los partidos políticos y sus contendientes en cualquier tipo y etapa de campaña electoral a lo largo y ancho del país, como también de sus procesos al interior de cada uno de ellos.
Pero también los derechos de los electores, y para ello, y por ley constitucional, son los tribunales electorales en las entidades federativas como primera instancia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es la última instancia en determinaciones que al derecho electoral convenga resolver, según sea el caso.
Es así como esa certeza existe gracias a la plena autonomía lograda por luchas e impulsos de grandes personajes de la política nacional, que en su oportunidad velaron por la legislación entorno a la normatividad con que deben regirse las instituciones judiciales en temas electorales.
Resulta, pues, que hoy día se está proponiendo a discusión una iniciativa en el Congreso de la Unión y que entrada ya tiene observaciones por las mismas representaciones de las fracciones partidistas, sobre temas de relevancia.
Las afectaciones están claras y hay movimientos constitucionales en la propuesta que podrían limitar las actuales atribuciones del Tribunal Electoral. Por mencionar algunas de ellas, están las de quitar las acciones afirmativas (la última de estas fue la de proponer que una mujer ocupara la presidencia del INE) y, además, que garantizan curules a indígenas, afroamericanos y migrantes y, por otro lado, la paridad de género, que también se estipula como obligación para propuestas de candidaturas en los partidos políticos.
En todo caso, es bueno que las posiciones de las representaciones políticas reaccionaran y valoraran el impacto de retroceso que se provocaría en lo que ya se tiene como un avance cierto para posicionar a las mujeres en la palestra pública de la competencia política. Es decir, conservar los derechos políticos electorales en igual medida de oportunidades y de condiciones respecto a los hombres.
Otra vez, y hoy más que nunca, debemos asegurarnos de que estos intentos fracasen y renovar el compromiso a recuperar la potencialidad del uso de la democracia frente a un electorado cada vez más exigente y explorador, debiendo proteger la integridad de las autoridades electorales que son la piedra angular del edificio democrático, e impulsar a la ciudadanía a ser partícipe de los procesos electorales.
Hay que dar tiempo al tiempo, pues al poner en marcha una nueva reforma al Tribunal Electoral y previo a una elección del 2024, todavía más delicado se pone el asunto. En las circunstancias actuales en México no necesita entrar a un problema en la organización de las elecciones, tampoco en cambiar las formas y fondo que brindan las opciones de la competencia política y menos el de restar esos ya ganados espacios, tanto reclamados por las mujeres que también y por supuesto tienen talento y propuestas para hacer mejores políticas públicas.
Las fortalezas de toda institución estriban, por una parte, en el respeto que se le reconozca al existir para un fin determinado, y por otra en la consecución de sus objetivos claros y afianzados en la ley y, si así funcionan, pues cómo para qué menoscabar su estructura, su operatividad y su rigurosa competitividad que es afianzada en su actuación conforme la ley le mandata. Y menos en tratándose de derechos político-electorales ya ganados. Otra vez: que no llegue el rumor de la discordia.
