Por Carlos Eduardo Martínez Villaseñor
Abogado
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 ya está sobre la mesa. Son 10.19 billones de pesos proyectados para ejercer el próximo año, una cifra que representa un crecimiento nominal cercano al 6% respecto al presupuesto anterior, aunque su impacto real dependerá de la inflación y de la disciplina fiscal con que se administre. La federación lo presenta como un presupuesto “humanista”, con prioridades claras en programas sociales, educación, salud, seguridad, infraestructura y rescate energético. En papel, es ambicioso; en la práctica, sus beneficios para Jalisco dependerán tanto de la negociación política como de la capacidad de gestión local.
De entrada, el paquete económico mantiene su apuesta más fuerte en el gasto social. Programas como la pensión para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y las becas educativas tendrán continuidad y expansión. Para Jalisco, donde más del 80% de las familias ya reciben algún apoyo, significa que el flujo de recursos federales hacia los hogares se mantendrá estable, fortaleciendo el consumo interno y sosteniendo la narrativa presidencial de redistribución. El dato no es menor: en 2025 la inversión social se calculó en 987 mil millones de pesos, y para 2026 se proyecta un crecimiento en la misma línea.
La parte más sensible para Jalisco está en la infraestructura. En el PPEF se contempla una bolsa de 27 mil millones de pesos para la red carretera federal en todo el país. Aquí está la primera incógnita: ¿qué porcentaje de esa bolsa le corresponderá al estado?. Constructores locales han estimado que solo para dar mantenimiento y rehabilitar los más de 2,196 kilómetros de red federal en territorio jalisciense se requieren entre 10 y 12 mil millones de pesos. Si no se asigna una proporción justa, el déficit en caminos federales podría seguir ampliándose. La gestión política de los legisladores será decisiva para que Jalisco no quede rezagado.
Otro frente es el Plan Nacional Ferroviario, donde aparece la ruta Irapuato–Guadalajara, con proyectos de carga y pasajeros que abrirían nuevas oportunidades logísticas para el occidente del país. El beneficio sería claro si se concreta la inversión, pero por ahora el presupuesto lo menciona en bolsas nacionales, sin detalle específico para Jalisco.
Lo mismo ocurre con proyectos de transporte masivo: la Línea 5 del Tren Ligero o la ampliación de la Línea 3 no figuran en el proyecto de 2026, lo que vuelve a mostrar la distancia entre las prioridades federales y las necesidades metropolitanas de Guadalajara.
En el rubro ambiental, el panorama es menos alentador. El presupuesto proyecta ligeras reducciones para la Secretaría de Medio Ambiente (-0.7%) y para CONAGUA (-1.2%). Esto preocupa a Jalisco por dos razones: el saneamiento del río Santiago y el futuro del Lago de Chapala. Aunque en el PPEF se destinaron más de 1,347 millones de pesos para restauración de cuencas en el país, Jalisco no aparece como beneficiario directo, lo que obliga a competir por recursos en ventanillas y convenios. A la par, la tensión con Guanajuato por el proyecto del acueducto Solís–León exige que cualquier asignación presupuestal venga acompañada de certeza técnica y política, de lo contrario, el conflicto por Chapala seguirá abierto.
El presupuesto también pone en juego el déficit fiscal. Los Requerimientos Financieros del Sector Público se calculan en 4.1% del PIB para 2026. Aunque se promete mayor recaudación (un crecimiento real de 5.7% en ingresos tributarios), la presión del gasto corriente y de los programas sociales puede limitar el margen de maniobra. Para Jalisco, que espera recibir en 2026 un presupuesto estatal cercano a 225,571 millones de pesos, este equilibrio será vital: cada peso federal debe estar bien vigilado para no comprometer el financiamiento de obras locales.
A pesar de las dudas, hay oportunidades. La inversión social asegura flujo constante a los hogares jaliscienses, la red carretera y ferroviaria puede recibir impulso si se negocian montos justos, y la estabilidad macroeconómica planteada por la federación promete menor volatilidad en tasas e inflación, lo que atraería inversión privada. Además, la obra pública vinculada al Mundial 2026, con la remodelación del Estadio Akron y mejoras de conectividad, cuenta con respaldo parcial del presupuesto federal y estatal, lo que garantiza visibilidad internacional para Jalisco.
El reto está en la ejecución. Si los recursos se dispersan en bolsas nacionales sin llegar con precisión al estado, el PPEF 2026 quedará en buenas intenciones. Si los legisladores de Jalisco no logran fijar partidas específicas, el rezago en infraestructura hídrica, carreteras y transporte masivo seguirá creciendo. Y si el gobierno estatal no articula un plan técnico para absorber y complementar los fondos federales, el dinero que llegue podría perderse en trámites o proyectos inconclusos.
El Presupuesto Federal 2026 es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío. En el discurso, promete estabilidad, justicia social e inversión pública. En los hechos, para Jalisco implica pelear cada peso, priorizar agua, carreteras y medio ambiente, y alinear esfuerzos con un gobierno federal de signo político distinto. Lo que está en juego no es solo un año de gasto: es la capacidad de construir resultados que los ciudadanos puedan ver y sentir en su vida diaria. Repito, esperamos ajustes en los próximos días. Entre promesas y realidades, Jalisco medirá en 2026 quién supo negociar, quién supo ejecutar y quién quedó atrapado en la retórica.
