Morena, Verde y PT refrendan alianza electoral en medio de dudas y rupturas.
Por Ángel Nakamura
Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México formalizaron esta semana el refrendo de su alianza rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Se trata de un movimiento que busca disipar cualquier señal de ruptura y enviar un mensaje de cohesión frente a una oposición que apuesta, sin éxito hasta ahora, por la fragmentación del bloque gobernante.
Para Morena, fuerza mayoritaria del país, el acuerdo no sólo representa continuidad política, sino también el mayor beneficio —y el mayor riesgo— de cara a un proceso electoral clave.
Alcalde: Se quedaron con las ganas de ruptura
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, fue enfática al señalar que quienes anticiparon una ruptura con el PT y el Verde “se quedarán con las ganas”.
Acompañada por el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, y la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, sostuvo que la alianza de la llamada cuarta transformación llega fortalecida a 2027 y que el bloque mantiene como prioridad el interés nacional por encima de cualquier cálculo partidista.
El compromiso, firmado en la Ciudad de México, establece la voluntad de los tres partidos para concurrir juntos en una elección que renovará la Cámara de Diputados, definirá 17 gubernaturas y reconfigurará congresos locales y ayuntamientos en buena parte del país.
En el documento, las dirigencias subrayaron que la coalición ha sido clave para consolidar un proyecto político que, aseguran, ha derivado en un verdadero Estado de Bienestar y en la constitucionalización de los programas sociales.
Un bloque legislativo funcional
La alianza no sólo se reivindica como una fórmula electoral exitosa, sino como un bloque legislativo funcional. Morena, el PT y el Verde recordaron que juntos lograron las victorias presidenciales de 2018 y 2024, así como mayorías calificadas en el Congreso de la Unión que permitieron reformas constitucionales de gran calado.
En ese contexto, también reiteraron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien llegó a la Presidencia impulsada por esta coalición y se convirtió en la mandataria más votada en la historia del país.
Sheinbaum, por su parte, confirmó que la alianza se mantiene firme pese a las tensiones generadas por la propuesta de reforma electoral que prepara su administración. La mandataria aclaró que corresponde al Ejecutivo Federal presentar dicha iniciativa y minimizó los rumores de fractura interna, al insistir en que Morena, PT y Verde “van juntos al 27”. Sus declaraciones se dieron en un momento en que el debate sobre financiamiento a partidos y la figura de los legisladores plurinominales ha generado resistencias, particularmente entre los aliados.
Quien más gana y pierde es Morena
Aunque el acuerdo proyecta unidad, también deja ver que quien más gana —y al mismo tiempo más arriesga— es Morena. Como principal fuerza política del país, el partido guinda domina el Senado, la Cámara de Diputados, numerosos congresos locales y cientos de alcaldías.
Sin embargo, en 2027 expondrá una parte sustancial de ese poder: 12 de las 23 gubernaturas que actualmente controla estarán en juego, además de la posibilidad de perder la mayoría simple en San Lázaro si la coalición se debilita.
Paradójicamente, Morena ha demostrado que su éxito electoral rara vez ha sido en solitario. De las gubernaturas que ha conquistado desde su fundación, sólo una —Guerrero en 2021— fue ganada sin aliados.
El resto se obtuvo mediante coaliciones, lo que explica la insistencia de su dirigencia en mantener cerrada la pinza con el PT y el Verde, aun cuando existan diferencias programáticas o tensiones internas.
Luisa María Alcalde también reiteró que Morena mantendrá su candado contra el nepotismo y que la nueva Comisión Evaluadora de Incorporaciones revisará perfiles incluso en candidaturas de coalición.
Esta postura ha generado incomodidad entre aliados que exploran rutas propias, como el PVEM, que ha manifestado interés en competir con candidatos propios en estados estratégicos, o el PT, que tras buenos resultados locales ha expresado su aspiración de disputar gubernaturas.
Una coalición llena de tensión
Analistas políticos advierten que el acuerdo entre Morena, PT y Verde refleja una tensión constante entre principios y pragmatismo electoral.
Para el estratega José Manuel Urquijo, los partidos enfrentan dilemas entre sostener los valores que proclaman y mantener alianzas que les garantizan poder legislativo y territorial.
En el caso de Morena, el cálculo es claro: su fortaleza nacional depende, en buena medida, de conservar la unidad del bloque que le ha permitido gobernar con amplias mayorías.
Así, el refrendo de la alianza rumbo a 2027 no sólo busca cerrar filas frente a la oposición, sino blindar la posición dominante de Morena en el sistema político mexicano.
En esa ecuación, el partido gobernante es el principal beneficiado del acuerdo, pero también quien más tiene que perder si la coalición llegara a resquebrajarse.
Para ahora, el mensaje es inequívoco: no habrá ruptura y la fuerza mayoritaria apostará, una vez más, por la unidad como estrategia de supervivencia y control político.
¿Qué está en juego en 2027?
El proceso electoral de 2027 se perfila como uno de los más amplios y complejos de la vida democrática reciente en México. Además de la renovación total de la Cámara de Diputados y de miles de cargos municipales en todo el país, ese año se celebrarán elecciones para elegir gubernatura en 16 entidades federativas, así como el segundo ejercicio de elección de jueces derivado de la reforma judicial en curso.
El alcance de estos comicios tendrá implicaciones profundas tanto en la correlación de fuerzas políticas como en la gobernabilidad a nivel federal y local.
Las entidades que renovarán su titular del Poder Ejecutivo estatal en 2027 son Baja California, actualmente gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda; Baja California Sur, bajo la administración de Víctor Manuel Castro Cosío; Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román; Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos Galván; Colima, con Indira Vizcaíno Silva; Guerrero, bajo el mandato de Evelyn Salgado Pineda.
También habrá elecciones en el Ejecutivo en Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla; Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero; Nuevo León, con Samuel García Sepúlveda; Querétaro, gobernado por Mauricio Kuri González; Quintana Roo, bajo la administración de Mara Lezama Espinosa; San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona; Sinaloa, gobernado por Rubén Rocha Moya; Sonora, con Alfonso Durazo Montaño; Tlaxcala, bajo el mandato de Lorena Cuéllar Cisneros; y Zacatecas, gobernado por David Monreal Ávila.
La magnitud de estas elecciones se amplifica por el contexto político en el que se desarrollarán. En 2027 se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados, pieza clave para la definición del rumbo legislativo del país, así como las presidencias municipales y congresos locales en las entidades que así lo establezcan sus calendarios electorales.
A ello se suma la implementación del segundo proceso de elección de jueces, como parte de la reforma judicial impulsada a nivel federal, lo que añade un componente inédito al ejercicio democrático.
En este escenario, la reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo ha colocado bajo el escrutinio público a varias entidades. Aunque la reforma fue aprobada, su aplicación se pospuso hasta 2030, una decisión que ha generado debate y críticas.
El Partido Verde Ecologista de México fue uno de los principales actores en impulsar este aplazamiento, particularmente ante la intención de postular a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. González es actualmente legisladora federal por el PVEM y esposa del gobernador en funciones, Ricardo Gallardo Cardona.
Las elecciones de 2027 no sólo definirán quién gobernará 16 estados estratégicos del país, sino que también pondrán a prueba la coherencia de los partidos frente a las reformas que han promovido y el equilibrio entre el pragmatismo electoral y las exigencias de una democracia más transparente y equitativa.
Para México, y particularmente para las fuerzas políticas con mayor presencia territorial, se tratará de un punto de inflexión con efectos que podrían extenderse más allá del siguiente sexenio.
